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El PSOE incumple su compromiso de transformar el Consejo de Seguridad Nuclear en un organismo independiente y transparente

Tras retomar el control del CSN, con el nombramiento de la socialista Carmen Martínez Ten como Presidenta, el PSOE parece haber perdido todo interés en reformar el Organismo

Comunicado de prensa - mayo 8, 2007
En septiembre de 2005, estando aún reciente el escándalo del grave suceso ocurrido en la central nuclear Vandellós-2, cuya pésima gestión por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ocasionó un serio descrédito a este organismo, el grupo parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IV-IU-ICV), a instancias de Greenpeace, planteó en el Pleno del Congreso de los Diputados la toma en consideración de una propuesta para reformar la Ley de Creación del CSN, el organismo oficialmente encargado de velar por la seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas.

Activistas de Greenpeace elevan un globo aerostático demandando el cierre de la central nuclear de Garoña.

En aquel momento, el PSOE se apresuró a apoyarla y votó a su favor en el dicho Pleno. Después, el propio Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha venido reiterando en varias comparecencias públicas su inequívoco compromiso en tramitar de forma urgente la propuesta y hacer del CSN un organismo verdaderamente independiente y al servicio de los ciudadanos.

Sin embargo, transcurridos casi dos años desde esa votación, la proposición de Ley sigue inédita y su tramitación no ha avanzado significativamente. El grupo parlamentario socialista la ha tenido prácticamente aparcada en todo este tiempo, y ahora se corre el riesgo de que la legislatura termine sin que esa Ley haya sido aprobada.

"Además de demorarla injustificadamente, el PSOE, a instancias del Ministerio de Industria, ha aprovechado este tiempo para negociar con otros grupos parlamentarios defensores de la energía nuclear y contrarios a la reforma del CSN, importantes recortes a la propuesta original, sobre todo en materia de información y de participación publica", ha afirmado Carlos Bravo, responsable de la campaña de Energía Nuclear de Greenpeace.

Es más, el PSOE ha aprovechado esta coyuntura para tramitar en paralelo otras reformas en materia de energía nuclear que van en dirección contraria al espíritu de transparencia, participación pública y de rigor en la aplicación de la normativa en los que se inspiraba la propuesta.

"Parece ahora evidente que desde el nombramiento de Carmen Martínez Ten como presidenta del CSN, el PSOE se da por contento con haber retomado el control del organismo y ya no ve necesaria una reforma que nació del impulso de los grupos ecologistas después de la lamentable actuación del CSN ante los graves sucesos ocurridos en la central de Vandellós 2 en agosto del 2004", añadió Bravo.

En realidad poco o nada ha cambiado en el CSN desde la llegada de la socialista Martínez Ten. De hecho, en buena medida se ha repetido la misma historia que en su día protagonizó la anterior presidenta, María Teresa Estevan Bolea, cuando desembarcó en el CSN colocando en los puestos clave del organismo a personas de su confianza política y con poca o nula experiencia en seguridad nuclear. En esta nueva etapa con Martínez Ten, la relación del CSN con las asociaciones ecologistas y con el público en general sigue estando en las antípodas de lo que cabría esperar y demanda la sociedad.

La proposición de reforma de la Ley del CSN que el Gobierno y el Grupo socialista guardan en el cajón desde septiembre del 2005 es un paso fundamental para demostrar a la ciudadanía su compromiso real y no teórico con la transparencia, la neutralidad, el rigor y la participación pública, elementos de los que ha adolecido el funcionamiento del CSN desde su creación en el año 1980. También para actualizar el contenido de una Ley que, aunque cuenta con elementos positivos, se redactó de forma apresurada y sus deficiencias se han visto reflejadas en los repetidos escándalos que ha protagonizado el Organismo desde su creación como consecuencia de su evidente parcialidad en favor de la industria nuclear.

Entre las reformas que el Gobierno ha decidido ligar a la tramitación de la proposición de Ley para la reforma del CSN está la del obsoleto régimen sancionador en materia de energía nuclear. Greenpeace había reclamado su tramitación urgente y apoyaba que se hiciera en paralelo, pero se ha visto muy decepcionada cuando ha constatado que el CSN de Martínez Ten ha cambiado en sentido negativo algunas de las iniciativas más importantes que sí estaban en la propuesta de régimen sancionador que remitió Estevan Bolea al Gobierno en abril del 2006.

Especialmente grave es que mientras que en la propuesta remitida por Estevan Bolea segunda se preveía la posibilidad de sancionar a las instalaciones nucleares que se hubiesen beneficiado con el incumplimiento de las normas de seguridad con el doble del beneficio económico obtenido, a demanda del Ministerio de Industria, en la nueva propuesta remitida por Martínez Ten hace unos meses esa alternativa ha quedado eliminada, argumentando que vulneraba el principio de proporcionalidad por el que las sanciones deben adecuarse a las infracciones cometida.

Sin embargo, tal como Greenpeace ha demostrado fehacientemente, esta afirmación se contradice con el hecho fácilmente verificable de que los regímenes sancionadores de un buen número de ámbitos estatales y autonómicos contemplan exactamente esta misma disposición. Además, la base de sancionar hasta con el doble del beneficio precisamente persigue esa proporcionalidad que debe existir entre las sanciones y las infracciones, que ni se da en el régimen vigente ni, según todo apunta, se dará en el nuevo régimen que propone ahora el PSOE, lo que conducirá a que a las centrales nucleares les siga resultando rentable pagar multas antes que parar cuando se ha descubierto un problema.

Ya no se trata sólo de que el Gobierno socialista no termine de cumplir los compromisos que pueden resultar técnicamente más complejos, como es aprobar un calendario de cierre programado de las centrales nucleares o el cierre inmediato de la obsoleta central de Santa María de Garoña, es que ni siquiera los compromisos cuya tramitación se inició muchos meses atrás terminan de ver la luz. Greenpeace exige al Gobierno que cumpla sus compromisos y pase de las palabras a los hechos.