Miles de troncos de caoba ilegal en Brasil
Área destruida en el estado de Para en la Amazonia, Brasil
Indígenas Deni de la Amazonia, Biruvi Deni, demarcando sus tierras con la ayuda de Greenpeace, para protegerlas de la explotación forestal ilegal
Panorámica de la selva en el río Xerua. Amazonia
Vista aérea del río Cuniua, Amazonia, Brasil
La Policía Federal Brasileña efectuó ayer una operación a gran
escala en en estado de Mato Grosso cuyo resultado fue la
desmantelación de una banda responsable de haber falsificado
autorizaciones para talas en el estado durante 14 años. La
operación policial en la Amazonia saca a la luz la corrupción de
las agencias medioambientales.
La justicia brasileña emitió órdenes de búsqueda para 89
personas -incluyendo agentes del IBAMA (Instituto Brasileño de
Medioambiente) y madereros, responsables de la extracción ilegal de
1,9 millones de metros cúbicos de madera en la Amazonia (para
cargar este volumen de madera serían necesarios 76.000 camiones
que, puestos en fila, ocuparían una distancia superior a la que
separa Barcelona de París).
La última investigación realizada por Greenpeace ya demostró que
más del 72% de la explotación forestal en la Amazonia es ilegal y
que el 74% del total deforestado en 2004 se hizo sin autorización.
Además el estado de Mato Grosso es responsable del 48% del total de
la deforestación amazónica. Greenpeace denuncia que parte de esta
madera ilegal acaba entrando en el mercado español. De hecho Brasil
es el segundo proveedor de madera tropical de la industria de la
madera y muebles española. En el año 2003, 129.000 metros cúbicos,
la mayoría procedentes del estado amazónico de Pará, fueron
desembarcados en los puertos españoles.
Durante la investigación de la Policía brasileña se
suspendieron 283 planes de gestión forestal y otros 36 fueron
cancelados indefinidamente. También salieron a la luz 431 compañías
madereras "fantasmas" por todo el estado de Mato Grosso. La
operación también halló falsificaciones de Autorizaciones para el
Transporte de Productos Forestales, una "oficina de blanqueo" para
que las autorizaciones pudieran volver a ser utilizadas y fraudes
en las inspecciones sobre el terreno. Esta operación, en la que
intervinieron 450 agentes de la Policía Federal y 31 agentes del
IBAMA, es la mayor llevada a cabo jamás en la Amazonía
brasileña.
"Es importante hacer hincapié en que el arresto de los madereros
y los agentes del IBAMA de ayer en Mato Grosso no sean casos
aislados. La Policía Federal y el IBAMA deberían extender este tipo
de investigaciones a otros estados del Amazonas como Pará y
Rondonia, donde la deforestación y las talas ilegales están
proliferando", afirmó Miguel Ángel Soto, Responsable de la campaña
de Bosques de Greenpeace.
La aprobación del Proyecto de Ley 4776/05, que regula la
concesión de la gestión de áreas forestales en terrenos públicos,
tiene el potencial de suponer un paso importante para asegurar el
control de las riquezas de la Amazonia por parte del Gobierno
Federal. Sin embargo la nueva ley sólo tendrá éxito si las agencias
medioambientales responsables del seguimiento y el control, como el
IBAMA, son depuradas de quienes se hallan implicados en los fraudes
y la corrupción.
"La ley sólo será efectiva si se refuerzan los medios para
ejecutarla en la Amazonia. Las operaciones de ayer en Mato Grosso
muestran el riesgo real que producen las concesiones forestales-
añadió Soto- "También es necesario que las agencias federales como
el IBAMA, la Policía Federal y el INCRA (Instituto Nacional de
Colonización y Reforma Agraria), sean reforzadas y preparadas para
luchar contra las talas ilegales, la falsificación de documentos,
la deforestación y los crímenes contra los derechos humanos".
Notas del editor:
El 18 de mayo el Gobierno Federal anunció los datos de
deforestación amazónica para el período agosto de 2003-agosto de
2004: 26.130 km2; la segunda mayor cifra en la historia de Brasil.
El estado de Mato Grosso es responsable del 48% del total de la
deforestación amazónica.
El agente del IBAMA, Randolf Zachow, fue arrestado en la
operación de la Policía Federal. Greenpeace había denunciado a
Zachow por sus intentos de "legalizar" una partida de caoba
brasileña de extraída ilegalmente que se hallaba incutada en un
puerto de EE.UU. Zachow envió cartas al gobierno de EE.UU sin el
conocimiento de sus superiores. Greenpeace obtuvo una copia de la
carta y denunció el caso a las autoridades brasileñas y
norteamericanas para detener la entrada en el mercado de esa
caoba.