Activistas de Greenpeace paralizan la construcción de la incineradora de Zabalgarbi en Bilbao.
El informe que Greenpeace ha presentado hoy, Incineración de
residuos: malos humos para el clima, (1) pone de manifiesto cómo
las incineradoras de residuos sólidos urbanos (RSU) constituyen una
importante fuente de contaminación química y son responsables de
casi el 3% de las emisiones estatales.
"Resulta perverso que se prime la generación de residuos y la
emisión de CO2 bajo un envoltorio verde", ha declarado Julio Barea,
responsable de la campaña de Contaminación de Greenpeace. "Las
incineradoras de RSU emplean ingentes cantidades de combustibles
auxiliares como gasóleo o gas natural para que arda la basura, lo
que provoca que emitan importantes cantidades de CO2 y quemen
recursos naturales", ha añadido Barea.
Las diez incineradoras en activo queman unos dos millones de
toneladas de residuos al año y emiten en ese mismo periodo casi 1,7
millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.
Sin embargo, el reciclado de residuos se encuentra en torno al
13%, muy alejado de otros países de la Unión Europea y del objetivo
europeo del 50% que establece la nueva directiva para 2020. Esto
demuestra la discreta evolución ambiental que ha sufrido el sector
en España. Como se observa en el informe de Greenpeace, el sector
del tratamiento y gestión de residuos es el que ha experimentado el
mayor aumento de emisiones de gases de efecto invernadero en el
periodo 1990-2007 hasta alcanzar un 83% frente al 62% del sector de
procesado de la energía tradicional.
El estudio, el primero de estas características realizado en
España, ofrece argumentos para asegurar que las plantas
incineradoras no pueden considerarse como recuperadoras de energía
debido a su ineficiente funcionamiento. Respecto al empleo, los
puestos de trabajo generados por el sector de la incineración, en
comparación con los del sector de la reducción, reutilización y
reciclaje, son sustancialmente inferiores. "El próximo sábado 28 es
el Día Internacional contra la incineración. Este es un buen
momento para que nuestros gobernantes reflexionen sobre este grave
problema", ha comentado Julio Barea.
"Actualmente, además de las 10 plantas en funcionamiento, las
diferentes comunidades tienen sobre la mesa al menos ocho nuevos
proyectos de incineradoras y la ampliación de cuatro (2)
instalaciones existentes. En un contexto de lucha contra el cambio
climático, no podemos permitirnos seguir subvencionando la emisión
de CO2 al tiempo que quemamos recursos", ha declarado Juan López de
Uralde, director de Greenpeace.
Los ciudadanos pagan la factura
Asimismo, según Greenpeace la incineración supone un tapón para
el desarrollo de modelos sostenibles de tratamiento de residuos y
constituye un negocio redondo para las empresas. Municipios,
mancomunidades o diputaciones pagan unos 60 euros por tonelada
tratada, lo que hipoteca así el futuro de las zonas donde se ubican
estas instalaciones porque han de garantizar que la planta tenga
suficientes residuos para quemar y así hacer frente a los gastos
millonarios que implican. En España se incineran unos dos millones
de toneladas al año, lo que supone gastar en quemar recursos
naturales 120 millones de euros anualmente.
La organización ecologista considera que la única solución
eficaz para atajar el grave problema de los residuos es apostar por
políticas de prevención, reducción y reciclaje que contribuirían,
además, a la reducción de las emisiones de CO2 y que conllevaría
descartar la incineración como opción. Para esto sólo sería
necesaria una clara voluntad política.
Nota
(1) El informe está disponible en: http://www.greenpeace.org/espana/reports/091124-02
(2) Nuevos proyectos y ampliaciones de plantas incineradoras de
RSU en España
Barcelona
Ampliación + Nuevo proyecto
Madrid
Ampliación
Asturias
Nuevo proyecto
Comunidad Valencia
4 Nuevos proyectos
Tenerife
Nuevo proyecto
Guipúzcoa
Nuevo proyecto
Vizcaya
Ampliación
Galicia
Ampliación