Activistas de Greenpeace elevan un globo aerostático demandando el cierre de la central nuclear de Garoña.
En aquel momento, el PSOE se apresuró a apoyarla y votó a su
favor en el dicho Pleno. Después, el propio Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha venido reiterando en
varias comparecencias públicas su inequívoco compromiso en tramitar
de forma urgente la propuesta y hacer del CSN un organismo
verdaderamente independiente y al servicio de los ciudadanos.
Sin embargo, transcurridos casi dos años desde esa votación, la
proposición de Ley sigue inédita y su tramitación no ha avanzado
significativamente. El grupo parlamentario socialista la ha tenido
prácticamente aparcada en todo este tiempo, y ahora se corre el
riesgo de que la legislatura termine sin que esa Ley haya sido
aprobada.
"Además de demorarla injustificadamente, el PSOE, a instancias
del Ministerio de Industria, ha aprovechado este tiempo para
negociar con otros grupos parlamentarios defensores de la energía
nuclear y contrarios a la reforma del CSN, importantes recortes a
la propuesta original, sobre todo en materia de información y de
participación publica", ha afirmado Carlos Bravo, responsable de la
campaña de Energía Nuclear de Greenpeace.
Es más, el PSOE ha aprovechado esta coyuntura para tramitar en
paralelo otras reformas en materia de energía nuclear que van en
dirección contraria al espíritu de transparencia, participación
pública y de rigor en la aplicación de la normativa en los que se
inspiraba la propuesta.
"Parece ahora evidente que desde el nombramiento de Carmen
Martínez Ten como presidenta del CSN, el PSOE se da por contento
con haber retomado el control del organismo y ya no ve necesaria
una reforma que nació del impulso de los grupos ecologistas después
de la lamentable actuación del CSN ante los graves sucesos
ocurridos en la central de Vandellós 2 en agosto del 2004", añadió
Bravo.
En realidad poco o nada ha cambiado en el CSN desde la llegada
de la socialista Martínez Ten. De hecho, en buena medida se ha
repetido la misma historia que en su día protagonizó la anterior
presidenta, María Teresa Estevan Bolea, cuando desembarcó en el CSN
colocando en los puestos clave del organismo a personas de su
confianza política y con poca o nula experiencia en seguridad
nuclear. En esta nueva etapa con Martínez Ten, la relación del CSN
con las asociaciones ecologistas y con el público en general sigue
estando en las antípodas de lo que cabría esperar y demanda la
sociedad.
La proposición de reforma de la Ley del CSN que el Gobierno y el
Grupo socialista guardan en el cajón desde septiembre del 2005 es
un paso fundamental para demostrar a la ciudadanía su compromiso
real y no teórico con la transparencia, la neutralidad, el rigor y
la participación pública, elementos de los que ha adolecido el
funcionamiento del CSN desde su creación en el año 1980. También
para actualizar el contenido de una Ley que, aunque cuenta con
elementos positivos, se redactó de forma apresurada y sus
deficiencias se han visto reflejadas en los repetidos escándalos
que ha protagonizado el Organismo desde su creación como
consecuencia de su evidente parcialidad en favor de la industria
nuclear.
Entre las reformas que el Gobierno ha decidido ligar a la
tramitación de la proposición de Ley para la reforma del CSN está
la del obsoleto régimen sancionador en materia de energía nuclear.
Greenpeace había reclamado su tramitación urgente y apoyaba que se
hiciera en paralelo, pero se ha visto muy decepcionada cuando ha
constatado que el CSN de Martínez Ten ha cambiado en sentido
negativo algunas de las iniciativas más importantes que sí estaban
en la propuesta de régimen sancionador que remitió Estevan Bolea al
Gobierno en abril del 2006.
Especialmente grave es que mientras que en la propuesta remitida
por Estevan Bolea segunda se preveía la posibilidad de sancionar a
las instalaciones nucleares que se hubiesen beneficiado con el
incumplimiento de las normas de seguridad con el doble del
beneficio económico obtenido, a demanda del Ministerio de
Industria, en la nueva propuesta remitida por Martínez Ten hace
unos meses esa alternativa ha quedado eliminada, argumentando que
vulneraba el principio de proporcionalidad por el que las sanciones
deben adecuarse a las infracciones cometida.
Sin embargo, tal como Greenpeace ha demostrado fehacientemente,
esta afirmación se contradice con el hecho fácilmente verificable
de que los regímenes sancionadores de un buen número de ámbitos
estatales y autonómicos contemplan exactamente esta misma
disposición. Además, la base de sancionar hasta con el doble del
beneficio precisamente persigue esa proporcionalidad que debe
existir entre las sanciones y las infracciones, que ni se da en el
régimen vigente ni, según todo apunta, se dará en el nuevo régimen
que propone ahora el PSOE, lo que conducirá a que a las centrales
nucleares les siga resultando rentable pagar multas antes que parar
cuando se ha descubierto un problema.
Ya no se trata sólo de que el Gobierno socialista no termine de
cumplir los compromisos que pueden resultar técnicamente más
complejos, como es aprobar un calendario de cierre programado de
las centrales nucleares o el cierre inmediato de la obsoleta
central de Santa María de Garoña, es que ni siquiera los
compromisos cuya tramitación se inició muchos meses atrás terminan
de ver la luz. Greenpeace exige al Gobierno que cumpla sus
compromisos y pase de las palabras a los hechos.