Activistas de Greenpeace en la Plaza del Pilar de Zaragoza, para denunciar que en España (y concretamente en Zaragoza) se están fabricando bombas de racimo que podrían ser vendidas a países en conflicto.
Las organizaciones de la CMC Barcelona (Fundació per la Pau,
Justicia i Pau, Moviment per la Pau y el Comité Catalán de Ayuda al
Refugiado) y Greenpeace quieren mostrar su satisfacción porque el
texto del borrador no fue "rebajado" durante esta reunión crucial.
Y saludan el papel jugado por el país anfitrión, Nueva Zelanda, por
su fuerte compromiso con un Tratado de prohibición claro e
inequívoco. También puede ser valorado como un gran éxito el hecho
de que 82 países hayan firmado el texto.
Más de 500 representantes de 122 Gobiernos, así como
organizaciones de la sociedad civil y supervivientes de las bombas
de racimo procedentes de 38 países, se reunieron del 18 al 22 de
febrero en Nueva Zelanda para participar en el penúltimo encuentro
del Proceso de Oslo.
Después de intensas discusiones hubo un amplio acuerdo sobre el
texto de los artículos que se refieren a la asistencia a las
víctimas, limpieza de áreas contaminadas por submuniciones sin
detonar y destrucción de arsenales. Las propuestas de algunos
países, especialmente europeos, que pretendían "diluir" el texto e
introducir excepciones a la prohibición, no fueron aceptadas. Y,
aunque serán discutidas de nuevo en Dublín, el texto final del
borrador no las incorpora.
Los Estados que ahora o en el pasado han usado, producido y
almacenado bombas de racimo, y que han suscrito la Declaración de
Wellington, deben mostrar la voluntad política de negociar este
Tratado, para prevenir más muertes de civiles y asistir a las
víctimas en las décadas futuras.
Los asuntos más polémicos y discutidos son posibles excepciones
al Tratado para algunos tipos de bombas de racimo (con determinadas
características técnicas); periodos de transición en los que,
aunque hayan sido prohibidas, todavía podrían utilizarse; y el uso
de bombas de racimo en operaciones militares realizadas
conjuntamente con países que no sean parte del Tratado. Otro asunto
controvertido es la responsabilidad de países que han usado en el
pasado bombas de racimo de ayudar a su limpieza y retirada.
Para la CMC Barcelona y Greenpeace la situación está clara: las
bombas de racimo ya no tienen sentido. Se trata de un arma propia
de la Guerra Fría, diseñada para utilizarse contra columnas
blindadas del Pacto de Varsovia en las llanuras centroeuropeas.
Pero, cuando se usan en los campos de olivos del sur de Líbano, y
en los abarrotados suburbios de Basora, de forma inevitable matan
civiles, además de que no suponen una ventaja militar.
Durante la semana, los países en vías de desarrollo han
expresado de forma rotunda su apoyo a un Tratado que prohíba todas
las bombas de racimo. Estados como Laos, Líbano, Indonesia y
Nigeria han reclamado un Tratado lo más fuerte posible, sin
excepciones por razones técnicas que ellos nunca serán capaces de
cumplir. Las preocupaciones y dudas expresadas por una minoría de
Estados, especialmente los europeos, han sido recopilados en un
documento adjunto que será discutido en Dublín, pero que sin duda
no tiene el mismo peso que el texto del Tratado.
La CMC Barcelona y Greenpeace felicitan al Gobierno español por
haber firmado la Declaración de Wellington. Éste es un paso
positivo, que está en consonancia con su compromiso de apoyar todas
las iniciativas dirigidas a la prohibición de las bombas de racimo
(expresado en el texto de la Ley de Comercio de Armas, aprobada el
pasado mes de diciembre).
Sin embargo, la insistencia de la delegación española en la
necesidad de consenso, y de que se tengan en cuenta las
preocupaciones de algunos países en relación a excepciones, etc.,
son un motivo de preocupación, ya que es un retroceso respecto a su
postura en la última cumbre de Viena. Apelamos al Gobierno español
a apoyar un Tratado sin excepción alguna, y a dar prioridad a las
consecuencias humanitarias de este tipo de armas.