Comunicado de prensa - marzo 27, 2014
Después de las reticencias expresadas hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al Anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (1), Greenpeace exige al Gobierno de Mariano Rajoy la inmediata paralización de esta norma y de la propuesta de reforma del Código Penal hasta que ambos textos legislativos estén adaptados a la Constitución y no limiten derechos.
"Es necesario que tanto la conocida como Ley Mordaza como el proyecto de reforma del Código Penal que se está discutiendo actualmente en el Congreso sean retiradas inmediatamente, ya que no cuentan con el consenso entre los poderes judicial y legislativo y son rechazadas frontalmente por la sociedad civil que siente que sus derechos se están criminalizando", ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace.
Greenpeace, que ya denunció las posibles irregularidades del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana el pasado mes de febrero (2), comparte las críticas contenidas en el informe del CGPJ. Asimismo, la organización ecologista quiere resaltar las graves consecuencias que tendría para algunos derechos fundamentales (como la libertad expresión y de manifestación) la eliminación de las faltas penales en el Código Penal, algo que está siendo discutido actualmente en el Congreso.
Según el CGPJ, tipificar lo que actualmente son faltas penales como infracciones administrativas tiene como consecuencia, entre otras, que será la Administración, y no un órgano judicial, quien imponga las sanciones y que para revisarlas será necesario el pago de tasas judiciales (que no existen en el procedimiento penal). Además, también implica que las declaraciones de los agentes que formulen denuncia gozan de carácter probatorio.
El informe del CGPJ afirma que no se adecúa a la Constitución el excesivamente amplio poder de intervención de los poderes públicos recogido en el anteproyecto. Tampoco, siempre según el informe, puede considerarse que algunas de las conductas tipificadas en el anteproyecto puedan comprometer la seguridad pública. El informe cuestiona asimismo que la ley pueda responsabilizar a los organizadores y promotores de reuniones y manifestaciones de las infracciones cometidas en actos en lugares públicos.
Como numerosas organizaciones sociales vienen denunciando desde hace casi un año, las reformas que los ministerios de Justicia e Interior están llevando a cabo, que incluyen la ya aprobada Ley de Tasas y la reforma del Código Penal que se está discutiendo en el Congreso, son una respuesta directa y desproporcionada contra las diversas formas de protesta civil pacífica que se están produciendo debido a la crisis del sistema actual.
Resulta muy revelador sobre las intenciones del ministro Fernández que el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana incluya infracciones que se refieren a las nuevas formas de expresión del descontento ciudadano (escraches, oposición a desahucios, grabación de la acción policial, acampadas...). Además, incorpora infracciones que aluden a las actividades de denuncia pacífica que organizaciones como Greenpeace suelen realizar: escalamiento de edificios públicos (infracción grave), bautizada como "cláusula Greenpeace", o las manifestaciones no comunicadas "en infraestructuras críticas o en sus inmediaciones", como centrales nucleares (infracción grave).
"Al ministro Fernández se le ha ido la mano y solo la retirada de esta ley y la paralización de la reforma del código penal pueden solucionar el embrollo en el que ha metido el Ministro al Gobierno de Rajoy", ha concluido Soto.
Notas:
(1) El CGPJ propone limitar las causas de intervención de las Fuerzas de Seguridad y el deber de denuncia.
(2) Análisis de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Fin del comunicado