La DMA es la ley europea que rige la política de aguas desde el
2004 y tendrá que cumplirse en su totalidad antes del 2015. Esta
Directiva trata de recuperar la calidad de las aguas continentales
abandonando la política de infraestructuras hidráulicas que se han
demostrado ineficaces y obsoletas y adoptando una visión
ambientalista del medio hídrico que permita su adecuada
protección.
Los principales problemas de la cuenca son:
-
La sobreexplotación(1) y salinización(2) de los acuíferos. Sólo
Gran Canaria ha vaciado la mitad de sus reservas de agua
subterránea en los últimos 20 años a través de sus más de 3.100
captaciones. Esto ha provocado la salinización de los acuíferos que
es especialmente grave en la práctica totalidad de Gran Canaria y
en algunas zonas de Tenerife (Valle Guerra, Guímar, Adeje y Guía de
Isora).
-
Los vertidos a cauces. Los vertidos de aguas residuales sin
depurar están teniendo una incidencia directa en la calidad del
agua, contaminando barrancos y acuíferos. Sólo en Tenerife, el 30%
de las aguas residuales se vierten al mar sin depurar.
Si el Gobierno canario no pone los medios necesarios para paliar
esta grave situación y conservar su medio hídrico, las Islas
Canarias sufrirán de forma cada vez más intensa problemas de
disponibilidad de agua por los elevados índices de contaminación y
la creciente demanda.
"La lucha contra la contaminación no sólo permite aumentar más
la disponibilidad de recursos hídricos que la construcción de
desaladoras y embalses, sino que es la única forma de asegurar agua
para las futuras generaciones", ha declarado Juan López de Uralde,
director ejecutivo de Greenpeace.
"Es urgente que el Gobierno canario racionalice la demanda,
complete la red de saneamiento y depure sus aguas residuales.
Además, si quiere cumplir los objetivos de la DMA tiene que acabar
con los vertidos procedentes de la agricultura y con la
sobreexplotación de sus recursos hídricos", ha declarado Julio
Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace.
Éstas son algunas de las conclusiones que Greenpeace ha extraído
sobre las Islas Baleares en su informe "Agua: la calidad de las
aguas en España. Un estudio por cuencas", el primero que analiza la
totalidad de las aguas continentales españolas (ríos, acuíferos,
lagos, humedales, estuarios, rías...).
Greenpeace ha realizado esta investigación para conocer el
estado de las aguas continentales en un momento crucial: la entrada
en vigor de la DMA. El estudio se centra en la calidad de los
recursos hídricos, que será en el futuro la que marcará la
disponibilidad del agua en todo el Estado. El término calidad
incluye la contaminación (grado de toxicidad de los diferentes
vertidos), el estado ecológico de las aguas superficiales (la buena
salud del ecosistema y su capacidad de regeneración) y el estado
químico de las subterráneas.
La principal conclusión del informe afirma que en el Estado
español sólo el 11% de las aguas superficiales y el 16% de las
subterráneas están en este momento en condiciones de cumplir en
2015 los objetivos que marca la DMA. Es decir, sólo el 11% de las
aguas superficiales tiene calidad suficiente para mantener su poder
de autodepuración y los ecosistemas que dependen de ella. Y en el
caso de las subterráneas, sólo el 16% mantiene las cualidades
químicas suficientes para que se puedan utilizar en abastecimiento
y riego.
(1) La sobreexplotación consiste en extraer más agua de la que
entra en el acuífero. Esto provoca que se sequen ríos, manantiales
y pozos que se alimentan de ellos.
(2) Cuando se saliniza un acuífero deja de ser útil para
cualquier uso (consumo, riego o industrial). Su recuperación a
corto plazo es imposible, y sólo se consigue dejando de extraer
agua del acuífero durante largos periodos de tiempo.