Comunicado de prensa - septiembre 22, 2017
• Activistas de Greenpeace se han encadenado en el puerto de Bilbao con una pancarta de 60 m2 mientras varios camiones con armamento esperaban a ser cargados en el puerto vizcaíno
• La organización ecologista y pacifista lamenta que hoy hayan salido medio centenar de contenedores con explosivos hacia Arabia Saudí
• Greenpeace denuncia el oscurantismo y el incumplimiento de la legislación de control de comercio de armas
Tras más de seis horas de protesta en el puerto de Bilbao contra la exportación ilegal de armas, los cuatro activistas de Greenpeace que aún permanecía en las instalaciones ha sido puesto en libertad tras ser identificados.
Greenpeace lamenta que a pesar de la protesta, en el día de hoy hayan salido desde el puerto vizcaíno más de medio centenar de contenedores cargados con explosivos rumbo a Arabia Saudí.
Alrededor de las 12.00 de la mañana, un grupo de activistas de Greenpeace ha comenzado una protesta pacífica contra la carga de contenedores con armas fabricadas en España al barco Bahri Tabuk, en una acción que pretendía llamar la atención sobre el oscurantismo que envuelve el comercio de armas. La autorización del Gobierno a este tipo de exportaciones de armamento, que podría ser utilizado contra la población civil en conflictos armados, es ilegal.
El grupo de activistas ha desplegado varias pancartas donde se podía leer “No queremos ser cómplices” y “Armas Marca España para matar civiles”. Greenpeace ha podido constatar que al menos parte de las armas son de la empresa Expal Systems, S.A.
La legislación española sobre comercio de armas (Ley 53/2007) establece que se deben denegar las autorizaciones de exportación de armas “cuando existan indicios racionales de que las armas puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional”. Por esa razón, la exportación de armamento a Arabia Saudí es ilegal.
“Exigimos el fin de la exportación de armamento a países involucrados en conflictos que puedan ser utilizadas para matar a civiles. Al autorizar estas exportaciones, el Gobierno de España está incumpliento la ley y podría hacer cómplice a toda la población española de los crímenes de guerra que puedan cometerse con esas armas, por lo que debe actuar ya”, ha declarado Sara del Río, responsable de la campaña de Greenpeace a favor de la paz.