Activistas de Greenpeace cuelgan una pancarta en el Arco del Triunfo de París donde puede leerse "Acaba con los transgénicos ahora", pidiendo al gobierno francés que acabe con los transgénicos.
Esto ocurre después de varios meses de intenso debate social y
político y como consecuencia de un documento entregado al gobierno
por la "Alta autoridad sobre transgénicos". Los nuevos datos
científicos (que no existían cuando se autorizó el MON 810 en 1998)
y las incertidumbres tecnológicas y ambientales reflejadas en el
documento hacen que la única alternativa para un gobierno
responsable haya sido impedir el cultivo de este maíz.
El ejecutivo de Sarkozy se acoge para ello a la "Cláusula de
Salvaguardia" de la directiva sobre transgénicos 2001/18, prevista
para aquellos casos en que un estado miembro disponga de datos
según los cuales un organismo modificado genéticamente (OMG)
constituya un riesgo para la salud o el medio ambiente.
Esta cláusula ha sido invocada hasta en diez ocasiones: tres por
Austria, dos por Francia y una por Alemania, Luxemburgo, Grecia, El
Reino Unido y Hungría. Con respecto al maíz transgénico MON 810,
cuatro países la tienen activada: Francia, Austria, Hungría y
Grecia..
"Es sorprendente para Greenpeace en España que mientras el
gobierno conservador del mayor estado agrícola de la UE ha tomado
esta decisión responsable, ateniéndose a informaciones científicas,
el Gobierno de España ha sucumbido al poder de los gigantes de la
química y los transgénicos y sigue sin mostrar valentía política
para situarse del lado de los intereses de los ciudadanos y del
medio ambiente", ha declarado Juan-Felipe Carrasco, responsable de
la
campaña contra los transgénicos de Greenpeace.
Los nuevos elementos científicos que han originado la decisión
muestran una serie de consecuencias de los maíces tipo Bt (entre
ellos el MON 810) sobre el medio ambiente y la salud, como la
kilométrica capacidad de dispersión del polen de estas plantas
(reconociendo la imposibilidad de evitar la contaminación a otros
agricultores, un argumento que Greenpeace lleva años esgrimiendo),
la generación de resistencias en insectos, plagas o efectos
tóxicos sobre varios tipos de organismos presentes en los
ecosistemas. Además, el documento de la Alta Autoridad aporta una
serie de datos sobre insuficiencias técnicas y cuestiones no
resueltas, como el cambio en la caracterización molecular de estos
maíces (el gen que se comercializa no es el que se aprobó en 1998,
ha variado, y por lo tanto muchos efectos sobre el medio ambiente
se desconocen), los impactos sobre los necesarios insectos
polinizadores, la toxicidad a largo plazo sobre seres humanos,
la persistencia de las toxinas producidas, etc.
Esta decisión es altamente importante dado que, además de
permitir a los legisladores franceses trabajar con toda serenidad
sobre la futura ley francesa que garantice el derecho a producir y
consumir sin transgénicos, permitirá a Francia trabajar para que
los procedimientos de evaluación y autorización actuales de
transgénicos en la UE sean realmente transparentes y antepongan el
interés general al de las multinacionales del sector.
"Cuando quedan escasas semanas para el final de la legislatura,
es el momento perfecto para que el Gobierno de España tomara una
decisión similar y anteponga los intereses de la sociedad y del
medio ambiente a los oscuros intereses de las multinacionales
agroquímicas", ha añadido Carrasco.
Recientemente en Bruselas, el Comisario Europeo de Medio
Ambiente ha propuesto la prohibición de dos maíces transgénicos por
los riesgos que suponen para el medio ambiente (Syngenta Bt11 y
Pioneer/Dow's 1507). Stavros Dimas ha planteado por primera vez la
prohibición de dos OMG basándose en las evidencias científicas de
que estos cultivos transgénicos tienen el potencial de causar daños
ambientales. Ya durante la disputa comercial con Estados Unidos
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre productos
transgénicos, la propia UE argumentó que los cultivos Bt no
deberían ser hoy por hoy cultivados por la falta de conocimientos
sobre sus impactos ambientales en el largo plazo. "Y mientras este
es el ambiente político en la UE, el gobierno de nuestro país ha
tolerado y defendido la presencia de 75.000 hectáreas de estos
peligrosos cultivos en nuestro territorio. Ni los datos
científicos, ni el principio de precaución, ni la protección de la
seguridad pública ni el respeto por el medio ambiente han llevado a
la Administración a afirmar que esto vaya a cambiar en 2008",
añade Carrasco.