Greenpeace, la Plataforma Anticementerio Nuclear Tierra de Campos Viva y la Plataforma Antinuclear Norte de Palencia han entregado a Juan Vicente Herrera un ataúd con 17.000 firmas contra el cementerio nuclear.
Dentro del ataúd se encuentran más de 17.000 firmas en diversos formatos (tarjetas postales e impresos de recogida de firmas), obtenidas en Castilla y León, mediante las cuales ese número de ciudadanos piden al presidente Juan Vicente Herrera que se oponga de forma rotunda a que Castilla y León albergue el almacén centralizado de residuos radiactivos de alta actividad de las centrales nucleares españolas (ATC), que promueve el Ministerio de Industria.
Castilla y León es conocida por su riqueza natural y su patrimonio histórico y cultural. Además, su gastronomía, que refleja el gran potencial agroalimentario de su territorio, goza de sobrado reconocimiento. Prueba de ello es la importancia creciente que el turismo cultural, rural, de Naturaleza y gastronómico tienen para la economía de la Comunidad Autónoma. Decenas de miles de puestos de trabajo en Castilla y León están vinculados al sector turístico y al agroalimentario.
Lamentablemente, Castilla y León corre el riesgo de perder este merecido prestigio internacional y pasar a ser más conocida como el cementerio nuclear de España.
En la actualidad, el turismo es considerado un sector estratégico en Castilla y León, no en vano genera casi el 10% del PIB y más de 50.000 empleos directos. El propio presidente Herrera afirmó que el principal "pilar" de la creciente riqueza de Castilla y León como atractivo turístico es su rico patrimonio artístico, cultural, natural y etnográfico.
Por otra parte, el sector agroalimentario ha alcanzado ya en Castilla y León la cifra de casi 9.100 millones de euros lo que supone un crecimiento del 14%. Y se pretende incrementar un 25% el valor de la producción bruta salida de fábrica hasta superar los 10.000 millones de euros.
Las exportaciones de las industrias agroalimentarias de Castilla y León han alcanzado los 1.064 millones de euros, lo que supone un incremento del 31% en los últimos cinco años. Los vinos, los productos de panadería y galletería y las carnes, entre otros, han liderado este crecimiento. Uno de los objetivos oficiales de la Junta de Castilla y León es consolidar la imagen de calidad de los productos agroalimentarios de la región. Para ello la Consejería de Agricultura y Ganadería lanzó en 2008 la nueva marca de alimentos de Castilla y León "Tierra de Sabor".
Para Greenpeace y las plataformas anticementerio nuclear de Castilla y León, el ATC provocará un grave daño a toda Castilla y León, y traerá la muerte económica y social a la comarca donde se instale, ya que alejará cualquier posibilidad de llevar a cabo un desarrollo sano y sostenible en sus pueblos, y expondrá inevitablemente a las personas y al medio ambiente a graves e innecesarios riesgos.
Como demuestra la involución demográfica y económica sufrida en las últimas décadas por los municipios donde se ubican las instalaciones nucleares, la energía nuclear no trae riqueza ni a esos municipios ni para los de las comarcas adyacentes.
Por todo ello, estas organizaciones demandan también al Ministerio de Industria la eliminación inmediata de Congosto de Valdavia, Santervás de Campos y Melgar de Arriba de la lista de municipios candidatos a albergar el cementerio nuclear centralizado, candidaturas sobre las que, además, recaen estas graves irregularidades:
- Congosto de Valdavia (Palencia): su candidatura viola las normas urbanísticas municipales puesto que su artículo 100 impide que se pueda instalar un almacén de residuos radiactivos en los términos del municipio.
- Santervás de Campos y Melgar de Arriba (Valladolid): existen pruebas que demuestran que algunos concejales partidarios al cementerio nuclear están ofreciendo sus propios terrenos para ubicar en ellos la instalación, al mismo tiempo que se aseguran una remuneración tres veces superior a lo que establece el mercado por ese suelo rústico.
Para estas organizaciones, estos hechos son una demostración inequívoca de que el proceso ideado y puesto en marcha por el Ministerio de Industria que dirige Miguel Sebastián para encontrar una ubicación para el ATC es totalmente erróneo. Este proceso no sólo ha vulnerado la legislación vigente sobre participación del público en materias ambientales (Convenio de Aarhus, que es ley en España desde 2005), sino que ha fomentado la falta de transparencia y la desinformación y ha ignorado el amplio rechazo social, territorial y político al proyecto, además de que al tentar a los alcaldes con dinero público, estimula comportamientos ilegales y la especulación urbanística.