Vista de la central nuclear de Vandellos-II
Greenpeace considera lamentable que PSOE y PP, con el apoyo de
nacionalistas catalanes y vascos, no hayan incluido en sus
resoluciones pedir el cese de la presidenta del CSN, Mª Teresa
Estevan Bolea, a pesar de haber quedado demostrado que ésta mintió
reiteradamente a los parlamentarios en su comparecencia ante la
Ponencia el pasado 25 de abril. Greenpeace recopiló las 10 mentiras
más importantes de Estevan Bolea a los parlamentarios en un informe
que publicó el pasado mes de mayo, y cuyo contenido fue expuesto a
estos diputados en la comparecencia por Carlos Bravo, portavoz de
temas nucleares de Greenpeace, ante la Ponencia encargada de
estudiar el suceso de Vandellós-2.
"El PSOE y el PP favorecen las malas prácticas en materia de
seguridad nuclear al pasar por alto las numerosas mentiras que les
ha contado la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, empeñada
en ocultar la gravedad del suceso de Vandellós-2 y exculpar a los
propietarios de la central" -ha declarado Carlos Bravo, responsable
del Área de Energía de Greenpeace.
Entre otras muchas cuestiones, Greenpeace considera que la
Comisión de Industria, gracias al voto mayoritario de PSOE y PP, ha
obviado que el CSN ha llevado a cabo una aplicación fraudulenta del
Manual de Usuario de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares
(INES), en su clasificación final del incidente de Vandellós-2.
"Aplicando correctamente el Manual de Usuario de la INES este
suceso debería haberse clasificado automáticamente como de Nivel 3,
pero el CSN ha hecho trampas para rebajarlo a Nivel 2" -añadió
Bravo.
En efecto, un buen ejemplo de la actitud complaciente del CSN en
este asunto ha sido la clasificación en la escala INES del
incidente, llegándose a re-evaluar hasta en tres ocasiones
(inicialmente Nivel 0, luego 1 y, finalmente, 2), y siempre a
remolque de los acontecimientos y las denuncias de Greenpeace.
La escala INES tiene como principal objetivo permitir una
valoración universal de los incidentes que ocurren en los
diferentes países utilizando los mismos criterios e hipótesis. En
particular la escala INES no permite dar crédito a sistemas o
equipos que no están clasificados como de seguridad en los
documentos oficiales de explotación de la central autorizados. Sin
embargo, en dicho informe del CSN sí se da crédito, por lo menos, a
la actuación de la bomba de la prueba hidrostática y a la actuación
del Generador Diesel N, también conocido como Diesel negro. Lo que
carece de toda lógica y fundamento, dado que éstos no son equipos
clasificados como de seguridad en los documentos oficiales de
explotación de Vandellós-2.
Otro motivo de preocupación para la asociación ecologista es que
la Comisión de Industria del Congreso ha decidido ignorar que el
CSN, y por supuesto ANAV, han vulnerado repetidamente el Reglamento
de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), normativa de
obligado cumplimiento, con el fin de permitir que la central
siguiera funcionando durante meses en Condición Degradada o de No
Conformidad, generando así una situación de riesgo inaceptable para
los ciudadanos y el medio ambiente.
En efecto, el artículo 25 del RINR establece que las
modificaciones en el diseño o en las condiciones de explotación que
afecten a la seguridad nuclear o protección radiológica, así como
la realización de pruebas en la misma, deben ser analizadas por el
titular para verificar que se siguen manteniendo los criterios,
normas y condiciones en los que se basa la autorización. Esta misma
disposición se refleja, en similares términos, en la condición 4.1
del vigente Permiso de Explotación de la Vandellos 2, si bien, allí
se dice que los análisis del titular se harán siguiendo las
instrucciones que emita el CSN. Desgraciadamente, el CSN no ha
publicado, hasta la fecha, una instrucción relativa a este tema,
pero sí dispone desde hace tiempo de la Guía de Seguridad 1.11 que
establece como deben hacerse estos análisis.
Según esta guía, entran dentro del ámbito de aplicación las
Condiciones Degradadas o de No Conformidad, de las que, en el
apartado 3.1.5, se dice que, tras detectada la condición degradada,
"si como consecuencia del análisis de operabilidad, se determinara
que es necesario establecer medidas compensatorias, estas medidas
compensatorias se considerarán como cambios respecto a lo
autorizado, por lo que deberá seguirse el proceso definido en esta
guía. De la misma manera, en aquellos casos en los que se decida no
restablecer las condiciones fijadas en la autorización, esta
situación se considerará como una modificación de la instalación,
por lo que también deberá seguirse el proceso definido en esta
guía"
El 25 de agosto cuando se produjo la rotura del tren B del
sistema de agua de servicios esenciales de Vandellós-2, el titular
efectuó una reparación parcial, reparación que no reestablecía las
condiciones fijadas en la autorización, como se desprende de los
informes de la propia central y como han reconocido los técnicos
del CSN, y que sólo tenía la intención de ser una reparación
provisional para llegar hasta la parada de recarga. Es evidente,
por tanto, que dicha reparación debería haberse considerado con un
cambio con respecto a lo autorizado y haberse sometido a un
análisis de tipo identificado en la GS-1.11 y requerido por el RINR
antes de haber vuelto a llevar la central a potencia.
Desgraciadamente, ni el titular hizo este análisis, y lo que es
mas grave, ni el CSN exigió que se hiciera. A la vista de los
criterios establecidos en la Guía 1.11, resulta bastante claro que
de haberse hecho existen al menos dos criterios, pero puede que
más, por los que con bastante probabilidad hubieran permitido
concluir que dichos cambios requerían una autorización formal de
modificación, expedida por el Ministerio, antes de continuar la
operación de la central. El CSN y ANAV trataron a toda costa de
evitar que el Ministerio tuviera que pronunciarse sobre el
tema.