Comunicado de prensa - junio 16, 2005
La organización ecologista recuerda al Gobierno que las medidas que tome ahora pueden paliar futuras sequías. El cambio climático produce, entre otros efectos, el agravamiento de los periodos de sequía. Si antes de 1970 un 15% de la superficie terrestre sufría sequía en algún momento, hoy la proporción alcanza ya un 30% y seguirá aumentando si no tomamos medidas.
Además, la península ibérica, de manera cíclica, sufre periodos
de sequía que hacen que los recursos hídricos disminuyan. Por eso
ahora es más urgente que nunca tomar medidas que eviten la
intensificación de este problema.
El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad y la
responsabilidad de frenar el agravamiento de la sequía desde dos
frentes. Por un lado, con el control de las emisiones de CO2 y, por
otro, con la gestión de la demanda de agua y energía. El cambio
climático es un fenómeno global que sí podemos controlar y el
aumento de la demanda de agua o energía es una cuestión que las
Administraciones deben frenar con políticas adecuadas.
"Nunca nos habíamos visto ante una amenaza global así. Tenemos
dos opciones: actuar ahora para afrontar el cambio climático o
permitir que las generaciones futuras afronten el coste de nuestra
pasividad", ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña
de Energía de Greenpeace.
Por eso, en el Día mundial de la lucha contra la desertificación
y la sequía Greenpeace exige al Gobierno:
en lo relativo a las emisiones de CO2,
- Una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero
para, al menos, cumplir con Kioto (no otorgando derechos de emisión
no acordes con los objetivos de reducción sino de las ganancias de
las empresas)
- La sustitución de las centrales térmicas por energías
renovables
- Gestión de la demanda energética, de forma que la política
energética no esté centrada en generar electricidad sin tener en
cuenta las fuentes de las que proviene en lo relativo a la política
hídrica,
- Control de la contaminación de las aguas (el 33% de los cauces
-25.000 kilómetros de ríos- presentan calidades de agua
inaceptables)
- Erradicación de los regadíos ilegales y alegales (según
estimaciones del propio Ministerio de Medio Ambiente, sólo en la
cuenca mediterrénea se utilizan de forma fraudulenta más de 1.000
hectómetros cúbicos/año -la misma cantidad de agua que pretendía
aportar el trasvase del Ebro-)
- Corrección de las pérdidas en las redes de distribución del
agua (datos oficiales estiman las pérdidas en un 30%)
- Aplicación de una política de precios acorde con la Directiva
Marco del agua (afectaría sobre todo al uso agrícola del agua, ya
que hay agricultores que no pagan o se benefician de tarifas que no
superan el 0,01 euro/metro cúbico).
- Una política forestal acorde con las necesidades del país más
árido de Europa, donde un tercio de su superficie sufre una tasa
muy elevada de desertificación y un 6% ya se ha degradado de forma
irreversible (políticas de reforestación y de control del suelo
urbanizable, lucha contra indendios y talas indiscriminadas).
"La falta de previsión del Gobierno está causando que los
ciudadanos padezcan cada vez maś los periodos de sequía. La
política de gestión de agua de este país siempre ha priorizado la
demanda y nunca ha apostado por políticas de ahorro y conservación
de los recursos", ha afirmado Julio Barea, responsable de la
campaña de Aguas de Greenpeace.