Más
de 1.000 millones de personas todavía no tienen acceso a suministro de
agua potable y cada vez con más frecuencia es fuente de conflictos
entre países.
“La cantidad de agua no es el principal inconveniente para lograr una mejor distribución del agua en el mundo” ha señalado Miguel Angel Soto, responsable de Campañas de Greenpeace. “El
problema es la pésima gestión y administración de este preciado recurso
debido fundamentalmente a la falta de eficiencia en su uso y a la
elevada tasa de contaminación de las aguas, lo que provoca un
suministro escaso y de mala calidad a las poblaciones”.
En
el caso de España, nuestro país es uno de los que peor gestionan el
agua, debido sobre todo a su uso sin restricciones para la agricultura
(que consume el 78% de los recursos hídricos) y la elevada demanda del
turismo. A pesar de que desde las Administraciones se están haciendo
esfuerzos para mejorar el riego agrícola, donde sólo el 15% de los
regadíos son eficientes, no se observan criterios de racionalidad en el
gasto del agua para el turismo, además de los nuevos desarrollos
urbanísticos y los campos de golf planeados que amenazan con
convertir a la costa española en un desierto de cemento.
A
la mala gestión del agua hay que sumar una de las mayores amenazas
medioambientales a escala mundial, la desertificación, que acecha las
zonas áridas de los cinco continentes y donde España vuelve a encabezar
el ranking entre los países de la UE. La desertificación está
íntimamente ligada a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático.
Las
consecuencias ambientales, sociales y económicas de la falta de
previsión en la gestión del agua serán dramáticas si no se toman
medidas urgentes. Los periodos de escasez y sequía se convertirán en
crónicos en buena parte de la Península Ibérica. El acceso y control de
los recursos hídricos es motivo de tensión entre países fronterizos en
zonas de Oriente Próximo y en nuestro país se ha acuñado el término “guerra del agua” para referirse a la demanda de agua en algunas zonas del Levante y la necesidad de priorizar entre sus posibles usos.
Ante la situación en nuestro país Greenpeace propone:
-
Gestión racional y de fomento del ahorro. Es necesario un cambio en la
política hidráulica tradicional centrada en la ejecución de grandes
obras, que ha demostrado su ineficacia, hacia una gestión más
hidrológica y ambientalista.
-
Primar la agricultura ecológica y el uso de variedades locales
adaptadas al clima en detrimento de los monocultivos intensivos y de
las variedades OGM, altamente demandantes en agua, productos químicos y
petróleo.
-
Freno a la edificación desaforada, sobre todo salvaguardando las costas
que está siendo gran demandante de recursos hídricos en las zonas
donde, además, estos son más escasos.
-
Priorizar la lucha contra la contaminación que sufren nuestras aguas
continentales (superficiales, subterráneas y costeras). No es razonable
seguir discutiendo sobre la necesidad de construir trasvases, canales y
embalses, cuando la falta de caudales y la calidad del agua harán
totalmente inviables estas infraestructuras.
-
Recuperación de cauces, reforestación de cuencas hidrográficas para
evitar los procesos erosivos y favorecer la infiltración y la recarga
de los acuíferos.
“El
debate sobre el uso del agua en España necesita de una mayor
responsabilidad por parte de los partidos políticos, que deben asumir
que el desarrollo económico sostenible sólo puede ser posible si
promovemos una nueva cultura del agua” ha señalado Soto. “No
se puede seguir con la actitud irresponsable de demandar más agua o
seguir promoviendo desarrollos urbanísticos faraónicos y cientos de
campos de golf sin tener en cuenta el derroche, la mala gestión y la
prioridad en los usos, todo ello enmarcado en el nuevo escenario del
cambio climático".