Central nuclear de Ascó, Tarragona
Asimismo, las organizaciones ecologistas han enviado un escrito
a la Comisión Europea (CE) acogiéndose a los artículos 35, 36 y 37
del Tratado de Euratom, pertenecientes al capítulo de Protección
Sanitaria, para pedir su intervención en el análisis de todo lo
sucedido. Greenpeace y Ecologistas en Acción solicitan a los
servicios de la CE que aclaren si toda la normativa aplicable ha
sido adecuadamente respetada por la central nuclear, el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) y las autoridades españolas.
En la rueda de prensa celebrada hoy en Tarragona, Greenpeace y
Ecologistas en Acción han analizado la sucesión de acontecimientos
que ha tenido lugar desde el 5 de abril, cuando Greenpeace hizo
público que en noviembre de 2007 había habido un escape de
radiactividad en Ascó y se había mantenido oculto. Las dos
asociaciones exigen que se aclaren totalmente los hechos y critican
la poca información, además de errónea e incompleta, transmitida
repetidamente a la sociedad por la central y el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), que ha impedido, por ahora, llegar a
conclusiones sobre la causa del accidente y sobre sus consecuencias
radiólogicas.
Por ejemplo, el CSN afirmó en su nota de prensa del 7 de abril
titulada "El CSN descarta riesgo radiológico en Tarragona" que
"respecto a la exposición interna, la cantidad de actividad de
cobalto-60 que es necesario incorporar al interior del organismo de
una persona para alcanzar el límite anual de dosis de 1
miliSievert/año, establecido para personas del público, es de
320.000 Becquerelios (Bq), superior a la actividad total
encontrada, que es de 235.000 Bq". Con estos datos llegaba a la
conclusión de que no existía impacto radiológico para la
población.
Posteriormente, en su comunicado del 14 de abril, el CSN
reconocía que "las estimaciones de la cantidad total del vertido al
exterior han resultado superiores a las inicialmente comunicadas" y
establecía un nuevo máximo de 84,95 millones de Bq. En esa misma
fecha el Consejo admitía en los medios de comunicación que ya se
habían recogido 150 partículas radiactivas. Una simple división de
dicho valor entre 150 establece que el valor medio de actividad de
las partículas sería de 566.467 Bq, cifra obviamente superior a la
de 320.000 Bq indicada por el CSN para superar el límite de dosis
anual para el público. Greenpeace y Ecologistas en Acción se
preguntan cómo es posible que el CSN siga manteniendo que no se han
superado los límites de dosis para miembros del público.
Por ello las organizaciones exigen que se haga pública la
cantidad real de radiactividad liberada en este escape y se realice
un análisis riguroso de su posible impacto radiológico en todos los
grupos de edad de la población. Al mismo tiempo, solicitan que sea
una entidad independiente la que realice estas revisiones y no una
empresa privada participada accionarialmente por la propietaria de
la central, como se tiene previsto.
Por otra parte, Greenpeace y Ecologistas en Acción destacan la
falta de rigor en la información que la Protección Civil ha
aportado e insisten en que se hagan públicas las mediciones de la
Red de Alerta Radiológica (RAR) desde el mes de noviembre para
comprobar su fiabilidad.
"Es una indecencia que la central haya ocultado la existencia
del escape durante tanto tiempo y mientras haya permitido la visita
de escolares exponiéndoles a un riesgo innecesario" -ha afirmado
Eloi Nolla, coordinador de Energía de Ecologistes en Acció de
Catalunya.
"Resulta preocupante y sospechoso el prolongado silencio que
mantiene el Ministerio de Industria al respecto de este grave
escape radiactivo al medio ambiente" -ha dicho Carlos Bravo,
responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.