Desde primera hora de la mañana, activistas de Greenpeace protestan frente al Ayuntamiento de Madrid por el incumplimiento del Gobierno de Alberto Ruíz Gallardón de sus compromisos de no utilizar madera ilegal en el mobiliario urbano.
Con esta acción, la organización ecologista denuncia que el
Ayuntamiento no está poniendo medidas suficientes para garantizar
una política real de compra verde.
Greenpeace ha investigado a las principales empresas
suministradoras de mobiliario urbano al Ayuntamiento de Madrid y ha
encontrado madera de compañías especializadas en tala ilegal (1),
así como madera procedente de regiones donde la actividad forestal
está fuertemente vinculada a la tala ilegal, la violencia, la
ocupación de territorios indígenas e, incluso, los conflictos
bélicos.
"En la candidatura olímpica Madrid 2012 Gallardón prometió que
sólo se utilizaría madera certificada en las obras de Madrid. Antes
ya había prometido lo mismo en un acuerdo de la Junta de Gobierno
y, posteriormente, en un manual de buenas prácticas. La última
promesa ha venido en forma de decreto. Pero mientras Gallardón
sigue prometiendo, los impuestos de los madrileños podrían estar
financiando la tala ilegal y la deforestación" ha señalado Miguel
Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Greenpeace ha documentado en su informe "Sentados sobre la
destrucción. Tala ilegal y contratación pública. El caso del
mobiliario urbano en la ciudad de Madrid" cómo madera ilegal podría
acabar formando parte del mobiliario urbano de Madrid. En este
documento se expone como, desde 2003 hasta hoy, el Gobierno
municipal ha manifestado en cuatro ocasiones sus intenciones de
adoptar una política de contratación que evite que en sus obras y
suministros se use madera procedente de talas ilegales o la
destrucción forestal. Pero la realidad es que las dos principales
empresas suministradoras de mobiliario urbano no pueden garantizar
que la madera proceda de una gestión forestal responsable.
Greenpeace ha visitado en numerosas ocasiones a las empresas
Conalsa (Leganés) y Moycosa (Colmenar Viejo) - principales
proveedoras de mobiliario urbano al Ayuntamiento de Madrid y otros
grandes municipios del área metropolitana- y ha podido observar y
fotografiar madera procedente de empresas vinculadas a la tala
ilegal a gran escala en Camerún. También se ha constado que Costa
de Marfil, país dividido por un conflicto armado donde hay
problemas de tala ilegal (2), es uno de los orígenes de la madera
que utilizan ambas empresas.
En las próximas semanas, la Comisión Europea debe tomar una
decisión importante en materia de lucha contra la deforestación y
la tala ilegal. Dentro del Plan de Acción FLEGT de lucha contra la
tala ilegal (3), la Comisión deberá presentar una propuesta
legislativa que prohíba la presencia en el mercado europeo de
madera y productos derivados procedente de las talas ilegales.
"Es urgente que la Unión Europea legisle para que todos los
productos de origen forestal presentes en el mercado europeo
provengan de fuentes legales y de un buena gestión forestal (3).
Mientras esto no ocurra, el Gobierno municipal madrileño debe
realizar todos los esfuerzos posibles para garantizar que sólo
utiliza madera y productos de madera procedentes de fuentes
certificadas", ha añadido Soto.
La deforestación y la degradación forestal provoca una quinta
parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, una cantidad
mayor que las producidas por el sector mundial de transporte.
Aunque los bosques tropicales cubren sólo el 7% de la superficie
terrestre, almacenan enormes cantidades de carbono, y este hecho
les convierte en un colchón contra el cambio climático.
Notas: (1) Se denomina madera ilegal a aquella que ha sido
talada, transportada, vendida o comprada incumpliendo las leyes
nacionales. Comúnmente, el fenómeno de la madera ilegal no
constituye la violación de una sola prohibición o regulación
forestal, sino que se presenta como una secuencia de actos ilegales
contra las diversas disposiciones legales. El Banco Mundial estima
que cada año se pierden en los países afectados entre 10 y 15 mil
millones de dólares debido a la explotación ilegal, con la
consecuente pérdida de fondos para servicios sociales y esfuerzos
por reducir la pobreza. (2) Conalsa y Moycosa, se proveen de madera
de iroko y samba en Costa de Marfil, país afectado por un conflicto
bélico latente. Desde septiembre de 2002, el país está dividido en
dos y existe un acuerdo de alto el fuego tutelado por fuerzas
militares francesas que mantienen una zona de seguridad entre ambas
facciones. La ONG internacional Global Witness (especializada en la
relación entre derechos humanos y recursos naturales) ha denunciado
que los beneficios económicos obtenidos de la producción de cacao y
algodón están siendo utilizados para financiar el conflicto.
Además, el sector importador de madera español ha observado que ha
estado llegando al mercado nacional madera de iroko de una calidad
excepcional calidad que sólo puede proceder de la zona norte del
país controlada por los rebeldes. La tala ilegal está siendo
denunciada por organismos internacionales. (Más información en el
informe Sentados sobre la destrucción). (3) Plan de Acción para la
aplicación de las leyes forestales, gobernanza y comercio (Forest
Law Enforcement, Governance and Trade). Más información en:
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm