Comunicado de prensa - septiembre 15, 2004
El juicio de faltas por desobediencia y coacciones contra los 18 activistas denunciados por la empresa Moyresa, perteneciente a la multinacional Bunge, quedó esta mañana visto para sentencia. En el juicio la empresa Moyresa ha reclamado a Greenpeace, como responsable civil subsidiaria, una indemnización millonaria por la paralización de la fábrica, los salarios y horas extras de los trabajadores y las comidas de los mismos.
Acción de Greenpeace contra la contaminación genética en la empresa Moyresa en Cartagena (Spain)
La filial de Bunge (que sólo el año pasado facturó 1.200
millones de euros entre sus cinco plantas españolas y las de
Portugal) denunció a 23 activistas por protestar en las
instalaciones de Moyresa en Cartagena. Los activistas sacaron a la
luz en esa acción que Moyresa es la responsable de la mayor parte
de la importación de transgénicos a España.
Cuatro de los 23 activistas ya fueron juzgados el pasado 22 de
abril y condenados por sentencia in voce a penas de multa y a
indemnizar a la empresa con la cantidad que acreditara por el día
de paralización. Hoy el juzgado de instrucción número uno de
Cartagena ha dejado visto para sentencia el juicio contra los otros
18 activistas. El fiscal y la acusación particular piden penas de
multa para todos ellos y el abogado la libre absolución.
Moyresa controla el 75% del procesado de soja transgénica en
Europa. Es, por tanto, responsable de la mayor parte de la
contaminación alimentaria en España. Esta soja, procedente de la
destrucción social y ambiental de países como Argentina, se
incorpora como ingrediente en muchos de los alimentos procesados
que consumimos sin que se den las mínimas garantías de
seguridad.
A pesar de la entrada en vigor, el pasado 18 de abril, de la
legislación que obliga a especificar en las etiquetas los alimentos
con ingredientes transgénicos, Greenpeace todavía no ha encontrado
ni un sólo alimento etiquetado, lo que indica que las
Administraciones no han puesto en marcha los mecanismos que obligan
a cumplir la ley.
El problema se agrava con el comportamiento de empresas como
Moyresa, que mezclan mercancía transgénica y no transgénica
multiplicando la contaminación de la cadena alimentaria y negando a
los consumidores su derecho a elegir una alimentación libre de
transgénicos.
"Una vez más vemos cómo se lleva ante los tribunales a aquellos
que luchan por el medio ambiente y los que lo destruyen siguen
impunes", ha declarado Juan Felipe Carrasco, responsable de la
campaña de transgénicos de Greenpeace.
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