Comunicado de prensa - febrero 2, 2007
Greenpeace ha tenido conocimiento de la firma inminente de un convenio entre la Administración del Estado y el Ejecutivo andaluz para la urbanización y construcción de un polígono industrial sobre dominio público marítimo-terrestre en las marismas del río San Pedro en Puerto Real (Cádiz).
Dicho convenio representa una vulneración manifiesta de la Ley
de Costas, además de una de las mayores agresiones de las
Administraciones Públicas contra el medio natural y el patrimonio
común de los ciudadanos en una zona especialmente sensible de
marismas y de expansión del río San Pedro ante posibles avenidas o
de las previsibles subidas del nivel del mar.
Todo parece indicar que, con el fin de dar apariencia de
legalidad a la operación, se pretende constituir un consorcio entre
los citados Ministerios, la Junta de Andalucía y la Zona Franca de
Cádiz para disponer del dominio público marítimo-terrestre bajo el
título ficticio de una "reserva" para, posteriormente, una vez
urbanizados y desnaturalizados, proceder a su desafectación del
dominio público, patrimonialización y venta a los empresarios
interesados.
La zona donde se pretende construir el polígono industrial,
conocida como "Las Aletas", ocupa una zona de marisma y estuario
del río que pertenece al dominio público desde tiempo inmemorial.
Además, estaba incluida dentro del proyecto de recuperación
ambiental del estuario del río San Pedro elaborado por la Dirección
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente entre los años
1999 y 2000.
"Resulta inexplicable que las administraciones públicas, que
deberían velar por la conservación y restauración a su estado
natural del dominio público marítimo-terrestre, sean las que ahora
promuevan su urbanización y privatización" ha declarado María José
Caballero, responsable de la campaña de Océanos y Costas de
Greenpeace.
La firma del convenio resulta totalmente contradictoria con la
política de adquisición de fincas para su incorporación al dominio
público anunciada reiteradamente por el Ministerio de Medio
Ambiente, pues en este caso se trata justamente de lo contrario:
desnaturalizar, desafectar y privatizar lo que por naturaleza ya
pertenecía al dominio público marítimo-terrestre.
El último proyecto conocido para construir un polígono
industrial en zona de marismas, entre los municipios de Laredo y
Colindres (Cantabria), terminó con una condena expresa a España por
parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no
proteger adecuadamente las Marismas de Santoña. La sentencia obligó
a demoler los diques de cierre del polígono cuando ya habían sido
construidos y a realizar diversas actuaciones de restauración
ambiental de lo que previamente había sido degradado que exigieron
importantes inversiones a cargo del erario público.