Greenpeace junto a otras organizaciones ecologistas y la Izquierda Plural han presentado una enmienda al proyecto de ley sobre sostenibilidad energética

El proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que ha presentado el Gobierno es incoherente con el objetivo que plantea en la exposición de motivos y en el propio título de la ley. El conjunto de medidas que plantea ahonda precisamente en la insostenibilidad de nuestro modelo energético y en la miopía de la política energética llevada a cabo por el Gobierno donde lejos de resolver los problemas sistémicos se empecina en medidas estrictamente recaudatorias y cortoplacistas.

Las medidas planteadas no persiguen un uso más eficiente de los recursos ni la internalización de los costes medioambientales derivados de la producción de energía eléctrica; al imponer una tasa igual a todas las tecnologías el Gobierno olvida y margina la aportación económica, medioambiental y social de las energías renovables al conjunto del sistema eléctrico.

La enmienda a la totalidad con texto alternativo presenta alternativas para avanzar en una fiscalidad verde auténtica mediante una reforma integral que persigue un cambio de modelo radical como salida a la crisis económica y ambiental actual. Se trata de una fiscalidad más justa porque internaliza los costes ambientales y sociales, que en estos momentos recaen sobre el conjunto de la ciudadanía.

Se proponen alternativas para avanzar en materia energética, poniéndonos a la altura de la UE, siguiendo las directivas europeas y los objetivos marcados de fomento de las energías renovables y las políticas de ahorro y eficiencia energética. Se promueven los sectores económicos más sostenibles, que son intensivos en puestos de trabajo y ayudan a su creación.

Esta enmienda, que se ha presentado esta mañana en rueda de prensa en el Congreso, acomete cambios en el actual marco normativo fiscal introduciendo criterios ambientales en impuestos existentes, creación de nuevos impuestos y reforma con criterios ambientales de la fiscalidad de las haciendas locales.

Se prevén nuevos impuestos sobre la energía nuclear, el vertido y la incineración de residuos y las bolsas de plástico. Estos impuestos se suman a modificaciones que se introducen en los impuestos existentes sobre hidrocarburos, matriculación, impuesto de sociedades, IRPF e IVA.

Por lo que respecta a las haciendas locales se modifican las tasas de residuos, el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto de circulación, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y el IAE, y se crea un nuevo impuesto municipal potestativo sobre la pernocta.

Los participantes en la presentación de la PL han subrayado que con esta iniciativa se persigue gravar en mayor medida las actividades más contaminantes, eliminar ciertos beneficios fiscales ambientalmente injustificables y bonificar las prácticas más sostenibles. “El objetivo fundamental y prioritario de la propuesta es modificar comportamientos de los ciudadanos y las empresas en el consumo de bienes y servicios, sustituyendo unos, los de mayor impacto ambiental y emisiones de CO2, por otros de menor impacto y más eficientes energéticamente”, han insistido.

También se busca promocionar sistemas de transporte y usos del suelo “más sostenibles” con transporte público y vehículos menos contaminantes, rehabilitación, agricultura más sostenible, energías renovables e inversiones medioambientales.

Algunas de las modificaciones que se introducen en los impuestos actualmente existentes son:

• En el impuesto sobre hidrocarburos se elimina la exención que hasta ahora tenía para los vuelos domésticos, se aumentan las tarifas del fuelóleo y se busca la convergencia de tipos entre el gasóleo y la gasolina.
• En el impuesto sobre determinados medios de transporte (matriculación) Se elimina la exención del impuesto de la que disfrutaban hasta ahora todas las embarcaciones de recreo y las aeronaves y en los vehículos y motocicletas se refuerza el vínculo entre el tipo impositivo y las emisiones de CO2 aumentando el número de categorías existentes y tomando en consideración otras formas de contaminación por medio de las categorías euro.
• En el Impuesto de sociedades se introducen deducciones para inversiones de ahorro de energía y agua y en gastos para favorecer la movilidad sostenible de sus trabajadores.
• En el IRPF se introduce una deducción por adquisición de abonos de transporte público por parte de los trabajadores.
• En el IVA se aplicaría el tipo normal en vez del reducido a servicios como la fumigación de plantaciones o el transporte aéreo y se aplicaría, sin embargo, el IVA reducido a las rehabilitaciones y viviendas protegidas.

Los nuevos impuestos (estatales) que se crearían son:

• Un impuesto sobre la producción de energía nuclear y la generación, depósito y almacenamiento de residuos radiactivos, cuya recaudación se destinaría en parte a un Fondo para el desarrollo alternativo de las zonas donde se ubican las centrales.
• Un impuesto sobre el vertido y la incineración de residuos, cuyos ingresos se cederían a las CC.AA. y del que se excepcionan las CC.AA. que ya lo tienen establecido.
• Un impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso, similar al establecido por Irlanda.
• Un impuesto sobre el cambio de uso del suelo cuya finalidad es desincentivar la urbanización excesiva gravando las actuaciones de nueva urbanización y favorecer un urbanismo compacto. La recaudación se destinaría al Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad creado por la ley 42/2007.
• Un impuesto sobre sustancias de elevado nivel de preocupación, como las clasificadas por la normativa como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, para favorecer el consumo de sustancias alternativas menos dañinas para la salud humana y laboral.

Por lo que respecta a las Haciendas locales se modificarían en el siguiente sentido:

• Las tasas de residuos se definirían con criterios ambientales.
• Los tipos del IBI se modularían en función del certificado energético del edificio y tendría un recargo la segunda residencia.
• El impuesto de circulación se modularía también en función de las emisiones de CO2 y de las categorías euro, con la exención de vehículos eléctricos y adscritos al carsharing.
• En el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se diferenciaría entre las de suelo urbano consolidado o edificado y las unifamiliares y se bonificaría el aprovechamiento de aguas grises. Similar diferenciación se aplicaría en el impuesto de plusvalías.
• Se define un impuesto sobre la pernocta, que gravaría la estancia en alojamientos turísticos, que se podría aplicar voluntariamente por parte de los ayuntamientos.
• En el IAE se eliminaría la bonificación que ahora tienen las empresas alejadas del casco urbano, que actualmente carece de sentido, y se bonificaría a empresas con transporte colectivo o plan de movilidad, o con sistema de gestión ambiental EMAS

Esta Proposición de Ley no tiene la intención de incrementar la recaudación sino actuar sobre las vías por las que se obtiene dicha recaudación, favoreciendo una economía más sostenible. Aumenta en algunos casos la recaudación fiscal (hidrocarburos, energía nuclear, vertido e incineración, bolsas de plástico, pernocta, cambio de uso del suelo, tasas de residuos...), pero la disminuye en otros casos (impuesto de sociedades, IAE, IRPF...). En otros casos como en el IVA o en los impuestos de matriculación y circulación aumenta o disminuye la recaudación en función del tipo de productos objeto de gravamen.
Los ingresos que se deriven de esta propuesta no tendrían por lo general destino finalista, sino que irían a las arcas del Estado, de las Comunidades Autónomas o de los municipios, con la excepción únicamente del impuesto sobre la energía nuclear que se destinaría parcialmente a un Fondo estatal para la reactivación de las zonas donde se ubican las centrales nucleares y del impuesto sobre el cambio del uso del suelo que podría ir al ya existente Fondo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.