Protesta en El Cotillo (Fuerteventura)
En el análisis por Comunidades Autónomas, el informe pone de
manifiesto que la situación no ha cambiado mucho respecto a años
anteriores. Ni una sola comunidad tiene su costa en buen estado. La
diferencia fundamental reside en la actitud adoptada por sus
gobiernos regionales. Algunos comienzan a ser conscientes de los
problemas que aquejan al litoral e intentan poner remedio con la
redacción de planes de protección o luchando contra la
contaminación, como Cataluña, País Vasco y Asturias;otros gobiernos
siguen explotando cada metro de su costa sin preocuparse por las
consecuencias, como en el caso de Baleares, Canarias, Murcia, la
Comunidad Valenciana y Galicia; en un punto intermedio encontramos
a Cantabria y Andalucía, que realizan tímidos esfuerzos de
protección pero claramente insuficientes.
Décadas de desarrollo turístico mal planificado han llevado a la
costa española a padecer graves problemas de saturación
urbanística, contaminación, destrucción de espacios naturales y
erosión costera, un fenómeno natural que se ha trasformado en un
problema de intensidad creciente y difícil solución.
Durante muchos años, el turismo de sol y playa ha marcado el
ritmo de desarrollo de los municipios costeros. La industria
turística es la responsable de la mayoría de los planes
urbanísticos de las localidades del litoral, muchos de los cuales
no tienen en cuenta consideraciones relacionadas con la calidad de
vida o el cuidado de su patrimonio social, cultural y ambiental. El
informe recoge las modificaciones realizadas en decenas de Planes
Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que muestran el afán
especulador de los municipios. El caso más llamativo es el de
Marbella, con numerosas de modificaciones de su plan de ordenación
ilegalizadas por la Junta de Andalucía, organismo que se ha llegado
a plantear retirar al consistorio marbellí las competencias de
urbanismo.
La erosión afecta al 90% de nuestro litoral, hay graves
problemas de contaminación en muchos puntos costeros y playas sin
arena. El maltrato dado al litoral está empezando a pasar factura a
la propia industria turística, que lleva tres años con un descenso
constante de los niveles de ocupación a pesar del aumento del
número de turistas (en 2003, la ocupación turística media fue del
53,6%). Esto significa que la mitad de las camas turísticas del
país están vacías todo el año, a pesar de lo cual, se sigue
autorizando la urbanización de la costa sin ningún tipo de
planificación.
Esta falta de planificación tiene uno de sus máximos exponentes
en los problemas de contaminación que sufre el litoral. Tan sólo el
0,3% de las localidades costeras disponen de un sistema de
tratamiento terciario para sus aguas residuales que garantice la
depuración efectiva de las aguas antes de verterlas al mar o para
su posterior reutilización. El 41% de municipios costeros están
atendidos por sistemas de depuración secundarios. El 58% restante
carece de tratamiento adecuado de sus aguas residuales, que son
vertidas directamente al mar. Aunque son sobre todo las localidades
de menos de menos de 15.000 habitantes las que se encuentran en la
última categoría, hay grandes ciudades que todavía no depuran sus
aguas residuales, a pesar de estar obligados por una directiva
europea. Es el caso de Valencia (782.000 habitantes), San Sebastián
(178.000) o Algeciras (104.000). Por Comunidades, el peor caso de
todos es Canarias, prácticamente en todas sus islas hay graves
problemas de vertidos al litoral.
Los espacios naturales deteriorados son cada vez más frecuentes
en la costa. Su degradación es utilizada como excusa para
destruirlos completamente. Es el caso del Forum 2004 en Barcelona,
o los reiterados intentos de destrucción del marjal de Pego-Oliva
en Valencia, que han acabado con una condena de 6 años de cárcel
para el ex-alcalde de Pego, Carlos Pascual.
El análisis de los datos del informe revela una preocupante
tendencia: los escasos espacios naturales costeros, al ser los
puntos mejor conservados de esta franja de terreno, están sufriendo
el asalto por parte de los especuladores con el visto bueno de
algunos gobiernos regionales. Es el caso de Murcia, donde se
pretende reducir la superficie del Parque Natural de Calblanque
para urbanizarlo o el de la reforma de la Ley de Espacios
Naturales, introducida por el ex-ministro de Medio Ambiente Jaume
Matas a su llegada al Gobern Balear, para permitir la construcción
de viviendas dentro de las áreas protegidas de Ibiza y
Formentera.
En la costa mediterránea, los últimos tramos de litoral "libre"
están siendo fagocitados por el cemento. El Delta del Ebro en
Tarragona, la costa sur de Murcia y el Cabo de Gata en Almería son
ejemplos de esta situación. En estado parecido se encuentra el
norte de la isla de Fuerteventura.
Otro de los datos derivados del análisis a la costa hecho por
Greenpeace es la tendencia a sobredimensionar los puertos, tanto
los comerciales como los deportivos. El dinero desembolsado por
Europa ha sido malgastado en puertos cuya necesidad es más que
dudosa y que acarrearán graves problemas ambientales. Las
Autoridades Portuarias no se han preocupado por mejorar la gestión
de las instalaciones existentes y se han lanzado a ampliar o
construir alentados por el Ministerio de Fomento. Greenpeace
denuncia en el informe los peores casos: el puerto de Granadilla en
Tenerife, el puerto exterior de Coruña en Galicia y el puerto
exterior de Pasajes en Gipuzkoa. Los tres están todavía sin
construir, por lo que se ha demandado la retirada de los proyectos
al nuevo Gobierno.
Greenpeace concluye su informe sobre el estado litoral con una
serie de recomendaciones:
Un cambio en la gestión de la costa. Las políticas especulativas
a corto plazo deben ser abandonadas y dar paso a un modelo de
desarrollo que asegure la integridad del territorio, y con ella, el
bienestar de las poblaciones. Este cambio en la gestión costera
debe ser apoyado e impulsado desde los Ministerios de Economía y
Medio Ambiente.
Un cambio radical en la política seguida durante los últimos
años por el Ministerio de Medio Ambiente, quien hasta ahora ha
gastado la mayor parte de su presupuesto en farolas y mobiliario
urbano, olvidándose de combatir la erosión y de conservar de la
costa.
La inclusión de los costes ambientales de las obras que se
llevan a cabo en el litoral. Hasta ahora el Ministerio de Medio
Ambiente ha asumido la factura derivada de los daños de puertos mal
ubicados, obras erróneamente diseñadas y construcciones ilegales,
lo que ha creado una sensación de impunidad en los que dañan el
medio costero.
El desarrollo de un Plan Director del Litoral que establezca
objetivos de protección y recuperación a corto, medio y largo plazo
y que coordine las diferentes actuaciones costeras liderado por el
Ministerio de Medio Ambiente.
¡Hazte Socio de Greenpeace!
Greenpeace es una organización independiente, que no acepta
donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas
y cuya actividad depende exclusivamente de las aportaciones
voluntarias de socios y simpatizantes. Si quieres ayudar a
Greenpeace, hazte socio
ahora