Comunicado de prensa - mayo 28, 2007
El pasado 25 de mayo, el Presidente de la República de Turquía vetó, por ser contraria a la Constitución, un Anteproyecto de Ley por el cual el Gobierno pretendía crear un marco legal y financiero para la construcción y operación de centrales nucleares en este país. Actualmente no hay centrales nucleares ni en operación ni en construcción en Turquía.
Imágenes de activistas de Greenpeace pidiendo el cierre de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres).
Por medio de esa Ley, se articulaban toda una serie de subsidios
encubiertos en favor de la energía nuclear, lo que resulta
contrario a lo establecido en la Carta Magna turca. Además de ser
inconstitucional de cara la Constitución turca, esta Ley demuestra
que la energía nuclear no es rentable ni competitiva en un sistema
eléctrico liberalizado y que para poder existir y subsistir
necesita toda una serie de subsidios encubiertos directos e
indirectos del Estado.
El Presidente enfatizó en su veto que los artículos afectados
violaban claramente la Constitución y el interés general.
El veto del Presidente de Turquía sobre la inconstitucionalidad
de esa Ley se fundamenta en una serie de argumentos, de los cuales
varios son los mismos en los que Greenpeace había basado su
oposición a esta Ley.
Uno de los principales argumentos es que esta Ley haría que
fuera el Estado y no el operador de la central nuclear el que
asumiera todo el coste del desmantelamiento de la planta y de la
gestión de los residuos radiactivos.
Además, Greenpeace aportó evidencias de que en realidad el
borrador de la Ley había sido redactada por el fabricante de
centrales nucleares canadiense AECL, en una demostración evidente
del grado en que las decisiones públicas del Gobierno turco están
sometidas al control previo de una empresa privada (y además
extranjera) del sector nuclear.
Otros argumentos de Greenpeace no fueron explícitamente usados
en el veto del Presidente. Por ejemplo, Greenpeace advirtió que en
caso de accidente nuclear, las estipulaciones del Convenio de París
no obligaban a cubrir de forma ilimitada toda la responsabilidad en
que incurriera el propietario de la central nuclear
accidentada.
Greenpeace además alertó de otras subvenciones encubiertas a
través de la tarifa eléctrica, que se establecían en esa Ley.
Este veto supone otro serio revés a la industria nuclear, que
había anunciado en 2006 que Turquía emprendería en breve la
construcción de centrales nucleares. Con el veto a esta Ley, la
industria nuclear turca suma otro nuevo fracaso más. Ésta lleva más
de 30 años intentando que se construyan centrales nucleares en este
país, sin ningún éxito.