La tala ilegal, como cualquier otro delito ecológico, constituye un problema con repercusiones económicas, sociales y ambientales, que amenaza los esfuerzos gubernamentales por alcanzar la buena gestión de los recursos naturales.
Miguel Angel Soto, responsable de la campaña de Bosques de
Greenpeace España, ha asistido para explicar a los medios la
urgencia de abordar el problema de la presencia de productos
forestales de origen ilegal en el mercado de la Unión Europea.
" Más de un 30% de las importaciones españolas de madera
proceden de talas ilegales en la Amazonia, África tropical, el
Sureste Asiático, Europa Oriental o Rusia" ha denunciado Miguel
Ángel Soto. "Las políticas de compra verde de la administración
pública y el compromiso del sector empresarial están demostrando
ser insuficientes para acabar con este problema. Es urgente abordar
el problema con una ley que prohíba la entrada en la UE de los
productos forestales de origen ilegal"
El comercio mundial de madera extraída ilegalmente es un negocio
que mueve grandes cantidades de dinero. El Banco Mundial estima que
la talas ilegales suponen, a los países productores, pérdidas de
10.000 millones de euros al año: en torno al 6% de esta cifra puede
deberse al mercado español.
Por este motivo en las próximas semanas la Comisión Europea debe
tomar una decisión importante en materia de lucha contra la
deforestación dentro del Plan de Acción FLEGT de lucha contra la
tala ilegal (2). La Comisión deberá presentar una propuesta
legislativa que prohíba la presencia en el mercado europeo de
madera y productos derivados procedente de las talas ilegales.
" La demanda de madera y papel baratos está alimentando la
destrucción de los bosques, contribuyendo a la pérdida de
biodiversidad y agravando el cambio climático. Además, la madera
importada de origen ilegal supone una competencia desleal con la
producción de los montes españoles, que se ven abocados al
abandono" ha señalado Soto. "Es urgente que la Unión Europea
legisle para que todos los productos de origen forestal presentes
en el mercado europeo provengan de fuentes legales y de un buena
gestión forestal".
En la moción presentada por los tres Senadores citados, éstos
piden a la Comisión que insten al Gobierno a, entre otras
cosas:
- Exigir la utilización de madera certificada en todas las obras
contratadas o subvencionadas por la Administración del Estado,
Organismos autónomos y Empresas públicas.
- Aprobar una normativa que obligue a las empresas importadoras
de madera tropical a garantizar que procede de explotaciones
gestionadas de manera sostenible.
- Promover acuerdos bilaterales dentro del Plan FLEGT con
aquellos países exportadores de madera al mercado español con el
fin de combatir las prácticas asociadas a la madera ilegal.
Notas:
(1) Se denomina madera ilegal a aquella que ha sido talada,
transportada, vendida o comprada incumpliendo las leyes nacionales.
Comúnmente, el fenómeno de la madera ilegal no constituye la
violación de una sola prohibición o regulación forestal, sino que
se presenta como una secuencia de actos ilegales contra las
diversas disposiciones legales. El Banco Mundial estima que cada
año se pierden en los países afectados entre 10 y 15 mill millones
de dólares debido a la explotación ilegal, con la consecuente
pérdida de fondos para servicios sociales y esfuerzos por reducir
la pobreza.
(2) Plan de Acción para la aplicación de las leyes forestales,
gobernanza y comercio (Forest Law Enforcement, Governance and
Trade). Más información en: