Un miembro de Greenpeace mide la radiactividad de los vertidos de fosfoyesos junto a la orilla del Río Tinto, en Huelva.
Para Greenpeace, esta actuación de la Consejería de Medio
Ambiente, cuya titular es Cinta Castillo, redunda exclusivamente en
beneficio del interés particular de Fertiberia frente al de la
sociedad civil. La Comisión Europea es consciente de esta situación
y también está siendo víctima de la misma actitud por parte de la
Junta de Andalucía.
En la tramitación del citado expediente, la Junta ha omitido
trámites esenciales en el procedimiento, con lo que ha vulnerado
los derechos de Greenpeace, a quien no ha reconocido como parte
interesada en el proceso, y, así, ha violado diversas
normativas.
Greenpeace goza de la condición legal de interesada en este
procedimiento puesto que presentó, el 2 de abril de 2007,
alegaciones a la solicitud de AAI de Fertiberia, en la forma y los
plazos correspondientes.
A pesar de ello, la Consejería de Medio Ambiente ignoró esta
condición, y además de no dar parte a Greenpeace en el Trámite de
Audiencia previo a la concesión de la AAI, no le comunicó dicha
decisión. Este hecho ha impedido a la asociación la elaboración del
recurso de alzada correspondiente. La Junta de Andalucía tampoco ha
publicado en su Boletín Oficial la resolución de dicha
autorización, lo que es otra grave irregularidad.
Tras conocer la decisión del otorgamiento por la prensa y, ante
la prolongada ausencia de notificación oficial de la misma,
Greenpeace envió un escrito a la Delegación Provincial de Huelva de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la que
le instaba a enviarle dicha notificación.
Sorprendentemente, el pasado 18 de julio, dicha Delegación
comunicó a Greenpeace que había otorgado, el 29 de abril, la AAI a
Fertiberia, y que estaba publicada en la web institucional. Además,
según el propio Delegado Provincial, la asociación quedaba así
fuera de plazo para recurrirla, y añadió que no le constaba que
Greenpeace tuviera la condición legal de parte interesada.
En dicha respuesta, la Delegación Provincial envió a Greenpeace
la documentación de la AAI, pero no como parte interesada en el
procedimiento, sino amparándose en el derecho al acceso a la
información ambiental. En este caso, Greenpeace no se había acogido
a este derecho al no ser necesario, puesto que sí es parte
interesada.
"Con esta artimaña la Junta de Andalucía ha dado una nueva
vuelta de tuerca en el caso de Fertiberia. Todo ello, a pesar de
las numerosas alegaciones de colectivos ciudadanos, del
Ayuntamiento de Huelva y de grupos ecologistas en contra de su
concesión", ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de
Contaminación de Greenpeace.
"Es preocupante constatar cómo, para la Junta de Andalucía, el
largo historial de incumplimientos de Fertiberia y una sentencia
firme de la Audiencia Nacional que la obliga a devolver al Dominio
Público los terrenos que ocupa, entre otros argumentos de peso, no
han sido suficiente motivo para negar dicha autorización", ha
añadido Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de
Greenpeace.
Greenpeace recuerda a Manuel Chaves que una comisión de
investigación de europarlamentarios visitará Huelva en otoño, como
consecuencia de la queja que esta asociación ha trasladado a
Bruselas a través de una petición al Parlamento Europeo (PE).
Además, a propuesta del presidente del Comité de Peticiones del
PE, se va a solicitar la intervención en el caso del Tribunal
Europeo de Justicia.
Es sorprendente comprobar cómo las autoridades comunitarias se
muestran mucho más preocupadas por la catástrofe sanitaria y
ambiental de Huelva que la propia Administración andaluza, y más
dispuestas que ésta a solucionar ese grave problema. Tanto es así,
que algunos europarlamentarios se ofrecieron a buscar los medios y
la financiación necesaria para dar respuesta a la descontaminación
de las marismas del río Tinto y la recolocación, en tareas de
recuperación de la zona, de los trabajadores afectados por el
cierre de Fertiberia.
Estos fondos existen. Sin embargo, la fecha propuesta por
Fertiberia para el cese de los vertidos, en 2012, impediría poder
solicitar dichas ayudas económicas, pues ese año España dejará de
recibir fondos de la UE.