No a la criminalización de la protesta pacífica
El Gobierno está llevando a cabo un conjunto de reformas legislativas que pretenden castigar la protesta pacífica. El paquete, formado por el establecimiento de nuevas tasas judiciales, la reforma del Código Penal y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, supone un ataque a los derechos fundamentales de libre expresión y manifestación, así como una respuesta sesgada y desproporcionada contra el creciente descontento social y las diversas formas de protesta civil pacífica que se están produciendo debido a la crisis.
Con las nuevas leyes, los ministros de Interior y Justicia pretenden ahogar las voces discrepantes mediante cuantiosas multas, eliminando la presunción de inocencia, evitando un control judicial previo y reduciendo las garantías ciudadanas. Por ello, con esta reforma legal el Gobierno está rompiendo un pilar fundamental de la democracia. Además, en el caso de la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana, se pretenden sancionar de manera desproporcionada algunas de las formas de protesta utilizadas habitualmente por Greenpeace, como descolgarse de edificios o sobrevolarlos.
El Gobierno desprecia el hecho de que a lo largo de la historia la protesta pacífica ha sido una herramienta poderosa para avanzar hacia los derechos civiles y la democracia allí donde se producían abusos. Hoy no sería entendible la conquista del derecho del voto femenino o el fin de la discriminación racial en Estados Unidos sin el ejercicio de la protesta pacífica y la desobediencia civil. Ponerle trabas a estos derechos es característico de regímenes autoritarios y contribuye a estancar la sociedad y prolongar injusticias y abusos.
Greenpeace pide la paralización de la reforma del Código Penal, la retirada del anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma de algunos aspectos de la Ley de Tasas. No existe una justificación razonable para estas reformas, ya que ni se ha producido un incremento de los delitos ni la ciudadanía considera la falta de seguridad uno sus problemas cotidianos: en la última encuesta del CIS sólo un 2,3% de los ciudadanos citaban la seguridad como una de sus tres principales preocupaciones.
Por contra, y como ha afirmado el Consejo General del Poder Judicial, las reformas en curso presentan numerosos defectos. Entre ellos:
- Tienen indicios de anticonstitucionalidad, ya que causan inseguridad jurídica (la vaguedad del texto no permite anticipar las consecuencias de un acto determinado).
- Dotan de excesivo poder a la Administración, ya queella decide si hay multa y su gravedad.
- Limitan injustificadamente el derecho a la información sobre las conductas de las autoridades.
- Castigan de forma desproporcionada la reincidencia (la conductas de los ciudadanos más activistas).
¿QUÉ ESTÁ HACIENDO GREENPEACE?
Greenpeace está llevando a cabo una campaña contra estas reformas, que consiste en:
- Información a la ciudadanía para que las reformas no pasen inadvertidas.
- Reuniones con diversos organismos a los que afectan las reformas, desde colectivos sociales hasta partidos políticos, sindicatos policiales o asociaciones de juristas, para unir fuerzas y plantar cara de manera conjunta a unas reformas que traban la esencia de la democracia.
¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
- Hazte socio/a para apoyar la campaña y ayudarnos a parar la criminalización de la protesta pacífica.