Una quincena de activistas de Greenpeace ha reclamado hoy ante la embajada de Japón en Madrid la liberación inmediata de dos de sus compañeros, Junichi Sato, de 31 años, y Toru Suzuki, de 41, arrestados en Japón el pasado 20 de junio tras denunciar un escándalo relacionado con el programa de caza de ballenas respaldado por el Gobierno japonés. Ambos están siendo investigados por un supuesto robo de una caja con carne de ballena que fue presentada como evidencia de la denuncia.
Una quincena de activistas de Greenpeace ha reclamado ante la embajada de Japón en Madrid la liberación inmediata de dos de sus compañeros.
Una quincena de activistas de Greenpeace ha reclamado ante la embajada de Japón en Madrid la liberación inmediata de dos de sus compañeros.
Una quincena de activistas de Greenpeace ha reclamado ante la embajada de Japón en Madrid la liberación inmediata de dos de sus compañeros.
Los activistas han portado pancartas con los mensajes "Libertad
para Junichi y Toru" y "Justicia para las ballenas, justicia para
Greenpeace". Representantes de la organización ecologista han
entregado, además, al embajador copia de una carta con la que más
de 160.000 personas hasta la fecha han demandado la liberación de
los activistas.
El pasado 15 de mayo, una investigación de Greenpeace destapó un
fraude de gran alcance: tripulantes de la flota ballenera japonesa
habrían estado comerciando ilegalmente con piezas de carne de
ballena de gran valor comercial. Greenpeace pudo demostrar cómo
tripulantes del Nisshin Maru, el buque factoría de la flota
ballenera de este país, se llevan algunas de las mejores piezas de
carne procedente del llamado programa de "caza científica" de
ballenas, sacándolas del barco camufladas entre su equipaje
personal, para posteriormente comerciar ilegalmente con ella.
Para probar este caso de contrabando, los activistas
interceptaron una caja enviada al domicilio de uno de los
tripulantes del Nishin Maru. Al verificar su contenido comprobaron
el fraude: la nota de la mercancía afirmaba que la caja contenía
"cartón" pero en realidad en su interior había 23,5 kg de carne de
ballena salada de la mejor calidad, valorada en 2.000 euros. Un
informador declaró a Greenpeace que decenas de tripulantes sacaron
hasta 20 cajas como ésta cada uno. Investigaciones posteriores en
locales y restaurantes en diferentes lugares de Japón confirmaron
que se encontraban a la espera de la llegada de carne de ballena
procedente de la caza de este año, pese al hecho de que la Agencia
Pesquera de Japón y el Instituto de Investigación de Cetáceos no
libera la carne para su venta hasta finales de junio.
El paquete fue enviado al fiscal general de Tokio como evidencia
de un escándalo de corrupción dentro de las operaciones balleneras
en el Santuario de la Antártida, que el Gobierno de Japón defiende
como "científicas". El fiscal reconoció que existían suficientes
evidencias de malas prácticas. Sin embargo, hasta el momento los
únicos arrestados en esta operación han sido los dos activistas de
Greenpeace que presentaron las evidencias del escándalo.
"Esto es una respuesta inesperada", declaró Jun Hoshikawa,
director ejecutivo de Greenpeace Japón. "Hemos destapado un
escándalo en el que podrían verse involucrados altos cargos del
Gobierno de Japón que se están beneficiando de la caza de ballenas,
y no nos sorprende demasiado que ellos consigan eludir la
investigación. Pero que hayan arrestado a nuestros dos activistas,
que son completamente inocentes, por haber devuelto la carne que
fue robada a los japoneses que pagan con sus impuestos esta
práctica es realmente sorprendente. ¿En interés de quién se han
hecho estos arrestos? Todo parece indicar que estamos ante una
táctica de intimidación de las agencias gubernamentales
responsables del escándalo".
El actual programa de "caza científica" de ballenas apoyado por
el Gobierno japonés en el Santuario Ballenero Antártico ha estado
rodeado de controversia desde su comienzo y está afectando
negativamente a la imagen internacional de Japón. Este escándalo
plantea la cuestión de quién se beneficia de un programa que no
tienen utilidad científica y no es sostenible tampoco desde el
punto de vista comercial.
"En lugar de intentar silenciar a aquellos que revelan la
corrupción en Japón, las autoridades deberían investigar a quienes
trafican con especies amenazadas y siguen obstaculizando los
avances en la conservación de las ballenas en todo el mundo", ha
declarado Sebastián Losada, responsable de la campaña de Océanos de
Greenpeace. "Junichi y Toru deben ser liberados
inmediatamente".
Nota: Dossier de esta investigación está disponible en inglés y
japonés
http://www.greenpeace.org/international/press/reports/whale-meat-scandal-dossier