Greenpeace continúa por el Guadiana denunciando la gran operación urbanística que se está fraguando en todo el Bajo Guadiana con la connivencia de los municipios de la ribera, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y del Instituto del Agua portugués.
Según Naciones Unidas, España es el país más árido de Europa. Un tercio de
su superficie sufre una tasa muy elevada de desertificación y un 6%
ya se ha degradado de forma irreversible. Las zonas más afectadas
hasta ahora son la vertiente mediterránea y las islas Canarias.
La desertificación es un proceso de degradación de tierras por
efecto directo de la acción humana. Las principales causas de este
proceso son la sobre explotación de los recursos hídricos, la
agricultura intensiva, la tala indiscriminada de bosques, el sobre
pastoreo, los incendios y la ocupación del suelo por el negocio
inmobiliario.
Los ecologistas denuncian hoy que el PEAG fomentará un
incremento significativo de la desertificación en la mayor área de
humedales del centro de la península, unos ecosistemas
imprescindibles para el equilibrio del clima y la conservación de
los cada vez más escasos recursos hídricos y la biodiversidad que
albergan.
Para las organizaciones ecologistas, el PEAG no sólo no
corregirá el desastre ecológico de sobreexplotación y de falta de
gestión hídrica, sino que promoverá un proyecto medioambiental
ineficaz con la excusa de recuperar las Tablas de Daimiel y otros
humedales de la zona. Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena piden
la profunda rectificación modelo de consumo de agua del PEAG y
exponen alternativas para la elaboración de un nuevo plan para la
recuperación hídrica de la zona, entre otras razones, porque:
- Otorga a Castilla-La Mancha más de 3.900 millones de
euros, el presupuesto más alto que se ha dado jamás a un proyecto
"ambiental". Sin embargo, el dinero, en su mayor cuantía, no se
utilizará en la recuperación del Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel ni del resto de humedales, sino en mantener una agricultura
insostenible y la sobreexplotación ilegal del agua de los acuíferos
disfrazado en forma de "reconversión agrícola". Las ONG ambientales
proponen que la mayor parte del presupuesto se dirija a
reconvertir el regadío y sus servicios hacia otro tipo de
desarrollo económico, industrial y social, y a la recuperación del
patrimonio natural.
- No cumple la Directiva Marco del Agua (DMA) y consolida
el alarmante déficit de los acuíferos sobre explotados. Por
exigencia de Castilla-La Mancha, el PEAG mantendrá una extracción
legal de 200 Hm3/año en el acuífero 23 (según el PEAG, actualmente
se consumen hasta 400 Hm3/año por las extracciones ilegales). Pero
este volumen no reduce la sobreexplotación, pues es el mismo que ya
exige en la actualidad la Confederación Hidrográfica del Guadiana a
los regantes legales en su Régimen anual de explotación. Esta falta
de compromiso real y de falta de transparencia en la toma de
decisiones para cambiar la situación llevará a que no se cumplan
las obligaciones que exige la DMA ni en su segunda prórroga de
2027. Conseguir la recuperación mediante el PEAG nos llevaría en el
mejor de los casos hasta 2042. Por ello, se debería realizar un
esfuerzo conjunto de todas las partes implicadas, y la Junta y los
regantes tendrían que bajar de 130 Hm3/año su pretensión de consumo
si se quieren cumplir realmente los objetivos pretendidos en el
Plan.
- Subvenciona la consolidación de usos ilegales del agua
en el Guadiana. El Plan prevé comprar derechos de riego a los que
los poseen legalmente. Pero al incluir al mismo tiempo la exigencia
de Castilla-La Mancha de mantener la misma superficie de regadío,
implicará que se siga usando la misma cantidad de agua que hasta
ahora y en buena parte por los regantes ilegales, que no serán
eliminados por el proceso de compra. Para las ONG, el Ministerio de
Medio Ambiente debería prioritariamente comprar derechos sin
admitir la superficie regada que reconoce Castilla-La Mancha y que
ha fomentado con su política agraria (i.e. viñedo en
espaldera).
