Comunicado de prensa - junio 20, 2015
Greenpeace ha expresado su satisfacción al conocer la noticia de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha iniciado un proceso sancionador contra la empresa Vidal Armadores S.A. en el marco de la Operación Sparrow, que podría suponer la imposición de una multa de 10 millones de euros.
Gracias a esta operación internacional contra la pesca ilegal en aguas de la Antártida, tres barcos con bandera de Guinea Ecuatorial -el Songhua, el Kunlun y el Yongding-, presuntamente vinculados a Vidal Armadores, fueron perseguidos y acusados por Nueva Zelanda el pasado mes de enero por capturar, sin ningún tipo de licencia para ello, merluza negra en aguas antárticas. Esta especie es conocida como “oro blanco” por el elevado precio que alcanza en el mercado y que mueve todo un mercado ilegal paralelo desde hace muchos años.
La organización ecologista lleva investigando las extensas conexiones de Vidal Armadores con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada desde hace años. En 2009 presentó una denuncia ante laAudiencia Nacional y demandó al Gobierno español que actuara de forma contundente.
El inicio de este expediente sancionador es una buena noticia. Desde 1999 los barcos de Vidal Armadores han sido detenidos en al menos once ocasiones, han recibido siete condenas (una de ellas de cárcel para uno de los propios miembros de la familia Vidal), 3 de sus barcos han sido confiscados y han sido multados por valor de más de 3 millones de euros. A pesar de que Greenpeace lleva años dando a conocer todos estos datos, la empresa ha recibido cerca de 16 millones de euros en subvenciones pesqueras por parte de las Administraciones españolas.
“Es un buen primer paso para luchar contra la pesca pirata. Llevamos tiempo reclamando que se aumenten los esfuerzos contra esta auténtica lacra y el compromiso del Ministerio tiene que ser constante en este sentido”, ha declarado Celia Ojeda, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace España.
Por último, Greenpeace demanda al Gobierno español que haga públicos los detalles de la investigación que han llevado a cabo, ya que desenmascarar a las empresas y buques involucrados en operaciones ilegales de pesca puede significar una de las actuaciones más importantes contra la pesca pirata a nivel mundial.