Comunicado de prensa - febrero 2, 2009
Los peores presagios de las organizaciones ecologistas podrían cumplirse. Tal y como publica hoy el diario El País, la protección costera puede sufrir un fuerte varapalo con la introducción de una enmienda a la Ley de Navegación Marítima que debilita substancialmente la Ley de Costas.
Destrucción a toda costa, 2008. Playa de las Américas, Tenerife Sur, Islas Canarias.
Tras conocer las intenciones del Ministerio, el pasado 8 de
enero de 2009, Greenpeace y WWF España transmitieron a la ministra
de Medio Ambiente, Elena Espinosa, su malestar por no haber sido
informados de la reforma de una ley que afecta directamente al
medio costero y marino. En el escrito a la ministra, ambas
organizaciones reclamaban que el proyecto de Ley General de
Navegación Marítima fuera sometido a consulta en el Consejo Asesor
de Medio Ambiente (1), aunque la sólo obtuvieron el silencio por
respuesta.
"Ni en los peores tiempos de abandono de las políticas medio
ambientales nos habíamos encontrado con una situación como ésta" ha
declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace. "Nunca
pensamos que el retroceso de las políticas de Zapatero fuera tan
grande como para que el Ministerio escamoteara el paso de una ley
de afección directa al medio natural por el Consejo Asesor de Medio
Ambiente", ha añadido López de Uralde.
La modificación de la Ley de Navegación afectará directamente a
la Ley de Costas en tanto en cuanto que permitirá que los
propietarios de viviendas (con concesiones de hasta 60 años)
situadas en dominio público marítimo-terrestre puedan venderlas, lo
que retrasará la recuperación de los terrenos por parte del
Ministerio, y desvirtúa por completo el objetivo genuino de la Ley,
por lo que, según López de Uralde, "resulta lamentable que el
Ejecutivo de Zapatero acabe con todos los esfuerzos de protección
de la costa emprendidos en la anterior legislatura y, además, lo
haga a escondidas".
Además, el 22 de enero de 2009, las cinco principales ONG de
medio ambiente, Greenpeace, SEO /BirdLife, Ecologistas en Acción,
Amigos de la Tierra y WWF España, se dirigieron por escrito al
Ministerio de Justicia informándole de la necesidad de cumplir con
la normativa vigente sobre participación pública y derecho de
acceso a la información en materia de medio ambiente, regulados por
el Convenio de Aarhus y Ley 27/2006. Las organizaciones también
expusieron la necesidad de contar con las ONG medioambientales para
la elaboración de los instrumentos normativos jurídicamente
obligatorios de aplicación general que afectan al medio ambiente,
como era el caso de la Ley General de Navegación.
Nota
1. El objeto del Consejo Asesor de Medio Ambiente es la
participación en la elaboración y seguimiento de las políticas
ambientales generales orientadas al desarrollo sostenible, y es el
lugar de encuentro y participación de los sectores sociales y
económicos relevantes. En ningún momento, los grupos ecologistas
han podido hacer llegar sus dudas sobre temas de vital
trascendencia para el medio marino como la seguridad de la
navegación, la lucha contra la contaminación o la seguridad de los
buques.