Comunicado de prensa - febrero 3, 2012
Tras la sentencia del pasado mes de octubre del Tribunal Supremo, de 30 de septiembre, que anulaba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Greenpeace notificó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el Ayuntamiento de Carboneras estaba incumpliendo esa sentencia.
El consistorio sigue contemplando el sector de El Algarrobico urbanizable en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el TSJA le instaba el pasado mes de enero a acreditar en diez días “la adopción de medidas para reestablecer al espacio de
El Algarrobico el nivel de protección que tenía aprobado en el PORN de 1994 como espacio protegido no urbanizable”. El TSJA notificó esta providencia el 24 de enero de 2012, por tanto al Ayuntamiento le quedan tres días para cumplir con la legalidad.
La sentencia del Supremo reafirma la del TSJA que obliga a aplicar en el paraje de El Algarrobico el PORN de 1994. Este Plan otorgaba un alto grado de protección ambiental y lo consideraba no urbanizable. El fallo del Supremo señalaba que de aplicarse el PORN de 2008 se produciría un efecto devastador en la zona de El Algarrobico al incluirlo en la zona C.3, donde son compatibles las nuevas edificaciones y la rehabilitación de las existentes.
'Cumbre de El Algarrobico'Por otro lado, mañana sábado el Ayuntamiento de Carboneras ha convocado un encuentro para
“profundizar en el asunto de la situación del hotel de El Algarrobico”. A esta reunión solo acudirá la promotora Azata de Sol ya que todos los grupos ecologistas han declinado su asistencia. Greenpeace considera que la Justicia se ha encargado ya de resolver el problema al declarar nula la licencia de obras, el PORN y el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, por lo que el único destino posible para el hotel es la demolición.
“El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, considera que las partes implicadas se tienen que conocer en esta cumbre, pero para Greenpeace lo que tiene que hacer el nuevo consistorio es cumplir las leyes y las sentencias judiciales:
anular la licencia de obras ilegal y reconocer en su plan urbanístico que no se puede urbanizar en ese sector del Parque Natural”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace. “Además, Greenpeace ya conoce la promotora Azata del Sol; nos reclama más de 200.000 euros y persigue a 40 activistas de nuestra organización por las acciones de denuncia pacíficas realizadas en el hotel”, ha agregado Marcos.