Comunicado de prensa - enero 21, 2016
• La posible reapertura de la central nuclear se está tramitando sin participación pública, con total opacidad y rompiendo buenas prácticas en materia de seguridad nuclear.
• En las puertas del CSN los propios técnicos del organismo están manifestándose para denunciar que el organismo está tomando decisiones basándose en motivos políticos.
Greenpeace está teniendo una reunión en la que está solicitando al Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que paralice el proceso de evaluación de la licencia para la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). La organización ecologista ha comenzado su encuentro a las 11:00 h., en la sede del organismo regulador, donde se celebra la décima reunión del Comité Asesor para la información y la participación pública del CSN, del que Greenpeace es miembro.
La organización ecologista denuncia que se está tramitando una licencia sin participación pública, rompiendo las buenas prácticas en materia de seguridad nuclear (1) y en contra del voluntad de la mayoría de los representantes del Congreso de los Diputados, que se han opuesto públicamente a esta reapertura. Por ello Greenpeace también está pidiendo a los diputados que insten al CSN a que paralice el proceso hasta que se constituya un nuevo gobierno. “El pleno del CSN, sin unanimidad, está permitiendo que el Ministro de Industria del Partido Popular pueda conceder una licencia a Garoña. Así, Iberdrola y Endesa podrán exigir lucro cesante si el próximo Gobierno decidiera cerrarla. El Parlamento debe impedir el expolio de la hacienda pública que se está tramando por parte del Gobierno en funciones”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.
Además Greenpeace denuncia que el CSN está acelerando la publicación de un informe condicionado, sobre la licencia hasta 2031 de la central nuclear para que el Ministerio de Industria pueda dar, en los últimos días de su gobierno en funciones, la autorización a Nuclenor (Iberdrola y Endesa) para volver a abrir la central. De esta manera las compañías propietarias podrían reclamar pérdidas por “lucro cesante” en caso de que el próximo gobierno decidiera desmantelar la vieja planta atómica.
Se trataría pues de una renovación inédita en la historia de la seguridad nuclear de España (2), porque autorizaría a llevar un reactor nuclear hasta los 60 años de vida (su vida útil de diseño estaba prevista hasta los 40 años) y porque permitiría una autorización administrativa de 17 años consecutivos (jamás en España se había dado una renovación de autorización de explotación por más de 10 años). Los propios técnicos del CSN han denunciado públicamente la opacidad y dificultades para poder realizar su trabajo: "La situación interna de los técnicos del CSN enfrentados algunos de ellos a las decisiones políticas que está tomando el organismo es crítica y hay una manifestación de trabajadores y trabajadoras del CSN en estos momentos por este motivo a las puertas de la reunión, ha comentado Raquel Montón a su llegada a la reunión.
En la reunión Greenpeace también tratará los siguientes temas: la modificación del procedimiento interno para la clasificación en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), el retraso de la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), motivada por el retraso del proyecto del ATC al ser este un elemento estratégico del PGRR, la situación del Código Ético y Plan de Comunicación que el CSN debía realizar y las recomendaciones de la organización sobre la actualización de la información relativa a Palomares por parte del CSN.
Notas para el editor:
(1): Según lo reflejado en el Acta del CSN, anexo I, https://www.csn.es/documents/10182/878175/1364+-+Acta/1b6a85a2-7b33-470a-b926-56837b6a3a36
Hasta la fecha las Revisiones Periódicas de Seguridad (RPS) deben realizarse cada 10 años y coinciden con el tiempo de duración las licencias. Esta coincidencia es una buena práctica reconocida internacionalmente y asumida por el CSN desde hace 20 años. Es la primera vez en la historia de la seguridad nuclear española que un titular ha solicitado una renovación de una autorización de explotación de una planta nuclear por un período de tiempo superior a los 10 años. Desde el punto de vista de la seguridad nuclear y radiológica, el Pleno no ha aclarado aún si puede o no aceptarse esta anómala solicitud de Nuclenor.
(2): Resumen del proceso de Garoña. La central nuclear de Garoña alcanzó el límite de su vida de diseño de 40 años en 2011 y tenía permiso de operación hasta el 6 de julio de 2013. En julio de 2012, el Ministerio de Industria revocó parcialmente la Orden Ministerial que establecía el cese de explotación hasta esa fecha. Nuclenor solicitó un aplazamiento para pedir esta nueva ampliación de vida, que no le fue concedido en 2012, pero sí en 2013. A pesar de que finalmente consiguió este aplazamiento no solicitó una nueva licencia y el Ministerio de Industria procedió a declarar el cese de explotación definitivo. Tras el cese, se modificó el Proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, que amparaba la posibilidad de una nueva solicitud de ampliación de vida para Garoña. El 22 de febrero de 2014 el Consejo de Ministros aprobó esta nueva norma y Nuclenor solicitó el 27 de mayo de 2014 una licencia para operar hasta el año 2031. No obstante, en diciembre de 2012 Garoña se desacopló de la red eléctrica alegando motivos económicos, motivo por el cual el 17 de julio de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le impuso la máxima multa posible.
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