Central nuclear de Ascó, Tarragona
El accidente en la central Ascó-1 se mantuvo oculto a la opinión
pública hasta que Greenpeace lo desveló el pasado 5 de abril, tras
recibir la información por parte de los trabajadores. La cantidad
total de radiactividad emitida en este accidente, entre otras
cuestiones, aún no ha sido dada a conocer por el CSN y es
información que Carmen Martínez Ten debería hacer pública, según la
organización ecologista.
Hasta ahora el CSN se ha limitado exclusivamente a dar datos
parciales de la radiactividad acumulada por el millar aproximado de
partículas radiactivas encontradas y recogidas en el entorno de la
central de Ascó-1, lo que es tan sólo una pequeña fracción del
total de partículas que se liberaron al medio ambiente.
"El CSN aún no ha dicho toda la verdad sobre el escape
radiactivo de Ascó-1. Su actuación en el plano de la protección
radiológica, así como su propuesta de expediente sancionador a la
central nuclear, se han basado en información parcial e
incompleta", ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña
Nuclear de Greenpeace. "Conocer la cantidad total de radiactividad
liberada es fundamental para comprender el impacto radiológico del
escape, así como para su correcta calificación jurídica".
Este escape ha supuesto un riesgo radiológico significativo para
la población y el medio ambiente, como se desprende de los datos de
los que ya dispone el propio CSN. El análisis realizado por
Greenpeace, a partir de esos datos, demuestra que más del 86% de
las casi mil partículas radiactivas recogidas hasta principios de
junio de 2008 producían una radiactividad suficiente como para
superar los límites legales aplicables a miembros del público en
caso de contaminación interna. Y más del 27% del total de
partículas producirían dosis superiores a 20 mSv, límite legal de
los trabajadores en un año.
Martínez Ten debe explicar además por qué el CSN no actuó
inmediatamente cuando la Red de Vigilancia Radiactiva Ambiental
(REVIRA), que el CSN gestiona en Cataluña conjuntamente con la
Generalitat, detectó de forma clara el escape radiactivo de Ascó-1
(que en realidad se prolongó desde finales de noviembre a
principios de enero de 2008, con varios episodios de liberación de
partículas radiactivas en ese periodo). Las sondas de detección de
la REVIRA del CSN y la Generalitat detectaron con total claridad la
fuga, incluso en sondas separadas decenas de kilómetros entre
sí.
La Generalitat de Cataluña debe también informar sobre este
escape puesto que también se dio cuenta del accidente, e incluso
encargó un informe técnico a la Universidad Politécnica de Cataluña
para evaluar su alcance, el cual no se ha hecho público.
"La Generalitat guarda celosamente los datos que posee sobre el
escape de Ascó-1, y no ha dudado en negárselos a Greenpeace, en
flagrante violación de la ley 27/2006 de libre acceso a la
información ambiental", ha afirmado Anna Rosa Martínez, delegada de
Greenpeace en Cataluña.
El escape radiactivo de Ascó-1 dejó en evidencia la operación
irresponsable y delictiva de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós
(ANAV), la falta de transparencia del CSN y su nula independencia
con respecto a la industria nuclear, y la deplorable actitud del
Ministerio de Industria que ha tratado de pasar desapercibido ante
la opinión pública, utilizando como escudo protector un CSN bajo
presidencia socialista.
El Ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de la Presidenta
del CSN aún no han puesto en marcha el Comité Asesor para la
información y la participación pública sobre seguridad nuclear que
recoge la Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma del Consejo de
Seguridad Nuclear.
Eso supone una clara violación de la Ley 33/2007 que, en su
Disposición final primera, establece que el Gobierno, en un plazo
máximo de nueve meses a contar desde la fecha de entrada en vigor
de esta Ley (el 8 de noviembre de 2007), aprobaría la modificación
del Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear. Es decir, el 8 de
agosto de 2008. Transcurridos más de 4 meses desde esa fecha tope,
no hay indicios de que el Estatuto del CSN vaya a aprobarse, y por
lo tanto, de que vaya a ponerse en marcha dicho Comité Asesor.
La Ley 33/2007, en su artículo 15 establece la creación de este
Comité Asesor, cuya misión será emitir recomendaciones al CSN para
mejorar la transparencia, el acceso a la información y la
participación pública en las materias que son de su competencia.
Entre los miembros del Comité Asesor debe haber un representante a
propuesta de cada una de las dos organizaciones ecologistas de
mayor implantación en el Estado.