Comunicado de prensa - febrero 7, 2006
Greenpeace presentará hoy sus objeciones al borrador para la modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) en materia de aguas subterráneas en la reunión que se celebrará esta tarde entre asociaciones ecologistas y la Dirección General de Agua. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente confirmó a Greenpeace, en una reunión anterior, que no tenía intención de legalizar extracciones ilegales de agua subterránea, sus últimas decisiones de cesar al Presidente y al Comisario de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, confederación que estaba cerrando pozos ilegales, y el texto del borrador nos hacen pensar en lo contrario.
Greenpeace hace mediciones en el Guadaira y el Guadalquivir y concluye que las tres cuencas andaluzas presentan un estado de calidad del agua "muy deficiente"
Greenpeace lleva años pidiendo el cierre de los más de 500.000
pozos ilegales que hay en España, ya que son causa directa de la
crisis que sufren los ríos de nuestras cuencas. La sobreexplotación
de los acuíferos ha provocado ya el descenso generalizado de los
niveles piezométricos y freáticos, ha desecado valiosos manantiales
y humedales, ha hecho desaparecer formas de vida asociadas a la
emergencia de aguas y ha provocado la salinización de muchos
acuíferos costeros.
Por eso, Greenpeace va a la reunión con varios puntos
innegociables:
- Es imprescindible no sólo eliminar del borrador la disposición
adicional cuarta referente a la regularización de aprovechamientos
de aguas subterráneas, sino que se cumpla la ley (la actual Ley de
Aguas contempla el cierre de los pozos ilegales). Su actual
redacción abre las puertas a una regularización total de las
extracciones ilegales, que la propia Administración cifra en más de
500.000. La explotación de estos pozos ha esquilmado nuestras
reservas subterráneas, amenaza ya el abastecimiento urbano en
varios puntos de Murcia, Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía y
pone en peligro el futuro del agua.
- Es necesario que el texto se ajuste a los objetivos de la
Directiva Marco del Agua (DMA). La DMA es una ley orientada a la
gestión, al cuidado de la calidad del agua, a la vigilancia
medioambiental y a la transparencia de costes en los usos del agua.
Para Greenpeace el texto presentado no tiene suficientemente en
cuenta aspectos relativos a la buena calidad química de las aguas
subterráneas. Cuando sólo el 16% de nuestras aguas subterráneas
están en buen estado, el texto olvida el objetivo último de la DMA:
mantener el buen estado químico de las aguas, es decir, asegurar el
agua para futuras generaciones. Un ejemplo de cómo se antepone la
explotación privada a la conservación del agua es que los términos
"explotación y aprovechamiento" aparecen 12 y 19 veces, mientras
que "calidad y conservación" sólo se citan 3 y 2 veces,
respectivamente.
- Hay que modificar el artículo 75 para que prevalezca y se
priorice el mantenimiento de los caudales ecológicos frente a los
derechos de usos preexistentes de usuarios. La Administración debe
velar por la calidad y la capacidad de recarga de los acuíferos,
pues son nuestras reservas de agua para el futuro. Los derechos de
explotación no pueden anteponerse a la supervivencia del agua
subterránea. De lo contrario, no podremos acabar con problemas tan
importantes como la desaparición de caudales en kilómetros de
cauces (caso de los ríos Júcar, Segura o Guadiana), la desecación
de cientos de humedales (Parque Nacional Tablas de Daimiel) y,
sobre todo, pondremos en peligro los ecosistemas acuáticos que son
los que aseguran la salud de nuestras aguas continentales.
- Las comunidades de regantes tienen que estar controladas
siempre por la Administración. El texto da a los regantes la
capacidad de emitir informes sobre el control de la calidad y la
cantidad de agua, una tarea que corresponde al Estado. Por eso es
necesario modificar el Artículo 87 bis.
El texto presentado como borrador ha creado un gran malestar
entre los colectivos de agricultores afectados por extracciones
ilegales, organizaciones ecologistas y de consumidores y entre los
propios funcionarios de las confederaciones dedicados a expedientar
el robo de agua, que ven así su trabajo totalmente
desautorizado.
"El Ministerio de Medio Ambiente, hasta ahora, nos ha dicho que
están abiertos a la negociación. Esperamos que hoy mantengan los
compromisos adquiridos con Greenpeace como el de no dar amnistía a
los pozos ilegales. Vamos a la reunión con una propuesta clara de
modificación del borrador", ha declarado Julio Barea, responsable
de la campaña de Aguas de Greenpeace.
La reunión del grupo de Aguas del Consejo Asesor de Medio
Ambiente (CAMA) se celebrará hoy a las 17:30 en el Ministerio de
Medio Ambiente.