Greenpeace marca un campo de maíz con interrogantes. Si se aprueba la Directiva de Semillas, una de cada doscientas plantas sería transgénica de manera no controlada.
Las organizaciones han pedido al ejecutivo que abra un proceso
legislativo democrático que culmine con la aprobación de una
legislación de coexistencia, en la que se garantice la permanencia
de una agricultura convencional y ecológica libres de organismos
modificados genéticamente (OMG), amparando el derecho prioritario
de los agricultores ecológicos y convencionales a no sufrir
contaminación genética y estableciendo un régimen de
responsabilidad civil en el que los daños ambientales, sociales y
económicos derivados de los OMG, incluyendo la contaminación
genética, recaiga sobre los titulares de las autorizaciones de su
liberación al medio.
Dado el rechazo de los consumidores a los alimentos transgénicos
y teniendo en cuenta los potenciales efectos adversos de estos
productos sobre la salud y el medio ambiente, resulta de especial
importancia que España se dote de los mecanismos para que sea
posible mantener una agricultura libre de transgénicos.
El Proyecto de Real Decreto que el MAPA se dispone a presentar
al Consejo de Ministros ha sido valorado muy negativamente por las
organizaciones firmantes de este comunicado, y así se lo han hecho
saber a este ministerio y al de Medio Ambiente mediante el envío de
un completo dosier de crítica, por las siguientes razones:
- Se basa en la aceptación de la contaminación genética
generalizada, tomando como referencia los umbrales de presencia
adventicia de OMG por debajo de los cuales un alimento no necesita
ser etiquetado como "modificado genéticamente" (umbral fijado en
0,9%). Esta visión es ilegal en el marco de la legislación europea
dado que los reglamentos sobre trazabilidad y etiquetado dejan
claro que la presencia de OMG en alimentos y piensos no
transgénicos se tolera sólo si es "accidental o técnicamente
inevitable". Por lo tanto legaliza la contaminación en lugar de
establecer medidas para evitarla, cortando de raíz la libre
elección de los productores convencionales y ecológicos a ofrecer
alimentos totalmente libres de transgénicos.
Además, la normativa europea relativa a la agricultura ecológica
no permite la presencia de transgénicos en los productos.
-El borrador no establece un régimen de responsabilidad en caso
de contaminación u otros daños causados por los OMG. De esta forma,
deja totalmente desprotegidos a los agricultores y consumidores y
se reproducirán en el futuro situaciones donde los agricultores
convencionales o ecológicos afectados por contaminaciones -con las
consiguientes pérdidas económicas - estén totalmente desamparados.
Para que la coexistencia sea efectiva, la responsabilidad civil por
los daños económicos, ambientales y sanitarios provocados por la
introducción de OMG en la agricultura y alimentación debe recaer
sobre las empresas productoras de estas semillas y sobre los
agricultores que las cultivan, según el principio de "quien
contamina paga".
-Los apartados relativos a los registros de campos cultivados
con OMG son muy deficientes. De acuerdo con la legislación europea,
este registro debería existir desde hace varios años y estar a
disposición del público. Es de especial importancia para que los
agricultores que no cultivan variedades transgénicas puedan
preservarse de las contaminaciones. En este sentido, es
imprescindible que los agricultores que empleen variedades MG
declaren con suficiente antelación sus intenciones de siembra, que
el público en general tenga acceso a una información precisa sobre
las localizaciones exactas de estos cultivos y que la
administración se reserve el derecho de prohibir estos cultivos en
determinados casos.
-En el caso del maíz, el Proyecto propone medidas técnicas
insuficientes basadas en una base experimental deficiente. La
distancia de 25 metros de separación entre el maíz MG y el
convencional es irrisoria para prevenir contaminaciones entre
campos (existe una amplia bibliografía de estudios científicos
sobre el tema en los que se especifica que el polen puede viajar y
contaminar a varios miles de metros). Esta medida corrobora que
este Proyecto está más bien diseñado para legalizar de la
contaminación y no para proteger a los productores y a los
consumidores, además no plantea una visión a largo plazo, cuando el
nivel de contaminación aumente exponencialmente, sobre todo en
aquellos casos en los que los agricultores producen su propia
semilla.
Hay que destacar que algunas iniciativas legislativas en países
europeos como Alemania y Austria se acercan al nivel de protección
deseable de la producción no transgénica y de los agricultores que
eligen no cultivar OMG. Las organizaciones firmantes creen que
España debería inspirar su legislación de coexistencia en la de
éstos.
Por último, las organizaciones firmantes consideran que en tanto
no se disponga de un sistema de coexistencia eficaz que recoja
correctamente los puntos anteriormente mencionados y el resto de
aspectos que se detallan en los informes entregados hoy a los
responsables de ambos ministerios, el Gobierno debería decretar una
moratoria sobre la aprobación de nuevas variedades MG para su
liberación al medio ambiente y la suspensión de las ya permitidas
por los graves impactos ambientales y sociales que están generando
este tipo de cultivos en el campo español.
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