Mañana martes, por la tarde, se debatirá en el Congreso de los Diputados una moción del grupo Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida (ICV-IU) en la que se solicita suspender el proceso iniciado por el Ministerio de Industria para la construcción de un cementerio nuclear centralizado y su centro de experimentación nuclear asociado, ante la falta de consenso social, territorial y político que ha generado.
Veinticinco activistas de Greenpeace han llevado esta mañana diez “bidones de residuos radiactivos de alta actividad” al Ministro de Industria, Miguel Sebastián.
Greenpeace solicita a los diputados del Congreso que su votación sea coherente con la posición de rechazo de sus Comunidades Autónomas.
Esta moción (1) es consecuencia de la interpelación urgente al ministro Miguel Sebastián, que tuvo lugar el miércoles pasado en el Congreso, por parte del diputado de ICV Joan Herrera.
Greenpeace comparte con estos grupos la necesidad de paralizar este proceso, que se ha caracterizado por la falta de transparencia, la ausencia real de mecanismos verdaderamente participativos y la ausencia de información veraz al público y a los municipios, e iniciar un nuevo proceso que posibilite la consecución de un gran consenso social, con las organizaciones de defensa del medio ambiente, territorial y político, más allá del ámbito municipal.
Sólo 14 de los 8.112 municipios que existen actualmente en España (según el INE a 1 de enero de 2009) solicitaron el cementerio nuclear, algunos de ellos sin haber convocado ni siquiera al pleno municipal o con graves defectos formales. En conjunto, la población de estos pueblos suma menos de 5.000 habitantes.
La organización ecologista recuerda que todos los parlamentos de las Comunidades Autónomas en las que se encuentran los municipios que han presentado su candidatura al Ministerio de Industria han mostrado ya su rechazo a albergar en su territorio ese cementerio nuclear.
Así, el pasado jueves la Asamblea de Extremadura aprobaba una resolución en ese sentido de forma unánime. Un día antes, las Cortes de Castilla y León se sumaban a la negativa, ya expresada por las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 1 de febrero, por el Parlamento de Cataluña (en 2008, y refrendado el pasado 25 de enero por el propio presidente de la Generalitat, José Montilla) y por las Cortes Valencianas (en 2006).
Greenpeace critica la campaña de desinformación que ENRESA y el Ministerio de Industria han llevado a cabo con el fin de promocionar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad.
NOTA
(1) La moción de ICV-IU dice:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suspender la Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se efectúa la convocatoria pública para la selección de los municipios candidatos a albergar el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad y su centro tecnológico asociado, con el objeto de paralizar el proceso iniciado por la misma e iniciar un nuevo proceso que posibilite la consecución del consenso político, social, ambiental y territorial más allá del ámbito municipal, tal y como ha aprobado esta Cámara en reiteradas ocasiones."