40 millones de personas dependen de los bosques para su supervivencia en la República Democrática del Congo.
Así se resume el llamamiento que han hecho hoy Esteban Beltrán
(director de Amnistía Internacional en España), Juan López de
Uralde (director ejecutivo de Greenpeace España) y Ariane Arpa
(directora general de Intermón Oxfam) durante la presentación de un
decálogo de propuestas para la nueva legislatura.
Las tres organizaciones han pedido a los candidatos que
concurren a las elecciones, y a sus partidos, que se comprometan a
asumir estos diez retos globales como propios y a defenderlos e
impulsarlos tanto si alcanzan responsabilidades de gobierno, como
si ejercen sus funciones desde la oposición.
"Tenemos cuatro años por delante para reconocer que la tortura
existe dentro y fuera de nuestras fronteras, para dejar de ser uno
de los países europeos sin datos sobre racismo, y para pasar de
políticas migratorias de mero control fronterizo a políticas
basadas en los derechos humanos, incluyendo la ratificación de la
Convención de Naciones Unidas sobre los Trabajadores Migrantes",
señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional.
"Es hora de asumir el compromiso de actuar para frenar el cambio
climático y adoptar un modelo de desarrollo más sostenible. La
pasividad no es una opción ante un problema que nos está afectando
a todos", Juan López de Uralde, director de Greenpeace España.
"Como octava potencia mundial España debe situarse en primera
línea de la política internacional, promoviendo medidas para
conseguir un planeta más justo, seguro y sostenible." -declara
Ariane Arpa, Directora General de Intermón Oxfam- "La apuesta de
España con el desarrollo y la protección de las personas amenazadas
por los conflictos deben estar muy por encima de los intereses
particulares de los partidos. Pedimos a todos los responsables
políticos que trabajen en la construcción de una sociedad
consciente del impacto de sus actuaciones, responsable y solidaria
con el mundo que la rodea."
Propuestas para una legislatura
Los diez puntos del decálogo contienen propuestas concretas
sobre cambio climático, derechos humanos, política migratoria, y
reducción de la pobreza.
En el decálogo presentado por las tres organizaciones se
incluyen medidas concretas para hacer frente al cambio climático.
Entre ellas destaca que el 50% de la electricidad que consumamos en
2020 provenga de fuentes de energía renovables; que se reduzcan en
un 30% las emisiones de CO2, y que España destine 1.000 millones de
euros anuales a final de la próxima legislatura para paliar los
efectos presentes y futuros del cambio climático en los países más
pobres, que son los que menos contaminan pero los que más duramente
están notando sus efectos. Este dinero deberá ser adicional a los
compromisos de Ayuda Oficial al Desarrollo.
El decálogo propone una política exterior que se abstenga de
cualquier complicidad en la "guerra contra el terror" que recorta
libertades, y controle el comercio de armas (que en el mundo supera
en 15 veces la ayuda humanitaria) que detrae recursos de la lucha
contra la pobreza y el cambio climático en nombre de la seguridad;
la puesta en marcha de un Plan Estatal contre el Racismo y la
Xenofobia y la promoción en el seno de Unión Europea de una
política migratoria que garantice los derechos de los
inmigrantes.
Para asegurar que las actuaciones del gobierno y de los
distintos ministerios sean coherentes con la erradicación de la
pobreza y el desarrollo, se propone la creación de un Ministerio de
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Este ministerio
debería asumir el liderazgo y la coordinación de todas las
intervenciones en materia de cooperación y garantizar la autonomía
de la ayuda al desarrollo.