Iberdrola pretende mantener su privilegiada situación económica (es la eléctrica europea con más beneficios), basada principalmente en el negocio energético convencional (gas, uranio y carbón), aunque posea una parte renovable casi exclusivamente eólica. Dentro de la oligarquía energética, de la que forma parte, pretende acabar con el creciente sector renovable, que en España está ocupando una parte cada vez más importante del sistema y que esta oligarquía no consigue controlar en exclusiva.

Por eso la compañía se ha lanzado a una campaña propagandística plagada de falsedades en contra de las renovables. Y para que esto sea más efectivo, además, está  propiciando cambios normativos favorables a sus intereses y contrarios a los del sector renovable. Para lograrlo, ha cultivado sus contactos políticos con la Administración y con gobiernos de distintos colores, para así lograr una política energética que le es claramente beneficiosa.

En la normativa energética española, especialmente la del sector eléctrico, conviven múltiples leyes, decretos, órdenes ministeriales o reglamentos que dificultan que pueda ser conocida y entendida en detalle. Dentro de esta maraña normativa, las grandes empresas eléctricas obtienen, además, ayudas del Estado que les aportan grandes beneficios. Por ejemplo, aún teniendo sus centrales de gas de ciclo combinado paradas y sin producir han logrado que se le reconozcan compensaciones económicas millonarias. Son los conocidos pagos por capacidad y pagos por disponibilidad. Esto supone que entre todos estamos pagando el error de planificación y de inversión realizado por estas compañías, en lo que se supone es un mercado liberalizado.

Pero no solo sus térmicas de gas paradas consiguen beneficios extras. También sus centrales nucleares o hidroeléctricas, instalaciones con costes marginales bajos y sobradamente amortizadas, venden la electricidad producida mucho más cara de lo que les cuesta producirla. Estos son los denominados “Windfall profits” o los beneficios caídos del cielo.

Y para la parte del sector que no controlan, las renovables, han logrado que los dos últimos gobiernos establezcan normativas que las perjudican. Se han establecido límites en las horas de funcionamiento de plantas solares, recortes en la retribución de la eólica, la fotovoltaica y la termosolar, entre otros, y finalmente una moratoria que supone frenar en seco el desarrollo de las energías renovables en nuestro país. Y estamos a la espera de una reforma del sector eléctrico, en la que Iberdrola está trabajando activamente, por lo que las renovables se pueden esperar lo peor.

En definitiva, Iberdrola y el resto del oligopolio eléctrico de nuestro país, gracias a sus excelentes relaciones con políticos, juega con toda la baraja marcada, logrando legislación que favorece a sus intereses económicos. Y mientras esto siga sucediendo, consumidores (con su bolsillo y su salud) y medio ambiente (cambio climático) pagaremos las consecuencias de semejante despropósito.

#TePillamosIberdrola deja de presionar al Gobierno y de pretender que la política energética esté sometida a tus intereses.

Campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

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