Vista de la central nuclear de Garoña
En efecto, mientras que la realidad es que ENRESA lleva meses
negociando con diversos municipios (de los que ya se conocen
algunos nombres: Vandellós i L'Hospitalet de L'Infant, , Mora la
Nova y Tivissa en Tarragona y Almonacid de Zorita en
Guadalajara...), para ubicar en alguno de ellos el ATC, ofreciendo
a cambio la promesa de compensaciones millonarias y la habitual
oferta de nuevos puestos de trabajo, así como la instalación de un
centro de investigación, el Gobierno trata de aparentar que esa
decisión se tomará estrictamente con criterios técnicos y buscando
la transparencia y el consenso social.
Para ello, el pasado 6 de julio, el Gobierno ha creado la
"Comisión Interministerial para el establecimiento de los criterios
que deberá cumplir el emplazamiento del almacén temporal
centralizado de combustible nuclear gastado y residuos de alta
actividad, y de su centro tecnológico asociado" (mediante el Real
Decreto 775/2006, de 23 de junio - BOE num. 159, de 5 de
julio).
"El Gobierno debe dejarse de farsas como la Comisión
Interministerial recientemente creada y aceptar que esta estrategia
de ENRESA está abocada al fracaso, como sucedió en el pasado con
todos sus intentos anteriores, y que un problema tan serio como el
qué hacer con los residuos radiactivos no podrá solucionarse
desligando esta cuestión del futuro de las centrales nucleares, que
son las que producen estos peligrosos residuos", en opinión de los
responsables en materia de energía nuclear de Greenpeace y
Ecologistas en Acción. Para estos grupos esta Comisión
Interministerial no va a ser la solución para despejar el futuro de
la gestión de los residuos en España.
La amenaza para la salud pública y para el medio ambiente
que suponen los residuos radiactivos, unido al elevado coste
económico de su gestión (más de 13.000 millones de euros según el
Sexto Plan General de Residuos elaborado por ENRESA y aprobado
recientemente por el Ministerio de Industria), evidencian que el
problema de los residuos radiactivos es un problema de carácter
social, además de técnico.
La gestión de los residuos no se puede desligar del futuro
de las nucleares ni técnicamente ni socialmente. Por un lado, es
obvio que la estrategia de gestión y el tamaño y diseño de los
métodos de almacenamiento dependerán del número de centrales
operativas y del tiempo de funcionamiento de las plantas.
Pero también se trata de un problema de carácter social que
no se puede resolver sin un previo consenso social y político que
sólo se puede conseguir medio del diálogo entre todos los agentes
interesados, incluyendo las organizaciones ecologistas. Sólo este
diálogo permitirá alcanzar un acuerdo sobre el modo de gestión de
los residuos nucleares.
Así lo reconoció expresamente el Presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 30 de mayo, durante el
debate del Estado de la Nación. En respuesta al portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán, Zapatero dijo: "...y paralelamente también
está el tema de los residuos, que exige, sin duda alguna, un amplio
consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente,
que exige el mayor consenso territorial posible y ojalá el mayor
consenso político, porque, como muy bien sabe S.S., es un problema
de hondo calado. Por tanto, uno, mantenimiento del compromiso
electoral con la reserva -si usted me permite- en torno a la
energía nuclear de la garantía de nuestro suministro energético;
dos, para antes del final de la legislatura existe un compromiso
muy concreto y, tres, consenso en torno a los residuos...".
"Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran que el
problema de la gestión de los residuos de alta actividad sólo se
solucionará con un gran consenso social que únicamente podrá
alcanzarse poniendo sobre la mesa un calendario de cierre
progresivo pero urgente de las centrales nucleares. Entretanto
estos colectivos manifiestan que se opondrán activamente a los
planes de ENRESA de construir un Almacén Temporal Centralizado de
residuos radiactivos de alta actividad."
De hecho, hasta ahora, todos los intentos de los sucesivos
Gobiernos de instalar un cementerio nuclear han fracasado tras
provocar una inmensa contestación social, como en los casos del
proyecto IPES (Instalación Piloto Experimental Subterránea) en
Aldeadávila de la Rivera (Salamanca), a finales de los 80, del
proyecto de un ATC en Trillo en 1989 o del proyecto El Berrocal, en
Toledo de 1992.
Posteriormente, el proyecto de búsqueda de emplazamientos de
ENRESA, ya en su fase AFA (lugares de Alta Favorabilidad), suscitó
manifestaciones multitudinarias en todos los lugares designados
como candidatos: en Los Pedroches (Córdoba), Arribes del Duero
(Salamanca-Zamora), Burgos, etc., que obligaron al Gobierno central
en 1999 a suspender indefinidamente ese proyecto.
Los representantes de Ecologistas en Acción y Greenpeace
piden que se aprenda de los errores pasados y se elabore ese
calendario de cierre escalonado de nucleares, que por otra parte
está en el programa electoral del PSOE, abriendo así la puerta al
consenso para la búsqueda de la forma de gestión menos mala para
los residuos de alta actividad.