Continua la acción de Greenpeace en el Ártico contra el carbón.
Greenpeace ha presentado sus alegaciones (1) ante el Consejo
Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de Energía, la
cual tiene que emitir un informe preceptivo antes de que el Decreto
se pueda aprobar.
"El carbón es el mayor responsable del cambio climático, y no se
puede pretender defender el clima y subvencionar el carbón al mismo
tiempo" -ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la
campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace. "Esta
propuesta de decreto es ilógica, antiecológica, antisocial y
antieconómica".
Greenpeace basa su rechazo a la propuesta en los siguientes
argumentos:
- El decreto se basa en supuestos falsos. Se justifica bajo el
paraguas de resolver restricciones de garantía de suministro que
son artificiales, es decir, no existen. Son restricciones que
surgen de la nada para justificar una medida política de forzar la
quema de carbón que no es competitivo. En ningún momento el sistema
ha sufrido restricciones por falta de suministro sino que el
sistema se encuentra en una situación de sobre capacidad, y
realmente sobran centrales.
- Se emitirán 25 millones de toneladas de CO2 como resultado del
volumen de producción máximo programable en las 9 centrales
térmicas contempladas. Mientras los gobiernos se van a reunir la
semana próxima en Barcelona para ultimar la negociación que permita
establecer en la cumbre climática de Copenhague un sistema mundial
de reducción de emisiones que consiga evitar un cambio climático
catastrófico, el Gobierno español decide intervenir a favor del
carbón, la fuente de energía que más CO2 produce.
"Es absolutamente inaceptable que un país que triplica, aun con
la bajada de demanda por la crisis económica, los límites de
emisiones de gases de efecto invernadero del Protocolo de Kioto,
tome una medida que supone incrementar las emisiones de manera
arbitraria e innecesaria", ha añadido el portavoz de
Greenpeace.
-Perjudica a las energías renovables. La entrada forzada de
kilovatios procedentes de las térmicas de carbón nacional,
caracterizadas por la rigidez de su funcionamiento, hará menos
flexible el sistema eléctrico en su conjunto, con lo que serán más
probables las situaciones en que no sea posible aprovechar la
totalidad de la producción de las centrales de generación
renovable. El decreto crea de facto un nuevo "régimen especial" del
carbón, similar al existente para las renovables, con la radical
diferencia de que éste se justifica por necesidades ambientales,
porque es necesaria energía autóctona que no emite CO2, justo lo
contrario que ocurre con el carbón.
"No tiene ningún sentido crear un régimen de apoyo para las
energías que no emiten CO2 y otro para las que sí lo emiten, porque
es gastarse el dinero en lo uno y en lo contrario", ha concluido
José Luis García, responsable de la campaña de Cambio Climático y
Energía de Greenpeace.
- No defiende el empleo. En lugar de proteger a los 89.000
empleos del sector renovable, amenazados por las crecientes
restricciones que impone el Gobierno, Greenpeace considera que el
decreto no logrará evitar la desaparición de los 8.000 empleos de
la minería del carbón por su falta de competitividad. Como muestra
el informe de Greenpeace "Trabajando por el clima", por cada empleo
que se pierda en el carbón, la [R]evolución Energética crea tres
nuevos empleos en energías renovables.
- Supondrá un sobrecoste de más del 60% sobre los precios
actuales del mercado eléctrico. El coste total sería de 1.550
millones anuales en el periodo 2010-2012, 4.650 millones en total,
que aumentarán el déficit de tarifa y pagarán los consumidores.
-Es contrario a los fundamentos mismos del mercado eléctrico.
Se inventa un nuevo régimen especial para el carbón nacional, al
que, de hecho, saca del mercado, con el efecto de reducir el tamaño
del mercado eléctrico, hacerlo más artificial, y volver al sistema
anterior en que los precios se fijaban administrativamente.
- Vulnera la legalidad europea. Greenpeace pide a la Comisión
Nacional de Energía que examine con detalle la legalidad del
decreto propuesto, ante el riesgo de que sea incompatible con las
normativas europeas que impiden las ayudas públicas al carbón, que
limitan la operación de las centrales de carbón por motivos
ambientales y que obligan a eliminar barreras para el crecimiento
de las renovables.
- Es un parche ante lo inevitable: el declive del carbón. Por
mucho que el decreto fuerce la quema de carbón nacional durante los
próximos tres años, no evitará que éste siga sin ser competitivo
cuando llegue 2013.
Greenpeace considera que el problema de fondo es que en el
sistema no cabe todo. España tiene ahora una sobrecapacidad de
generación de electricidad, es decir, muchas más centrales de las
necesarias. Según la organización las grandes eléctricas están
señalando claramente a quién quieren quitar de en medio: las
energías renovables. "No podemos admitir que el Gobierno siga el
juego a esos intereses, limitando las renovables mientras
subvenciona el carbón", ha añadido el portavoz de Greenpeace.
(1) Observaciones de Greenpeace a la propuesta de Real Decreto
por el que se crea el procedimiento de resolución de restricciones
por garantía de suministro.