Exposición fotográfica "Niños de Chernobil"
El escape al medio ambiente de partículas de material altamente
radiactivo (principalmente de cobalto-60) por la central nuclear de
Ascó-1, propiedad de Endesa e Iberdrola, ocurrido en noviembre de
2007 y del que sólo se ha tenido conocimiento meses después (a
través de Greenpeace, que lo denunció el 5 de abril, inmediatamente
después de ser alertada por algunos trabajadores), es una nueva
demostración de la política secretista de la industria nuclear y
del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). También es una prueba más
de la inaceptable peligrosidad de la energía atómica.
El coste en vidas humanas del accidente de Chernóbil de 1986, la
mayor catástrofe nuclear hasta ahora conocida, se cifra ya en más
de 200.000, según estudios publicados en 2006, entre ellos de la
Academia de Ciencias Rusa. La posibilidad de que se produzca un
grave accidente de consecuencias aún peores que el de Chernóbil ha
aumentado en los últimos años debido a la coincidencia de una serie
de factores que afectan negativamente a la seguridad: el
envejecimiento de los reactores, los fallos propios de una
tecnología intrínsecamente peligrosa y la cada vez menor Cultura de
Seguridad de los operadores de centrales como consecuencia de la
falta de competitividad de la energía nuclear en un mercado
eléctrico liberalizado.
En el parque nuclear español se unen todos esos factores. El
caso de Ascó-1 es un claro ejemplo de la falta de preocupación por
la seguridad, un problema que se repite desde hace años. Así, la
Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV), que gestiona las
centrales de Ascó-1, Ascó-2 y Vandellós-2, ya fue sancionada en
2006 por un grave suceso ocurrido en 2004 en esta última central.
El CSN lo calificó como "el más grave después del accidente de
Vandellós-1" (ocurrido en 1989), ya que afectaba al sistema de
refrigeración del núcleo del reactor. El CSN reconoció, en 2005, en
una investigación en el Congreso de los Diputados, que ANAV
priorizó sus intereses económicos a la seguridad y mantuvo
Vandellós-2 funcionando durante meses en condiciones de "seguridad
degradada".
"La energía nuclear, además de peligrosa y sucia, ha demostrado
no ser competitiva. Por ello, los propietarios de centrales
nucleares tratan de maximizar beneficios a costa de reducir los
márgenes de seguridad, lo que aumenta el riesgo de sufrir un
accidente grave", -ha declarado Carlos Bravo, responsable de la
campaña Nuclear de Greenpeace.
La media de edad de todas las centrales españolas es de casi 25
años (su vida útil técnica) y todas presentan, en mayor o menor
medida, problemas de envejecimiento. En especial, la central de
Santa Mª de Garoña (Burgos), la más antigua en funcionamiento
(inaugurada en 1971), sufre graves problemas de agrietamiento por
corrosión en diversos componentes de la vasija del reactor,
fundamentales para la seguridad. Además, su aportación eléctrica es
marginal (menos del 1,3% del total) y está más que compensada por
la producción procedente de las renovables.
El Gobierno socialista de Zapatero debe cumplir su compromiso de
cerrar las centrales nucleares de forma progresiva y sustituir su
aportación energética por "energías limpias, seguras y menos
costosas", como aseguró en su programa electoral de las Elecciones
Generales 2008.
"El Gobierno socialista puede cerrar las nucleares fácilmente
pues la viabilidad técnica y económica de un sistema de generación
eléctrica basada al 100% en energías renovables es un hecho ya
comprobado científicamente", -ha declarado Juan López de Uralde,
Director Ejecutivo de Greenpeace. "Sólo hace falta tener la
voluntad política para hacerlo. Zapatero tiene que decidirse ya
entre respetar la palabra dada a los ciudadanos o sucumbir a las
presiones del looby nuclear".
Como demuestra el caso de Alemania, con técnicas de eficiencia
energética y con renovables se lograrían reducciones de emisiones
de CO2 más importantes y de forma mucho más rápida y menos costosa,
que apostando por la energía atómica. La exitosa experiencia de
Alemania se contrapone con el fiasco de crecientes proporciones de
los dos proyectos estrella de la industria nuclear: el de
Olkiluoto-3, en Finlandia, y el de Flamanville-3 en Francia.
La central de Olkiluoto-3, el buque insignia del pretendido
"renacimiento" nuclear, hace aguas por todos lados. Su construcción
se inició en 2005 y se afirmó que se construiría en un tiempo
récord de 4 años: oficialmente se reconoce que acumula ya 2 años de
retraso sobre el calendario previsto (el tiempo medio de
construcción de los reactores nucleares terminados entre 1995 y
2000 fue de 116 meses, es decir cerca de 10 años) y que tiene un
sobrecoste de 1.500 millones de euros sobre los 2.500 M€
presupuestados.
En Francia, después de tan sólo tres meses de construcción de la
central nuclear de Flamanville 3, inspectores de la Agencia gala de
Seguridad Nuclear (ASN), han destapado el encubrimiento de una gran
cantidad de problemas de seguridad en el reactor EPR (siglas del
European Pressurised Reactor), que promueve la compañía estatal
francesa Areva como su diseño de reactor más barato, seguro y
fiable. Algunos ejemplos de estos problemas son: deficiencias en el
hormigonado de la base del reactor, aparición de grietas en la losa
base de hormigón del reactor, las soldaduras del revestimiento
metálico de la contención han sido realizadas por una empresa no
cualificada, un cuarto de las soldaduras son deficientes, etc.