A primera hora de la mañana de hoy, varios activistas de Greenpeace han desplegado una pancarta de más de 120 metros cuadrados en la planta incineradora de Son Reus en la isla de Mallorca con el lema “quemar basuras contamina”. Los ecologistas quieren denunciar así una de las prácticas más contaminantes, la incineración de residuos. 18 febrero 2008. (c) Greenpeace/Pedro Armestre.
El estudio desgrana información de todas plantas incineradoras que hay en el país y a partir de ella realiza un diagnóstico sobre el verdadero coste de quemar los residuos sólidos urbanos (RSU), las tasas pagadas por Ayuntamientos y ciudadanos, y las primas recibidas por venta de energía. También se evalúan los costes ambientales de esta actividad como consecuencia de la destrucción de recursos naturales no renovables y la contaminación que producen, que actualmente no son asumidos por la industria.
Según revela el informe, las diez incineradoras que existen en España cuentan con un total de 568 trabajadores (25 por cada 100.000 toneladas quemadas), mientras que los modelos basados en la recuperación y reciclaje suponen la creación de entre 7 y 39 veces más empleos que con la incineración (entre 3.976 y 22.152 puestos). Además, las incineradoras repercuten negativamente en las economías locales de las zonas donde se ubican, ya que afectan a otros sectores como la ganadería, agricultura o turismo.
Por otra parte, la tarifa media por tonelada quemada es de 63,20 euros -aunque llega a alcanzar hasta 140 euros- , lo que supone que para cada planta se deben invertir del orden de 166 euros por habitante y de 20 euros anuales para la explotación de la misma. Esto supone que en las localidades con incineradora el gasto municipal por cada vecino en concepto de recogida de residuos y limpieza viaria es casi un 20% mayor que para las que no la tienen, lo que se refleja también en las tasas de basura que pagan los ciudadanos, que son alrededor de un 30% más elevadas que en los municipios que no queman sus basuras.
"Con estas cifras, cabe preguntarse cuáles son los verdaderos motivos para apostar por la incineración y a quién benefician", ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de Contaminación de Greenpeace que ha señalado la urgencia de "descartar todos los proyectos de construir nuevas incineradoras en todo el país".
Gipuzkoa se encuentra actualmente inmersa en un debate en el que la incineración amenaza su desarrollo futuro. La inversión prevista para la incineradora e instalaciones asociadas a Zubieta, rondan los 366 millones de euros (263,6 millones de euros con el IVA, más un contrato de 50 millones de euros para operar y mantener la planta, con la posibilidad de una prórroga de otros cinco años por otros 53 millones). Hay que destacar que estas obras tienen una desvío presupuestario que eleva significativamente el precio final.
La planta de Zubieta quemaría 215.000 toneladas/año de residuos. Sin embargo, en la provincia se generan alrededor de 261.000 toneladas/año de RSU, esto supone que el 83% iría a incinerar. Estos datos revelan claramente cómo la Diputación Foral de Gipuzkoa y algunos grupos políticos quieren que sea el futuro de la gestión de residuos. Todo ello, en contra de lo marcado por la jerarquía de gestión de la Directiva Marco de Residuos, el rechazo popular y las evidencias científicas y económicas que desaconsejan instalaciones de este tipo.
"Es inexplicable la apuesta que algunos políticos gipuzkoanos hacen por la incineradora. Se supone que trabajan por el interés común, administrar bien los fondos públicos y velar por la salud y el medio ambiente de los ciudadanos. Sin embargo, con su apoyo a Zubieta están demostrando, en el mejor de los casos, una absoluta irresponsabilidad en estos cometidos", ha concluido Barea.