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El cementerio nuclear de Villar de Cañas, un peligro para media España

El cementerio nuclear de Villar de Cañas, un peligro para media España

Si el cementerio nuclear que el Gobierno quiere construir en Villar de Cañas, Cuenca, se lleva a cabo nos enfrentaremos, entre otros, al problema del transporte de los residuos radioactivos por media España. Si esto se realiza, cada año 40 convoyes con residuos de las centrales nucleares pasarán por 216 municipios en su ruta hasta el Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Estos municipios no están participando en la toma de decisiones de este proyecto, ya que no han sido consultados y lo más preocupante es que los riesgos y problemas derivados del transporte de material radiactivo son múltiples. Por otra parte el proyecto supondría un despilfarro económico: costaría 1.000 millones de euros, que asumiría Enresa (es decir, toda la ciudadanía), frente a los 20 millones que cuesta aproximadamente cada almacén individualizado creado en cada la central, que ya están construidos o en proyecto en 8 de los 9 reactores nucleares, y que además asumiría cada central.

En el siguiente mapa podrás consultar los municipios por los que pasan las rutas planeadas por la empresa pública Enresa, la situación de las centrales nucleares, del cementerio nuclear, los puntos negros de la carretera. A través del mapa podrás enviar un mail a la alcaldía de tu municipios con alegaciones.

Además en el informe "El viaje de los residuos nucleares al ATC" podrás encontrar información más detallada de las rutas de los transportes.

Busca tu municipio en el mapa y envía un correo a tu ayuntamiento para pedir que se sume a una moratoria para el ATC.

Qué riesgos hay para las poblaciones

El proyecto del cementerio nuclear supone que más de 200 municipios españoles asuman riesgos sin ni siquiera ser tenidos en cuenta. Pero, ¿qué tipo de problemas conlleva el transporte de residuos radiactivos?

  • Durante el transporte se irradiaría a muchas personas​ y aquellas que estén más próximas a los contenedores recibirían mayores dosis en función de la distancia y tiempo de exposición. Las dosis individuales que recibe la población durante el transporte de combustible irradiado son habitualmente pequeñas, pero afectan a un gran número de personas. Como norma, y de acuerdo con la reglamentación de transporte de mercancías peligrosas vigentes, el nivel máximo de radiación a dos metros de la superficie de cualquier bulto que contenga material radiactivo, no debe superar los 0,1 milisiervets por hora (mSv/h). Como media una radiografía supone 0,01 mSv.
  • El riesgo es inherente al transporte de estos residuos, entre otras cosas porque es imposible predecir todas las situaciones inesperadas durante el transporte que propician e incrementan la gravedad de los accidentes. Por ejemplo en Reino Unido en los últimos 50 años se han producido casi 800 incidentes en el transporte de material radiactivo.
  • Los contenedores donde se transportan estos materiales no son invulnerables​, por ejemplo no soportan una caída libre de más de nueve metros y en caso de incendio sólo soportan 800 grados centígrados durante 30 minutos.
  • Es casi imposible la prevención de un sistema de evacuación, refugio y descontaminación en caso de accidente para la población que vive a lo largo de dichas rutas. Actualmente no existe un plan de emergencia en caso de accidente nuclear en ruta.
  • El riesgo para la economía es también una realidad, ya que se disminuye el valor de las propiedades inmobiliarias y causa un perjuicio al turismo.
  • Residir en las inmediaciones de las rutas de transporte es un factor de ansiedad y estrés emocional.

¿Qué pasaría si no se construye el ATC?

Que podríamos encarar un plan de gestión de residuos radiactivos y desmantelamiento nuclear seguro y democrático.

En la actualidad ya existen Almacenes Temporales Individualizados (ATI) en la central nuclear de Zorita (Guadalajara), la de Ascó (Tarragona), la de Trillo (Guadalajara), la de Garoña (Burgos) está en situación de cese de actividad y está en el proceso de construcción de su ATI, la de Almaraz (Cáceres) también ha iniciado los trámites para la construcción de uno y la de Vandellós II (Tarragona) también lo ha anunciado. Únicamente quedaría la central nuclear de Cofrentes (Valencia) sin tener un ATI. Por lo tanto podemos afrontar la gestión de los residuos nucleares, para los cuáles no hay solución, al menos sin prisas.

La experiencia de almacenamiento de residuos radiactivos en contenedores es de alrededor de 30 años. Existen numerosas instalaciones en países como Alemania, Canadá, EE.UU, Bélgica, España, Lituania, Japón, República Checa y Suiza, ubicadas en su mayoría en los emplazamientos de las centrales nucleares. Los casos más representativos, por el número de instalaciones de este tipo son EE.UU. y Alemania. En EE.UU. con 100 reactores operativos, más de la tercera parte del combustible gastado se encuentra en más de 60 instalaciones de almacenamiento temporal en seco existentes en los emplazamientos de las centrales, algunas de ellas en plantas desmanteladas o en desmantelamiento. Estos contenedores tienen un periodo de vida inicial de 20 años, aunque estos sistemas, como todos, no están exentos de riesgos.

Un despilfarro sin justificación

El coste de las instalaciones in situ lo afrontan las compañías propietarias de las centrales nucleares y es de aproximadamente 20 millones de euros por instalación. Sin embargo, el coste estimado del Almacén Temporal Centralizado (ATC) superará los 1.000 millones de euros, sin incluir el mantenimiento y el transporte de los residuos nucleares que afronta la empresa pública Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos). El sistema de financiación a través de tasas de esta empresa pública ha sido cuestionado por el Tribunal de Cuentas que además ha alertado de un déficit de 1.486 millones de euros. Por lo tanto la viabilidad económica del ATC está seriamente comprometida.

Respecto a los residuos nucleares alojados en Francia, que deberían haber vuelto a España antes de 2011, el estado galo dio un nuevo plazo hasta finales de 2015, que se amplió a 2017, previo pago de una fianza millonaria de 23,5 millones anuales, cuyo aval tiene un importante coste financiero para Enresa.

¿Qué soluciones hay?

Ante esta situación consideramos que lo más adecuado sería en primer lugar determinar una moratoria para este proyecto. Posteriormente la aprobación de un plan de cierre para las centrales nucleares para que no se generen más residuos y que en vez de un Almacén Temporal Centralizado, cada planta disponga de un Almacén Temporal Individualizado (ATI), donde se pudieran albergar in situ estos residuos radiactivos y eliminar así el riesgo que supone su transporte.

¿Que está haciendo Greenpeace?

Ante las múltiples irregularidades, incertidumbres y riesgos asociados al proyecto del ATC, teniendo en cuenta que las consecuencias afectan a muchísima más población que la residente en Villar de Cañas, que compromete el dinero público de todos y que trasciende a muchas generaciones posteriores hemos solicitado al Gobierno de España en primer lugar la paralización inmediata de este proyecto, en segundo la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos que está totalmente obsoleto, en tercer lugar que se identifiquen las alternativas técnicas más seguras y finalmente que se determine cuál es la alternativa socialmente más apoyada.

¿Qué puedes hacer tú?

A los ayuntamientos os animamos a que promováis el apoyo de esta moratoria en el pleno de vuestro ayuntamiento, la enviéis al Ministerio de Industria y la hagáis pública. A los alcaldes os pedimos que facilitéis esta moción en vuestros ayuntamientos.

Los ciudadanos de los municipios afectados podéis enviar un correo electrónico a vuestro Ayuntamiento a través del mapa, pidiéndoles que aprueben una moción al proyecto. Con tu ayuda podemos hacer que las rutas que realizarían los transportes con residuos radioactivos desaparezcan del mapa.