El bono social es una medida necesaria para proteger a los
consumidores más vulnerables ante la posible subida del precio de
la electricidad a partir del 1 de julio. Pero esta medida debería
usarse para apoyar el consumo eficiente y no para mantener a esos
consumidores engañados durante dos años con una tarifa menor a las
demás.
"Los consumidores con derecho al bono social deberían ser
compensados económicamente por las medidas de ahorro y eficiencia
que tomen. De esta forma, al reducir su consumo sin perder calidad
de vida, no verían subir la cantidad que pagan en el recibo de la
luz", ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la
campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace España. "Si se
subvenciona la eficiencia, el beneficio para el consumidor
permanece en el tiempo, mientras que congelando la tarifa sólo se
retrasa la subida y se evita que esos consumidores hagan un consumo
más eficiente".
Según la propuesta de Greenpeace, los consumidores con derecho
al bono social recibirían un ingreso de su suministrador de
electricidad por cada factura presentada en medidas de ahorro y
eficiencia energética que se correspondan con las ya recomendadas
públicamente por el Ministerio de Industria a través del IDAE
(Instituto de Diversificación y Ahorro Energético), hasta un total
equivalente a la cantidad que les correspondería pagar de más si se
les aplicase la nueva tarifa de último recurso a su consumo actual
respecto a la que pagarían si se les congelase la tarifa durante
los dos años que propone el Gobierno.
En cuanto a la forma de aplicar el bono social, Greenpeace cree
que los beneficiarios deberían aportar la información que les
acredita como tales (pensionistas, familias numerosas y
desempleados) a la Comisión Nacional de Energía (CNE), que es un
organismo público, y no a la compañía eléctrica privada, que no
tiene por qué manejar información privada sobre la situación
personal de sus clientes.
La CNE es quien debería supervisar el cumplimiento de los
requisitos por parte del solicitante, y comunicar al
comercializador de último recurso a qué suministros debería abonar
el bono social. Sólo en el caso de los contratos de potencia menor
a 3 kW esa información ya está en manos de las compañías
eléctricas, que pueden aplicar el bono social automáticamente.
Greenpeace también propone que la CNE publique el listado de
compañías de servicios energéticos (conocidas como "ESCOs") que
podrían ofrecer medidas de ahorro y eficiencia a los consumidores
finales, y que esta información sea facilitada a través de las
facturas de la luz junto al listado de comercializadoras.
Greenpeace considera que las tarifas eléctricas (que a partir
del 1 de julio se llamarán "tarifa de último recurso") deben
reflejar cuanto antes el verdadero coste de la electricidad, para
evitar engaños al consumidor y la generación de un déficit injusto
y absurdo. Además, mientras la tarifa de último recurso no refleje
completamente los costes reales, se seguirá dando una señal
contraproducente a los consumidores, que consumen más energía de la
que usarían si el precio fuese el verdadero, con lo que al final
acaban gastando más dinero.
Para Greenpeace, en un contexto de crisis económica es
injustificable cualquier medida que induzca al derroche. Además,
reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia es la forma
más económica de hacer frente a la crisis del clima y evitar un
cambio climático catastrófico.