España es uno de los países que posee y fabrica bombas de racimo. Varias empresas de nuestro país las fabrican, aunque la falta de transparencia en el comercio español de armamento hace imposible saber a dónde las venden.
Todas las bombas de racimo que se usaron de Laos a Líbano,
pasando por Camboya, Irak y Kosovo, serán prohibidas. El Tratado se
abrirá a la firma de los Estados el próximo mes de diciembre en
Oslo, y sólo será necesario que 30 Estados lo ratifiquen para que
entre en vigor. A pesar de las reticencias de algunos países, no se
han incluido periodos de transición que permitirían seguir
utilizando dichas armas durante un cierto tiempo. Tampoco existe la
posibilidad de que algún país exprese reservas sobre algunas de las
disposiciones del Tratado, ya que éste lo prohíbe de manera
expresa.
El Tratado establece medidas y plazos de destrucción de
arsenales: debe ser lo antes posible, y nunca después de ocho años
a partir de su ratificación. Cualquier posible retraso debe ser
justificado con información exhaustiva ante Naciones Unidas. El
apartado de asistencia a las víctimas -uno de los puntos menos
fuertes del Tratado de Ottawa, que prohibió las minas
antipersonales- es en esta ocasión reforzado. Se establece la
obligación de proporcionar asistencia médica, rehabilitación y
apoyo psicológico, y de tener en cuenta las consideraciones de sexo
y edad. Cada Estado parte debe desarrollar para ello un plan
nacional, calendarios y presupuesto, así como recabar si es
necesario ayuda internacional.
Los Estados parte contraen obligaciones claras en materia de
cooperación y asistencia internacional hacia las víctimas y los
países afectados. Esta ayuda puede ser bilateral o ser canalizada a
través del sistema de la ONU, y organizaciones nacionales,
regionales e internacionales.
Quizá uno de los apartados más ambiciosos es el que se refiere a
medidas de transparencia. Cada Estado miembro debe, en un plazo
máximo de 180 días desde la ratificación del Tratado, entregar un
informe de situación al Secretario General de la ONU. En él debe
detallar el número de bombas de racimo que posee y sus
características técnicas; los programas de reconversión o
desmantelamiento de sus instalaciones y fábricas; los progresos
realizados en la destrucción, etc. Este informe debe ser
actualizado anualmente.
Uno de los aspectos más controvertidos hasta el final de las
negociaciones fue la interoperatibilidad, es decir, las maniobras
militares conjuntas entre Estados miembros del Tratado y los que no
lo son (un tema sensible especialmente en lo que se refiere a EE UU
y sus alianzas militares). En este asunto no fue posible lograr
todos los avances deseados, pero las garantías que serían
necesarias para utilizar estas armas en maniobras y operaciones
conjuntas lo hace prácticamente inviable.
La sociedad civil, que estaba presente en Dublín con más de 200
organizaciones de todo el mundo, ha valorado este texto y la propia
Conferencia como un momento histórico para acabar con el
sufrimiento que durante 40 años ha causado este tipo de armas.
Muchos supervivientes presentes en Dublín expresaron su euforia.
"Se trata de un documento histórico que significará un cambio real
en las vidas de muchos afectados, y que evitará que haya más
víctimas en el futuro. El Derecho Internacional Humanitario (DIH)
ha dado hoy un gigantesco paso adelante", aseguró Eugeni Barquero,
de la Fundació per la Pau.
Al Tratado se han sumado finalmente grandes países productores
como el Reino Unido, Alemania o Francia, entre otros europeos,
además de más de 100 países de América Latina, África y Asia. "Esto
garantiza el apoyo político suficiente para que el Tratado sea una
norma internacional importante, y se ha logrado sin edulcorar su
contenido. El Tratado contra las minas antipersonales logró
inicialmente sólo el apoyo de 46 países, y hoy son más de 160. Por
eso creemos que este avance será decisivo", afirmó Mabel González,
de Greenpeace.
El amplio apoyo recibido hace que signifique no sólo la
prohibición, sino la estigmatización de este tipo de armamento, lo
que condicionará también el comportamiento de aquellos que no lo
firmen. "La contundencia del texto permite asegurar que a partir de
ahora estas armas quedan sometidas a una condena moral que hará
mucho más difícil su uso", afirmó Maria Josep Parés, del Moviment
per la Pau.
España también ha asegurado que lo apoyará. Cuando eso ocurra,
las dos bombas que se fabrican en España (la BME-330 de Expal, y la
MAT-120 de Instalaza) quedarán prohibidas, y el ejército deberá
deshacerse de sus arsenales. "Nos alegramos de que el Gobierno haya
demostrado finalmente su compromiso humanitario, y lo invitamos a
poner en marcha cuanto antes las medidas necesarias para que sea
efectivo. Un gesto importante sería que formara parte del primer
grupo de 30 Estados que es necesario para que entre en vigor", dijo
Jordi Calvo, de Justicia i Pau.
Después de Dublín, la sociedad civil continuará trabajando para
asegurar que el Tratado se aplica de forma rigurosa y exigente.
Tanto la CMC a nivel global, como la CMC Barcelona y Greenpeace
seguirán dedicando esfuerzos a este objetivo. El Proceso de Oslo ha
demostrado una vez más que una presión conjunta y concertada por
parte de la sociedad civil puede mover voluntades y lograr avances
políticos importantes. A la espera de que el viernes a las 12.00h
la Conferencia se cierre definitivamente, la valoración es
extremadamente positiva.