Comunicado de prensa - noviembre 29, 2013
Como reacción a la aprobación hoy en Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de Protección de Seguridad Ciudadana, Greenpeace anuncia que, a pesar de las modificaciones, se mantiene íntegramente el carácter coercitivo de la ley y reitera su rechazo.
Por ello, la organización ecologista adoptará las medidas que considere oportunas para frenar lo que considera un ataque frontal a la protesta pacífica y a la desobediencia civil que han sido claves históricamente para alcanzar importantes avances sociales y ambientales, y que son piedra angular de la democracia.
Manifestar la discrepancia ante las instituciones y realizar actos de protesta pacífica son, en democracia, vías políticas legítimas para promover reformas legales y mejoras sociales y ambientales. Además, es una seña de identidad de Greenpeace desde hace más de 40 años con la que se han logrado importantes avances en la defensa del medio ambiente.
"Con esta reforma legal, el Gobierno está rompiendo la baraja del juego democrático. Ahoga de un plumazo la discrepancia y la protesta, demostrando así su temor a las libertades. Se habla de una nueva transición política hacia una mayoría silenciada más que silenciosa. Greenpeace ni puede, ni quiere, aceptar este retroceso", ha declarado Sara del Río, portavoz de Greenpeace España
Greenpeace comenzará a analizar el texto final de este anteproyecto de ley para conocer en profundidad su contenido y valorar el alcance de sus repercusiones sociales. Según se ha conocido, este anteproyecto ha rebajado las cuantías de las sanciones para determinadas infracciones, que han pasado de muy graves a graves, en comparación con el texto inicialmente propuesto por el Ministerio del Interior. La organización considera que esta rebaja de la ley es solo de forma ya que mantiene su carácter silenciador.
"Este Anteproyecto de Ley es un paso más en el plan de recorte de los derechos fundamentales en los que este Gobierno se ha embarcado. Primero poniendo trabas al acceso a la Justicia con las tasas judiciales y ahora con la imposición de multas de elevada cuantía económica en vía administrativa a través de esta nueva norma que tipificará conductas que ya se encontraban en el Código Penal y así impedir a los ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos constitucionales que tantas generaciones costó conseguir", ha señalado Jose Manuel Marraco, responsable de los servicios jurídicos de Greenpeace España.
Este anteproyecto incluye entre sus infracciones administrativas graves la desobediencia civil y la escalada o precipitación desde edificios públicos como vía de protesta lo que puede conllevar multas que pueden ascender hasta 30.000 euros. Greenpeace entiende que con esta estrategia de deriva a la vía contencioso administrativa el Gobierno pretende ahogar las voces discrepantes imponiendo multas cuantiosas evitando un control judicial previo (que ha sido mayoritariamente favorable a los manifestantes en las últimas ocasiones), reduciendo, así, las garantías del denunciado. Además, el recurso por la vía contencioso-administrativa implicará el pago de las tasas judiciales.
Para mostrar su rechazo Greenpeace llevó a cabo el pasado sábado, 23 de noviembre, una acción de protesta en el Edificio España. Tres escaladores desplegaron una pancarta de 315 metros en la que se leía "NO a la #LeyAntiProtesta". El lugar fue elegido porque era la cabecera de la manifestación de los movimientos sociales en Madrid en la que se reivindicaban causas sociales y se mostró el rechazo a este Proyecto de Ley.