Para estas organizaciones la sentencia del Tribunal
Constitucional reduce a la mínima expresión posible la
participación del Estado en la gestión de los Parques Nacionales,
reservándole únicamente un papel residual, como la posibilidad de
establecer criterios orientadores, pero ninguna competencia en las
decisiones directas sobre la gestión de los parques y ninguna
capacidad para obligar a su cumplimiento.
Desde el pasado mes de mayo en que se hizo pública la existencia
de un informe del Ministerio de Administraciones Públicas en el que
se recomendaba al Ministerio de Medio Ambiente la cesión de la
competencia exclusiva en la gestión de los Parques Nacionales a las
Comunidades Autónomas las organizaciones ecologistas habían
expresado al Gobierno su máxima preocupación ante la posibilidad de
que la Red de Parques Nacionales pudiera quedar vaciada de
contenido y se implantara un modelo donde cada comunidad autónoma
por separado tomara sus decisiones sobre la gestión diaria, como
ahora sentencia el Tribunal Constitucional.
Las organizaciones ecologistas consideran esta sentencia un duro
golpe a la Red de Parques y un claro retroceso, que solamente viene
a satisfacer las pretensiones de algunas comunidades autónomas,
pero que no aporta nada nuevo ni positivo a la conservación de la
biodiversidad de la Parques Nacionales, objetivo principal que
debiera haber guiado cualquier reflexión sobre el futuro de la
Red.
Las organizaciones firmantes se han manifestado siempre
partidarias de la cogestión de los PN mediante la participación del
MIMAM y las Comunidades Autónomas y han realizado propuestas para
mejorar este sistema garantizando una mayor independencia política
y coherencia de la Red y un incremento de la participación de las
administraciones locales, pero asegurando el papel del Estado como
garante del mantenimiento y respeto a un modelo y una visión
global.
Las ONG no cuestionan la capacidad de las Comunidades Autónomas
para gestionar sus propias redes de espacios protegidos, pero
opinan que el TC no ha entendido la necesidad de que exista una red
superior, de interés general del Estado, en la cual estén
representados los mejores ejemplos de los hábitats y ecosistemas
españoles. Para las ONG, el reparto de los Parques Nacionales entre
las distintas comunidades autónomas supone el fin de ese objetivo
básico, consagrado por anteriores dictámenes del Alto Tribunal,
destruyendo la unidad de criterio y la coherencia en la gestión a
favor de intereses de puro poder político y territorial.
Asimismo, las ONG consideran un gravísimo error el vaciado de
competencias de los patronatos y del Consejo de la Red impuesto por
el TC, que se convierten en meros testigos y convidados de piedra
de las decisiones que adopte cada autonomía.
Durante los últimos 25 años en España, se ha organizado la que
es seguramente la mejor Red de Parques Nacionales de Europa, y el
modelo español de gestión compartida ha sido un ejemplo mundial
para una nueva forma de entender la gestión de estos espacios
protegidos, basada en la participación y la co-responsabilidad.
Para las organizaciones ecologistas no tiene sentido abandonar este
camino para ir a un modelo de exclusividad que no sólo no conserva
mejor la naturaleza, sino que es menos abierto, menos
participativo, más opaco y mucho más sensible a las presiones de
los agentes locales.
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