- Es una amnistía de facto para los pozos ilegales. Las
medidas del PEAG para la sanción de los regantes ilegales no son
creíbles pues son similares a las actuales. La Confederación
Hidrográfica del Guadiana no realiza ningún tipo de medida eficaz
contra los 60.000 pozos ilegales. Si la Confederación admite que
los 2.000 expedientes que ha abierto están paralizados y que sólo
han cerrado 6 pozos en el último año, ¿Dónde está el resto?. Las
ONG solicitan que el Gobierno incremente los mecanismos de sanción,
pero ello pasa porque La Junta cree un entorno socioeconómico
propicio activando de inmediato las alternativas de
reconversión.
- Encubre y paga un nuevo trasvase desde el Acueducto
Tajo-Segura (ATS) a la Llanura Manchega que afectaría negativamente
a las provincias de Toledo y Guadalajara, a Extremadura y Portugal.
Con la pérdida de caudal empeorará la sequía en el alto Tajo y
secará el cauce en La Sagra y Talavera. También, aumentará la
contaminación del agua de los embalses que ya están bastante
eutrofizados aguas abajo de Toledo. Las ONG consideran que no puede
justificarse el aumento de la oferta de agua a la zona, pues el
trasvase reactivará el consumo de agua.
- Provocará una contaminación irreversible de las aguas
subterráneas. El PEAG no introduce medidas que ayuden a disminuir
el vertido continuado de nitratos, fosfatos y pesticidas
procedentes de las aguas de retorno de la agricultura intensiva,
que está contaminando los acuíferos. (nuestras reservas
estratégicas de agua). Los acuíferos 23 y 24 están seriamente
afectados y los niveles de nitratos ya superan en algunos puntos
los 50mg/l, el límite establecido por la legislación (Directiva
91/676, Real Decreto 261/96).
- No reducirá suficientemente el consumo de agua. Los
regadíos de la zona de los acuíferos sobre explotados del Alto
Guadiana son en estos momentos los mayores consumidores de agua de
España en proporción a sus recursos, pues utilizan más del 93% del
agua disponible.
- No tiene en cuenta suficientemente los efectos del
cambio climático. En la cabecera del Tajo las aportaciones medias
naturales se han reducido desde finales de los años setenta a la
actualidad en un 50,16%. La situación en el Alto Guadiana es
similar.
- Castilla-La Mancha quiere usar el PEAG con fines
políticos para reivindicar el agua del Acueducto Tajo-Segura y dar
un paso adelante hacia la declaración de su caducidad. El PEAG
esconde la pretensión del Gobierno de Castilla-La Mancha de que el
Alto Guadiana sea considerada una cuenca con déficit hídrico en
2008. De conseguir esta clasificación podría utilizarse como
argumento para restar derechos del trasvase a Murcia.
Notas para el editor:
Los humedales del Alto Guadiana juegan un papel esencial en el
ciclo hidrológico y la conservación de la biodiversidad. Por
ejemplo, en el almacenamiento de recursos hídricos y en la recarga
de acuíferos. Precisamente, las reservas de agua subterráneas han
permitido que existieran en el Alto Guadiana 106 humedales. Algunos
de gran extensión, como el Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel, con más de 2.000 hectáreas inicialmente inundadas. El alto
valor ecológico de estas zonas húmedas llevó a incluirlos en el
conjunto denominado "Mancha Húmeda", declarado Reserva de la
Biosfera por la UNESCO.
La sobreexplotación de los acuíferos 23 y 24 ha provocado ya la
desaparición del 60,38% de la Mancha Húmeda. El Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel mantiene en estos momentos y después de las
intensas lluvias de esta primavera 26 ha inundadas, todas ellas
artificialmente gracias a los bombeos desde pozos profundos. El
PEAG sería la sentencia definitiva para la desaparición de este
último reducto de la biodiversidad manchega: En definitiva, un paso
irreversible hacia la desertificación