Comunicado de prensa - junio 19, 2009
Los peores pronósticos sobre la credibilidad de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en materia de protección del litoral se confirman: el Gobierno ha dictado una resolución en la que abandona la expropiación del hotel de El Algarrobico hasta que no se resuelva la cuestión judicial sobre la posible nulidad.
Activistas de Greenpeace han comenzado a cubrir con una enorme tela verde la fachada del macrohotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería). Mientras, escaladores de la organización han están colgando una pancarta de 370 m2, con el mensaje “PARQUE NATURAL SIN HOTEL ILEGAL”. Desde mar, dos zódiac de la organización portan banderas con este mismo lema.
Greenpeace considera que esta decisión supone un retroceso en la
defensa del litoral.
"No tiene sentido que el Gobierno defienda públicamente la
protección de la costa con derribos en otros puntos del litoral
mientras que este macro hotel construido a 14 metros de la ribera
del mar y en pleno Parque Natural sigue en pie", ha declarado Juan
López de Uralde, director de Greenpeace España.
El hotel de El Algarrobico acumula doce pronunciamientos
judiciales en su contra. Asimismo, el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar está
paralizado por la justicia debido a las graves afecciones que este
hotel ilegal supone para el medio ambiente.
"Con esta decisión el Gobierno ha decidido tirar la toalla y con
ella la credibilidad en sus argumentos de sostenibilidad y defensa
de la costa", ha añadido López de Uralde.
Tras la sentencia del pasado mes de septiembre, por la que el
Juzgado número 2 de Almería declaraba nula la licencia de obras del
hotel, el Ministerio de Medio Ambiente encargó un informe a la
Abogacía del Estado para analizar cómo afectaba la sentencia al
proceso de expropiación. Greenpeace denunció públicamente en
febrero las intenciones del Ministerio de Medio Ambiente, que hoy
se hacen realidad, cubriendo simbólicamente el hotel ilegal.
Sin ningún argumento jurídico de peso se abandona el proceso de
expropiación bajo la excusa de un posible detrimento de los fondos
públicos. Greenpeace considera que las administraciones públicas
que dejaron construir el hotel deberían haber pensado entonces en
las consecuencias económicas para las arcas del Estado.