Greenpeace se enfrenta al juicio más duro para la organización en sus 30 años de activismo pacífico en España

Comunicado de prensa - noviembre 18, 2014

16 activistas y un fotoperiodista independiente se exponen a penas de casi tres años de cárcel acusados de desórdenes públicos, daños y lesiones.

Greenpeace podría tener que pagar 360.000 euros como presunto responsable civil subsidiario.

La organización ecologista recuerda que siempre cumple con su derecho y deber de defender el medio ambiente de forma pacífica.

Greenpeace ha comparecido hoy ante los medios ante el juicio más duro al que se enfrenta en sus 30 años de presencia en España. 16 activistas y un fotoperiodista independiente se exponen a dos años y ocho meses de cárcel por una protesta pacífica para denunciar el peligro nuclear en la central nuclear de Cofrentes (Valencia) el 15 de febrero de 2011. Además, la organización ecologista podría tener que afrontar un pago de 357.371 euros en concepto de multas e indemnizaciones como presunto responsable civil subsidiario (1).

El director de la organización, Mario Rodríguez, ha recordado en rueda de prensa en Madrid que Greenpeace lleva 30 años de activismo pacífico en España, como demostró el pasado fin de semana en Canarias y en 2011 en Cofrentes. Greenpeace nunca ha eludido la justicia, aunque sí pide proporcionalidad. Sobre el caso que se juzgará en diciembre, la ONG ecologista organizó una manifestación pacífica frente a la central nuclear de Cofrentes contra la ampliación de su vida útil hasta 2022. Los activistas encausados entraron en el recinto y pintaron “PELIGRO NUCLEAR” sobre una de las torres de refrigeración de la central nuclear y expusieron así la falta de seguridad de la planta. Un fotoperiodista independiente cubrió la protesta en el ejercicio de su profesión.

“La desproporcionada actuación contra Greenpeace en la acción pacífica de Canarias pone de manifiesto que cada vez sale más caro defender el medio ambiente. ¿Es justo y proporcionado que por pintar “peligro nuclear” en una torre de refrigeración en Cofrentes, 16 activistas y un fotoperiodista independiente se expongan a penas de cárcel y se pida a Greenpeace 360.000 euros? No puede salir más caro defender el medio ambiente que destruirlo”, ha subrayado Rodríguez.

Greenpeace lleva 30 años de activismo pacífico en España, amparada por el artículo 45 de la Constitución, que establece el derecho y el deber de defender el medio ambiente (2). Mientras tanto, la central nuclear de Cofrentes cumple también tres décadas de funcionamiento con una larga serie de fallos y problemas de seguridad sin resolver (3).

La organización ecologista subraya además que la inseguridad de esta planta es cada vez mayor, pues cada vez está más envejecida. El propio Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) puso de manifiesto la falta de cultura de seguridad de la central el pasado mes de octubre, cuando apercibió a Iberdrola, empresa propietaria, por el trato que dió a los inspectores del organismo regulador durante su reciente visita para revisar la seguridad física de la instalación (4).

Por todo ello, Greenpeace lanza la campaña “MISIÓN COFRENTES: ARTÍCULO 45. Defender el medio ambiente es un DEBER. Protestar, nuestro DERECHO”. Los 16 activistas encausados son originarios de todos los puntos del Estado, desde Mallorca hasta Zaragoza o Murcia, y de todas las edades, desde los 52 años de Marcelí, un trabajador autónomo de Barcelona a los 23 años de Amanda Luna, una profesora de música de Valladolid.

“A todos los que estuvimos allí nos une la preocupación y el profundo compromiso con un medio ambiente sano y seguro para todos. Mis padres me enseñaron desde pequeña a cuidar la naturaleza y nuestro entorno y creo que es mi deber luchar por un futuro mejor, al igual que mis compañeros”, ha defendido Amanda Luna del Río, portavoz de los activistas.

Además de los 16 activistas, el prestigioso fotoperiodista independiente igualmente encausado es Pedro Armestre (Premio Ortega y Gasset, Rey de España o Picture of the Year). Cubrió la protesta como parte de su trabajo y se expone a la misma pena que los activistas. El Ministerio Fiscal, Iberdrola como empresa propietaria de la central nuclear y los guardias jurados del recinto presentes el 15 de febrero de 2011 acusan a los 17 de desórdenes públicos, daños y lesiones. Sobre aquella protesta pacífica, el CSN afirmó entonces que “en ningún momento los miembros del grupo ecologista han accedido a zonas vitales de la instalación ni se ha puesto en peligro la seguridad de la planta” (5).

El juicio oral se celebrará los días 4, 5, 9, 10 y 11 de diciembre de 2014 en el Juzgado de lo Penal nº 11 de Valencia. Hasta entonces Greenpeace planteará distintas “misiones” a todo aquel que quiera manifestar su apoyo a estos 17 ciudadanos a través de las redes sociales y bajo el hashtag #Misión45.