Delfín atrapado en una red de deriva
Entre 1983 y 1998 Greenpeace
desarrolló una intensa campaña internacional contra la utilización
de las redes de deriva o "cortinas de la muerte", como son también
conocidas . La comunidad internacional empezaba a preocuparse
entonces por los problemas de la sobrepesca y por el hecho de que
algunas artes de pesca tenían un gran impacto no sólo sobre las
especies objetivo de la pesquería, sino sobre especies sensibles y
en algunos casos amenazadas, como delfines, ballenas, tortugas
marinas, tiburones o peces luna.
Fruto de las campañas de Greenpeace
y de otras ONG, la Asamblea General de Naciones Unidas prohibió el
uso de redes de deriva de gran escala en aguas internacionales en
1989 y fue necesario mantener la presión sobre la Unión Europea
hasta 1998 para que ésta aprobara una prohibición total de su uso.
Pese a que esta prohibición entró en vigor en 2002, es bien
conocido que aún hoy en día continúan usándose redes de deriva en
países comunitarios como Italia y Francia, de forma ilegal. A esto
hay que sumar el hecho de que pese a estar prohibidas en todo el
Mediterráneo, siguen existiendo importantes flotas de deriva en
países como Marruecos o Turquía.
Ahora, el nuevo Reglamento de Pesca
del Mediterráneo, que se discute el lunes en el Consejo de
Ministros de Pesca de la Unión Europea, crea con su redacción
actual una nueva categoría de redes ancladas al fondo, que
funcionan como redes de deriva y que estarían autorizadas a
capturar especies de túnidos, como el bonito y la melva, prohibidas
por la actual legislación contra las redes de deriva.
"Las organizaciones ecologistas
hemos empleado años para alcanzar la prohibición de un arte de
pesca que ha conducido invariablemente a poner en peligro los
ecosistemas marinos en los que se ha empleado. Con mucho trabajo
hemos conseguido que los gobiernos aprueben leyes al respecto. Y
ahora vemos cómo éstos no sólo no han hecho cumplir estas leyes,
sino que se disponen a legalizar las flotas piratas que han
escapado a su control",
declaró Sebastián Losada, responsable de la campaña
de océanos de Greenpeace.
El Gobierno español fue un
importante aliado a nivel europeo para conseguir que Francia e
Italia aceptaran la legislación que prohibía estas redes en 1998.
En ese momento estos países disponían de las más importantes flotas
rederas a nivel comunitario.
"España debe bloquear la adopción
del nuevo reglamento mediterráneo hasta que no se modifiquen las
enmiendas a su artículo 7 de forma que quede clara la imposibilidad
de continuar usando redes de deriva en el Mediterráneo. El actual
Gobierno no puede echar por tierra el fruto de tantos años de
trabajo esta semana y permitir así que los países que han
incumplido la legislación comunitaria y han recibido dinero público
para reconvertir estas flotas, se vean ahora premiados y sigan
poniendo en peligro los ecosistemas mediterráneos",
añadió Losada.
Greenpeace destaca además la repercusión que esa nueva
legislación tendrá para toda la cuenca Mediterránea. Actualmente la
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico y el
Consejo General de Pesca del Mediterráneo prohíben la utilización
de redes de deriva en la región. Sin embargo, siguen existiendo
flotas ilegales en países como Marruecos y Turquía. Greenpeace
destaca el precedente que la legislación comunitaria sentará en la
región. La flota marroquí, por ejemplo, está poniendo en peligro a
una de las más importantes poblaciones de delfín común en el
mediterráneo, una especie con importantes problemas de conservación
y es prioritario que esta flota se reconvierta.
"¿Cómo va a exigir la Unión Europea
a otros países que cumplan la legislación internacional si legaliza
a sus propias flotas rederas?"- pregunta Sebastián
Losada - "La crisis pesquera en toda la región es más
que evidente, y si algo necesitamos es incrementar la protección a
estos ecosistemas y no dar pasos hacia atrás, legalizando flotas
que eran hasta ahora ilegales".