Acción de Greenpeace en un campo de maíz transgénico de Zaragoza.
La organización reveló que el año pasado el Gobierno toleró que
convivieran 32.000 hectáreas de maíz Bt, un maíz con genes
bacterianos que generan una proteína tóxica, con cultivos
ecológicos y convencionales.
"La presencia de estos cultivos en nuestros campos ha provocado
graves casos de contaminación, algunos de ellos se han documentado;
por ello Greenpeace insta al nuevo Gobierno a tomar medidas y
prohibir que nuestros campos se conviertan en un gigantesco
experimento genético a gran escala", ha declarado Juan Felipe
Carrasco, responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace.
La mayor parte de las semillas son de la variedad Compa CB, de la
multinacional Syngenta, una empresa a la que el Gobierno del PP ha
protegido y ha permitido incumplir las normativas desde 1998 en
contra de la seguridad de consumidores y agricultores.
España importa unos nueve millones de toneladas de soja y de
maíz procedentes de países como EEUU, Argentina y Brasil.
Aproximadamente la mitad de esta cantidad corresponde a cultivos
transgénicos que se incorporan a la cadena alimentaria humana y
animal: se estima que más de cuatro millones de toneladas de soja y
casi medio millón de toneladas de maíz provienen de cultivos
modificados genéticamente.
Además, los importadores españoles (Cargil, Bunge, Simsa,
Interpec, Dreyfus o ADM, por ejemplo) contaminan las partidas al no
separar la soja brasileña no transgénica y mezclarla en los silos
que contienen soja argentina o de EE UU. Estas empresas niegan así
a los ciudadanos el derecho a elegir una alimentación libre de
transgénicos. "Greenpeace seguirá denunciando ante la opinión
pública a aquellas empresas que siguen optando por hacer negocio
con la soja transgénica", añadió Juan Felipe Carrasco.
Mientras unas pocas compañías multinacionales como Monsanto (más
del 90% del mercado), Syngenta, Pioneer o Bayer insisten en
promocionar estas obsoletas y peligrosas tecnologías, los daños a
la biodiversidad y los problemas sociales y económicos de los
transgénicos en los países productores son cada vez más graves.
En EEUU, la contaminación genética de los campos es hoy un grave
problema agrario y medio ambiental. En Argentina, tercer exportador
mundial de transgénicos, la soja transgénica (el 98% de la soja
argentina) y los agrotóxicos que se emplean en su cultivo son
responsables de graves problemas económicos, sociales y
ambientales. Unos 150.000 agricultores han perdido sus tierras y la
producción de alimentos esenciales como la leche, el arroz, o la
patatas ha descendido. Se ha constatado que esta soja de la
compañía Monsanto, cuyas hipotéticas ventajas carecen de
fundamento, contiene una serie de errores tanto genéticos como de
evaluación de su impacto. España importa más de dos millones y
medio de toneladas de esta soja argentina.
El último país que se ha incorporado a la exportación de
transgénicos a España es Brasil. Aunque hasta hace unos meses
estaban prohibidos los organismos modificados genéticamente, en los
últimos años este país ha sufrido continuas contaminaciones
ilegales en los estados más cercanos a Argentina, fundamentalmente
en Rio Grande do Sul. Presionado por Monsanto, y acabando con la
esperanza de la mayoría de agricultores y consumidores brasileños,
el Gobierno de Lula ha autorizado el cultivo de soja transgénica de
forma provisional en este estado. A pesar de la presión de los
intereses financieros a favor de los transgénicos, el estado
vecino, Paraná, ha prohibido por ley el cultivo, el transporte y la
exportación de transgénicos. Greenpeace insta al Gobierno brasileño
a no cometer los mismos errores que Argentina y a proteger su
mercado exportador libre de transgénicos.
Greenpeace ha denunciado la situación española un día después de
la entrada en vigor de la nueva legislación europea sobre
etiquetado y trazabilidad de alimentos y piensos modificados
genéticamente. Estas nuevas normas están muy lejos de aportar a los
consumidores una información completa, ya que no obligan a
etiquetar los productos como la leche, la carne o los huevos, es
decir, los productos derivados de animales que han sido alimentados
con transgénicos. "Aunque es un paso adelante en la lucha por
conseguir un etiquetado que dé la posibilidad a los consumidores de
elegir, es inaceptable que las autoridades europeas no reconozcan
el derecho de los consumidores a saber cómo y a costa de qué han
sido alimentados los animales cuyos derivados consumen, sobre todo
teniendo en cuenta que el 80% de los transgénicos se emplean en
producir piensos compuestos", ha declarado Juan López de Uralde,
director ejecutivo de Greenpeace.
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