La DMA es la ley europea que rige la política desde el 2004 y
tendrá que cumplirse en su totalidad antes del 2015. Esta Directiva
trata de recuperar la calidad de las aguas continentales
abandonando la política de infraestructuras hidráulicas que se ha
demostrado ineficaz y obsoleta y adoptando una visión ambientalista
del medio hídrico que permita su adecuada protección.
Los principales problemas de la cuenca son:
-
La contaminación de los acuíferos. Las malas prácticas agrarias
han provocado que los acuíferos más importantes del archipiélago
estén afectados por contaminación por nitratos, con niveles
superiores a los 100mg/l (el límite legal es de 50 mg/l). Es el
caso de los acuíferos de Llano de Inca, sa Pobla y Migjorn.
-
Los vertidos a cauces. Los vertidos sólidos y líquidos
(principalmente aguas residuales sin depurar) están teniendo una
incidencia directa en el correcto desarrollo de los ecosistemas
asociados al medio fluvial e incluso están poniendo diversas
especies acuáticas en serio peligro de extinción, como el sapillo
balear o ferreret.
Si el Govern balear no pone los medios necesarios para paliar
esta grave situación y conservar su medio hídrico, en las Islas
Baleares se agravarán los problemas de disponibilidad de agua por
los elevados índices de contaminación y la creciente demanda que se
hace de la misma.
"La lucha contra la contaminación no sólo permitiría aumentar
más la disponibilidad de recursos hídricos que las desaladoras,
sino que es la única forma de asegurar que habrá agua para las
futuras generaciones.Es urgente que el Govern balear ponga fin a
los vertidos agrícolas y a la sobreexplotación de sus recursos
hídricos", ha declarado Juan López de Uralde, director ejecutivo de
Greenpeace.
"Es necesario también que el Govern deje de incumplir la ley y
lleve a cabo un plan general de saneamiento integral de las aguas
residuales. Si se siguen postergando estas medidas las Islas
Baleares no cumplirán los objetivos de la DMA", añadió Julio Barea,
responsable de la campaña de aguas de Greenpeace.
Éstas son algunas de las conclusiones que Greenpeace ha extraído
sobre las Islas Baleares en su informe "Agua: la calidad de las
aguas en España. Un estudio por cuencas", el primero que analiza la
totalidad de las aguas continentales españolas (ríos, acuíferos,
lagos, humedales, estuarios, rías...).
Greenpeace ha realizado esta investigación para conocer el
estado de las aguas continentales en un momento crucial: la entrada
en vigor de la DMA. El estudio se centra en la calidad de los
recursos hídricos, que será en el futuro la que marcará la
disponibilidad del agua en todo el Estado. El término calidad
incluye la contaminación (grado de toxicidad de los diferentes
vertidos), el estado ecológico de las aguas superficiales (la buena
salud del ecosistema y su capacidad de regeneración) y el estado
químico de las subterráneas.
La principal conclusión del informe afirma que en el Estado
español sólo el 11% de las aguas superficiales y el 16% de las
subterráneas están en este momento en condiciones de cumplir en
2015 los objetivos que marca la DMA. Es decir, sólo el 11% de las
aguas superficiales tiene calidad suficiente para mantener su poder
de autodepuración y los ecosistemas que dependen de ella. Y en el
caso de las subterráneas, sólo el 16% mantiene las cualidades
químicas suficientes para que se puedan utilizar en abastecimiento
y riego.
(1) La sobreexplotación consiste en extraer más agua de la que
entra en el acuífero. Esto provoca que se sequen ríos, manantiales
y pozos que se alimentan de ellos.
(2) Cuando se saliniza un acuífero deja de ser útil para
cualquier uso (consumo, riego o industrial). Su recuperación a
corto plazo es imposible, y sólo se consigue dejando de extraer
agua del acuífero durante largos periodos de tiempo.