Comunicado de prensa - febrero 21, 2005
Greenpeace ha presentado hoy en rueda de prensa a bordo del barco "Arctic Sunrise" el informe El Puerto de Granadilla: una agresión ambiental injustificada para Tenerife, que recoge las principales afecciones que causará la construcción del puerto en el sureste de la isla, así como las ilegalidades que han acompañado al proyecto.
El barco de Greenpeace Arctic Sunrise en puerto de Tenerife
La oposición de la organización ecologista a este proyecto desde
sus comienzos culmina con la visita del barco de la organización
ecologista a Tenerife. El "Arctic Sunrise" ha cruzado todo el
Atlántico para recalar en aguas canarias debido a la gravedad del
proyecto que Greenpeace define como uno de los mayores atentados en
toda la costa española.
"Con la llegada del Arctic Sunrise a Tenerife Greenpeace quiere
señalar que el Puerto de Granadilla es una de las mayores amenazas
presentes litoral español tal y como lo demuestran numerosos
estudios económicos y ambientales" ha declarado María José
Caballero, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace.
El informe presentado hoy hace un repaso a los principales daños
que el puerto causaría a los espacios naturales presentes en la
costa de Granadilla, así como a las especies que lo habitan.
También analiza el comportamiento de las diferentes
administraciones nacionales y autonómicas que han apoyado el
proyecto utilizando una serie de argumentos que, en muchos casos,
se han demostrado incorrectos e interesados. Es el caso de la
justificación del Puerto de Granadilla debido a una supuesta
imposibilidad de ampliar el Puerto de Santa Cruz, que
posteriormente se demostró falsa, o la necesidad de ampliar el
Aeropuerto Tenerife Sur, cuyo único fin es conseguir el material de
relleno para la construcción del puerto industrial en el sur de la
isla.
En el apartado de conclusiones Greenpeace destaca que:
- El proyecto infravalora los costes y sobrevalora los beneficios
del Puerto de Granadilla.
- El beneficio del proyecto se centra en la fase de construcción,
ya que durante la fase de explotación la rentabilidad económica
desaparecerá en gran parte debido a las condiciones climatológicas
extremas presentes en esta zona.
- El proyecto arruinará las mejores playas naturales de Tenerife.
Probablemente la más afectada será la de El Médano que, debido a la
presencia de un puerto en su extremo, llegará a desaparecer
completamente.
- La Declaración de Impacto Ambiental está basada en
argumentaciones falsas y adolece de rigurosidad.
- Algunas de las medidas compensatorias aprobadas carecen de
viabilidad, como el caso de los trasplantes de las praderas
submarinas de sebadales.
- Las últimas modificaciones introducidas en el proyecto no
solucionarán los problemas ambientales ya que el dique del puerto
seguirá obstruyendo la circulación de arena desde el norte al sur.
Además, sigue vigente el Plan de Utilización de los Espacios
Portuarios del Puerto de Granadilla, que adscribe una superficie
mucho mayor a la que ocupa el último proyecto aprobado.
- La última justificación para el proyecto del puerto, la
necesidad de introducir el gas natural en Tenerife, condena a la
isla a alejarse de la eficiencia energética y niega las
posibilidades de desarrollo de las energías renovables y, por
tanto, del Protocolo de Kioto. Además, la ubicación de una planta
regasificadora en el Puerto de Granadilla no ha sido incluida en el
proceso de evaluación de impacto ambiental por lo que es
ilegal.
-
Greenpeace concluye el informe con una serie de demandas:
- La retirada del proyecto del Puerto de Granadilla por los daños
ambientales que lleva aparejado.
- La revocación de la Declaración de Impacto Ambiental del
proyecto.
- La derogación del Plan de Utilización de los Espacios
Portuarios del Puerto de Granadilla.
- La apuesta firme y definitiva del Gobierno de Canarias en favor
de las energías renovables y de la eficiencia energética.
Greenpeace ha querido destacar también en el informe el papel
desempeñado por la Consejería de Medio Ambiente y Política
Territorial del Gobierno canario que ocultó informes elaborados por
sus propios técnicos informando de los graves impactos sobre los
espacios protegidos presentes en la zona, y sobre especies
protegidas como la Tortuga Boba (Caretta caretta) o la planta Piña
de Mar (Atractylis preauxiana) que, finalmente, no quedaron
recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida
por el Ministerio de Medio Ambiente.
Una de las principales conclusiones del informe de Greenpeace es
que sólo las instituciones europeas han sido las únicas que, hasta
el momento, se han preocupado por hacer cumplir la legalidad en
este caso. En agosto de 2004, la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea remitió un escrito al Estado
español en el que reconocía que el proyecto incumplía claramente
las condiciones previstas en la Directiva europea relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna
silvestres. El Ministerio de Medio Ambiente, tras llegar a un
acuerdo con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, remitió una
respuesta a la Comisión Europea, documento que este ministerio se
ha negado a facilitar a Greenpeace.
El informe también recoge el maltrato dado por las instituciones
a la sociedad tinerfeña. El caso más escandaloso ha sido la
negativa del Parlamento de Canarias a tomar en consideración el
debate de una Iniciativa Legislativa Popular apoyada por 56.000
canarios para estudiar la protección de la costa noreste de
Granadilla. Se trata de la primera vez que el Parlamento autonómico
toma una medida de estas características y, a juicio de Greenpeace,
pone de manifiesto los enormes intereses ocultos tras el proyecto
de Granadilla.
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