Página - mayo 29, 2013
El 29 de mayo entró en vigor la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la anterior Ley de Costas de 1988. Esta nueva ley, que nos devuelve a los años sesenta, promueve el desarrollo turístico masivo de nuestro litoral.
Las diez razones por las que Greenpeace rechaza la nueva Ley de Costas son:
1. Da la razón a particulares y empresas que han perdido pleitos contra el Estado en relación a la Ley de Costas de 1988 y deja sin efecto cientos de sentencias firmes.
2. Menciona el impacto del cambio climático para realizar actuaciones futuras, sin asentar las bases de protección de la franja de los 500 metros de cara a los efectos ya existentes de subida del nivel del mar e inundaciones. El cambio climático se aborda desde términos vagos sin criterios técnicos ni científicos:“regresión grave de la costa y riesgo cierto”.
3. Supone la pérdida del dinero público invertido en la delimitación, recuperación y conservación del dominio público marítimo-terrestre que ahora se desprotege.
4. Implica aumentar el gasto de dinero público en nuevos deslindes e indemnizaciones de quienes en su momento sí acataron la Ley.
5. La reforma contempla la costa como lugar a ocupar, incluso por industrias contaminantes, en vez de como espacio a proteger. Amplía la concesión y los derechos de explotación de 30 a 75 años.
6. Excluye del DPMT ecosistemas importantes como salinas, esteros y suelos de estuario (aun cuando sean naturalmente inundables) y dunas que no estén en movimiento que se van a privatizar. Se pierde la franja de 100 metros de servidumbre de protección asociada a ellos.
7. Quiebra el principio de igualdad en el uso y disfrute común del litoral, ya que se dan soluciones distintas ante situaciones similares. Excluye aleatoriamente del DPMT 12 núcleos urbanos y buena parte del litoral de Formentera sin argumentar ni dar motivos científicos.
8. Desprotege grandes tramos del litoral cantábrico y atlántico al reducir de 100 a 20 metros la franja de servidumbre de protección en las rías.
9. También permite la reducción de la protección de la costa de 100 a 20 metros en cualquier tramo del litoral en los dos años posteriores a la aplicación de la reforma, declarándolo suelo urbanizable. A fecha de 15 de octubre de 2013, 100 municipios han solicitado ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, que supondría la reducción de la servidumbre de protección en estos municipios a solo 20 metros.
10. Clasifica el litoral como “urbano” o “natural” y su gestión particularizada de forma imprecisa, incierta y sin argumentos técnicos, que posibilita la declaración de tramo urbano de playa a prácticamente todo el litoral mediterráneo.
La nueva Ley de Costas ha generado un amplio rechazo social y desde Greenpeace no nos vamos a rendir ante esta nueva amenaza de nuestro litoral. Miles de personas han apoyado ya con su firma la denuncia formal ante la Comisión Europea en una campaña llevada a cabo junto con Avaaz.